La persecución de los dirigentes sindicales de la minera Casapalca por Marlene Román
Presentamos un artículo de la abogada Marlene Román encargada de la defensa legal de los dirigentes Pedro Condori y Antonio Quispe. El texto resulta muy claro explicando la lógica y objetivos de las diferentes denuncias presentadas contra los dirigentes sindicales.
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La persecución de los dirigentes sindicales de la minera Casapalca
El Secretario General del “Sindicato de Trabajadores de las empresas especializadas que prestan servicios a la Minera Casapalca”, Pedro Condori Laurente, y el Secretario General Adjunto, Antonio Quispe Camayo, están por ser condenados esta semana por un juzgado penal de Lima. El supuesto delito: entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. La razón: el haberse atrevido a encabezar la exigencia por el respeto de sus derechos labores y a no dejarse comprar en el intento. Y tienen razones poderosas para ello. La minera Casapalca cuenta con graves denuncias de prácticas antilaborales y antisindicales. Expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por incumplir normas laborales y ambientales, tiene reclutados a la casi totalidad de sus trabajadores a través de empresas contratistas, con contratos de trabajo de tres meses, sin gozar de beneficios sociales, mucho menos participar de las utilidades; laborando bajo pésimas condiciones de salubridad y seguridad, y encima con los salarios más bajos del sector minero.
Este proceso de hostigamiento y persecución de los dirigentes sindicales se inició en septiembre de 2009. En ese mes, Pedro Condori y el dirigente Claudio Boza fueron procesados y detenidos por la muerte accidental de un efectivo policial en el marco de una protesta que los trabajadores realizaban exigiendo mejoras laborales. Aún cuando ninguno de ellos estuvo en la zona al momento de los hechos, el Juzgado de Huarochirí les abrió proceso con mandato de detención. Estuvieron presos por más de siete meses, siendo liberados recién en marzo de 2010, cuando la Fiscalía no formuló acusación. Este proceso ha sido archivado.
En abril de 2010, a escasas dos semanas de haber recuperado su libertad, Pedro Condori fue nuevamente detenido junto a otro dirigente, Antonio Quispe, también por orden del Juzgado de Huarochirí; esta vez se les acusó de haber dirigido un bloqueo de carreteras. Tuvieron que pasar tres meses antes de lograr su libertad, gracias a que la 51 Fiscalía Penal de Lima se dio cuenta de que las imputaciones carecían de fundamento. Pese a ello, Condori y Quispe han sido notificados para lectura de sentencia por el 51 Juzgado Penal, lo cual hace prever que se trata de un fallo condenatorio.
Pero el tema no se agota acá; tanto Pedro Condori como Antonio Quispe se encuentran nuevamente internos en una penal por un tercer proceso que les inició el Juzgado de Huarochirí, esta vez por el supuesto delito de resistencia y violencia contra la autoridad. Fueron detenidos en enero del presente año en el distrito de Miraflores, luego de culminar una reunión con representantes de la empresa minera. Se les acusa de haber impedido que el Fiscal de Huarochirí lleve a cabo el levantamiento del cadáver de un obrero minero, cuando lo cierto fue que al Fiscal Santos Huamán - el mismo que formalizó las denuncias anteriores contra los dirigentes - no le dio la gana de ingresar al socavón de la mina a cumplir con su función, pese al pedido de los dirigentes.
Y, por si esto no bastara, el Juzgado de Huarochirí le ha abierto un cuarto proceso penal, ahora por el delito de usurpación en agravio de la minera Casapalca. Como vemos, todas las denuncias están vinculadas con su actividad sindical.
Estamos pues, ante la utilización burda del Poder Judicial para amedrentar a los principales dirigentes y al resto de sindicalizados en beneficio de la minera Casapalca, que encuentra en este proceso de criminalización una efectiva herramienta para la disuasión, sanción y estigmatización de los reclamos de los sindicalistas.
Este jueves 31, si no logramos convencer a la jueza de la injusticia que está por cometer, Pedro Condori y Antonio Quispe recibirán la primera condena penal por el “delito” de agruparse para exigir lo justo a una inescrupulosa minera. Además de dejar al Sindicato acéfalo y debilitado, esta condena por delito doloso le daría a Casapalca la justificación legal que viene buscando hace rato para deshacerse de los incómodos dirigentes: el despido por falta grave. ¿Hasta cuándo dejaremos que el poder económico, ese que compra policías, fiscales y jueces, se siga saliendo con la suya?
