23 de mayo de 2017

Ministerio de Trabajo impone reforma de normas laborales

Desde hace unos meses, el gobierno viene impulsando un conjunto de cambios en los procedimientos con que el Ministerio de Trabajo desarrolla sus actividades. Estos cambios son importantes porque si bien, no implican "perder derechos" de manera explícita; son cambios que afectan el ejercicio de los mismos o a la obligación de respetarlos por parte de los empresarios. Los últimos son bastante claros en esto

Un primer cambio lo tenemos aquí. Una empresa que ha sido inspeccionada y sancionada por violar una norma laboral ya no será objeto de una segunda inspección de oficio, salvo claro que los trabajadores lo soliciten. El argumento del Ministerio es que algunas empresas se convierten en "caseritas" de los inspectores y les caen en visitas casi periódicas. Este argumento, es falaz y pobre. 

Más que país, lo que hacen son leyes laborales

Veamos el caso de una empresa que mantiene prácticas antisindicales, mediante amenazas, traslados y vacaciones forzadas a los trabajadores que quieren formar un sindicato. La primera vez los trabajadores plantean una inspección y luego de realizarse, ¿cuál creen que será la reacción del empleador contra los trabajadores? Obviamente más amenazas y sanciones pero ya no sólo por formar el sindicato sino por solicitar una inspección. Los trabajadores generalmente ya no presentarán otra denuncia y renunciarán a la idea de formar el sindicato. Porque las multas que aplica actualmente no son disuasivas ni inmediatas. Es más, algunos empresarios prefieren pagar una multa y no tener sindicato en su empresa. 

Antes, un inspector consciente del abuso de la empresa podía garantizar a los trabajadores que iba a visitar nuevamente la empresa para hacer el seguimiento respectivo sin necesidad de una nueva denuncia. Esto daba ánimos a los trabajadores que sentían un respaldo por parte del Estado peruano frente a las intenciones del empleador. Ahora eso no será posible. 

Un segundo cambio realizado lo tenemos aquí. Un empresario impide el ingreso de un inspector a su empresa. Antes, la lógica era que esta falta debía ser sancionada fuertemente, pues era un desacato directo a la autoridad del estado representada por el inspector. Muchas veces el argumento del empresario era que los gerentes no estaban en la empresa y que el pobre guardia de vigilancia "no estaba autorizado a dejar entrar a nadie". Y que por ese malentendido, la empresa sufría una fuerte multa. En plena era de las comunicaciones, un empresario es inubicable. 

Ahora, para evitar esos problemas, el Ministerio ha reducido sustancialmente las multas por obstruir la labor de su propio funcionario. De esta manera, un empresario que tiene a trabajadores sin contrato puede seguir violando la legislación y pagar una multa menor. 

Un tercer cambio es el siguiente. Una empresa recibe el pliego de reclamos del sindicato. Lo rechaza. Luego que el Ministerio le recuerda que debe instalar el trato directo o pasar a conciliación, acepta instalar el trato directo. En la primera reunión insiste en el retiro del pliego y propone que la siguiente reunión sea dentro de un mes. En ese momento, el sindicato entiende que la empresa tiene mala fe para negociar. Antes, el sindicato podía pedir un arbitraje potestativo para evitar la intención de la empresa por evitar cualquier acuerdo. El arbitraje potestativo por mala fe negocial era un buen mecanismo para disuadir a los malos empresarios. Ahora, el sindicato esta obligado a esperar tres meses antes de poder recurrir a dicho instrumento.

¿Porque perjudica a los trabajadores ese plazo? Primero, nótese que no hay plazos en las otras etapas del proceso de negociación. Segundo, lo que se busca es desanimar a los trabajadores y delegitimar al sindicato. La empresa que no quiere negociar gana tres meses. Esta medida desvirtúa el carácter disuasivo del arbitraje potestativo por mala fe negocial. 