Marlene Román, abogada de los dirigentes por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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La persecución de los dirigentes sindicales de la minera Casapalca
El Secretario General del “Sindicato de Trabajadores de las empresas especializadas que prestan servicios a la Minera Casapalca”, Pedro Condori Laurente, y el Secretario General Adjunto, Antonio Quispe Camayo, están por ser condenados esta semana por un juzgado penal de Lima. El supuesto delito: entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. La razón: el haberse atrevido a encabezar la exigencia por el respeto de sus derechos labores y a no dejarse comprar en el intento. Y tienen razones poderosas para ello. La minera Casapalca cuenta con graves denuncias de prácticas antilaborales y antisindicales. Expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por incumplir normas laborales y ambientales, tiene reclutados a la casi totalidad de sus trabajadores a través de empresas contratistas, con contratos de trabajo de tres meses, sin gozar de beneficios sociales, mucho menos participar de las utilidades; laborando bajo pésimas condiciones de salubridad y seguridad, y encima con los salarios más bajos del sector minero.
Este proceso de hostigamiento y persecución de los dirigentes sindicales se inició en septiembre de 2009. En ese mes, Pedro Condori y el dirigente Claudio Boza fueron procesados y detenidos por la muerte accidental de un efectivo policial en el marco de una protesta que los trabajadores realizaban exigiendo mejoras laborales. Aún cuando ninguno de ellos estuvo en la zona al momento de los hechos, el Juzgado de Huarochirí les abrió proceso con mandato de detención. Estuvieron presos por más de siete meses, siendo liberados recién en marzo de 2010, cuando la Fiscalía no formuló acusación. Este proceso ha sido archivado.
En abril de 2010, a escasas dos semanas de haber recuperado su libertad, Pedro Condori fue nuevamente detenido junto a otro dirigente, Antonio Quispe, también por orden del Juzgado de Huarochirí; esta vez se les acusó de haber dirigido un bloqueo de carreteras. Tuvieron que pasar tres meses antes de lograr su libertad, gracias a que la 51 Fiscalía Penal de Lima se dio cuenta de que las imputaciones carecían de fundamento. Pese a ello, Condori y Quispe han sido notificados para lectura de sentencia por el 51 Juzgado Penal, lo cual hace prever que se trata de un fallo condenatorio.
Pero el tema no se agota acá; tanto Pedro Condori como Antonio Quispe se encuentran nuevamente internos en una penal por un tercer proceso que les inició el Juzgado de Huarochirí, esta vez por el supuesto delito de resistencia y violencia contra la autoridad. Fueron detenidos en enero del presente año en el distrito de Miraflores, luego de culminar una reunión con representantes de la empresa minera. Se les acusa de haber impedido que el Fiscal de Huarochirí lleve a cabo el levantamiento del cadáver de un obrero minero, cuando lo cierto fue que al Fiscal Santos Huamán - el mismo que formalizó las denuncias anteriores contra los dirigentes - no le dio la gana de ingresar al socavón de la mina a cumplir con su función, pese al pedido de los dirigentes.
Y, por si esto no bastara, el Juzgado de Huarochirí le ha abierto un cuarto proceso penal, ahora por el delito de usurpación en agravio de la minera Casapalca. Como vemos, todas las denuncias están vinculadas con su actividad sindical.
Estamos pues, ante la utilización burda del Poder Judicial para amedrentar a los principales dirigentes y al resto de sindicalizados en beneficio de la minera Casapalca, que encuentra en este proceso de criminalización una efectiva herramienta para la disuasión, sanción y estigmatización de los reclamos de los sindicalistas.
Este jueves 31, si no logramos convencer a la jueza de la injusticia que está por cometer, Pedro Condori y Antonio Quispe recibirán la primera condena penal por el “delito” de agruparse para exigir lo justo a una inescrupulosa minera. Además de dejar al Sindicato acéfalo y debilitado, esta condena por delito doloso le daría a Casapalca la justificación legal que viene buscando hace rato para deshacerse de los incómodos dirigentes: el despido por falta grave. ¿Hasta cuándo dejaremos que el poder económico, ese que compra policías, fiscales y jueces, se siga saliendo con la suya?
Marlene Román, abogada de los dirigentes por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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