Como vemos, todas estas medidas solamente expresa la parcialización con el punto de vista empresarial por parte del Ministerio de Trabajo. Como lo ha señalado de manera general, el polítologo Vergara, en el caso del Ministro Grados no tenemos a un tecnócrata, ni a un gestor público; sino a un funcionario privado, incrustado en el sector público. 


17 de mayo de 2017

La crisis del sindicalismo andino: resumen

El presente texto es un resumen de la ponencia que presente en el último Congreso 2017 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) del presente año y que tiene por nombre: "Acción sindical y negociación colectiva en un contexto de crisis en el área andina".

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Entendemos por “sindicalismo andino” a la acción conjunta de las centrales sindicales nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Las cuales van a utilizar y constituir en diferentes momentos, instancias de coordinación orgánica como el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) y la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA). A la vez, serán parte activa en instancias continentales como la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) o el Encuentro sindical Nuestra América (ESNA), participando además en propuestas como la “autoreforma sindical”.

El presente texto busca indagar en las razones por las cuales, el sindicalismo andino, no ha logrado consolidarse en la última década a pesar de contar con recursos materiales, humanos y simbólicos importantes y parece condenado a una “debilidad estructural”. Precisamente cuando en el Cono Sur, Norteamérica y Europa se discuten procesos de unión renewal (revitalización sindical), es pertinente analizar los casos fallidos como el del sindicalismo andino.


A manera de resumen

Como hemos visto, el sindicalismo andino llega a la crisis económica del 2008 con un conjunto de problemas, limitaciones y amenazas que eran parte de su propia crisis. La crisis sindical existente era el resultado en primer lugar, del conjunto de cambios operados en la economía y el mercado laboral desde los años 50s; en segundo lugar, de las reformas neoliberales que se inician en los 80s, de las respuestas sindicales dadas a ambos procesos y del nuevo mercado laboral que surge de dichas reformas.

De esta manera, se ha configurado un sindicalismo andino que es diferente a los otros actores sindicales del continente. Comparte con ellos, los problemas comunes como la baja afiliación y la dependencia de la política, ya sea gubernamental o de oposición. Coexiste en un mercado laboral de unidades pequeñas de producción, con un sector de servicios y comercio importante. A la vez, es un sindicalismo descentralizado, con predominio de sindicatos y negociación colectiva a nivel de empresa (Ermida, 1987). Los empresarios andinos han sido renuentes a establecer mecanismos de diálogo social por lo que las relaciones laborales en la subregión están marcadas por una excesiva intervención del Estado, que ha buscado instrumentalizar a los sujetos sindicales en diferentes momentos de su historia. Se trata también de gobiernos que han implementado políticas neoliberales que suponen el debilitamiento de la administración del Trabajo.

El escenario heredado reduce y restringe al sindicalismo en determinados lugares, sectores y grupos: es mayormente urbano, antes obrero/minero/petrolero y ahora más empleado administrativo estatal o paraestatal; predominantemente masculino y adulto. Los liderazgos de caudillos y las divisiones son parte de su identidad también.

Frente a este amplio conjunto de problemas y retos, el sindicalismo andino va responder con diferentes estructuras y estrategias. Hemos visto varias de ellas y las más cercanas a la subregión son las de la CCLA/CCSA; el movimiento de autoreforma sindical y la plataforma ESNA. Cada una de ellas, aparece de manera directa o indirecta como una respuesta a la “crisis del sindicalismo” en América latina o la región andina específicamente.

Hemos visto, que la CCLA/CCSA representa un intento original por articular una instancia de organización a nivel andino que supera las diferencias de afiliación internacional. Probablemente, este elemento sea su mayor virtud, a la vez, su principal debilidad fue la precariedad económica que en un principio pensó resolverse utilizando la estructura de la CAN o la cooperación española. La transición de CCLA a CCSA fue un proceso inevitable ante el cambio de escenario regional, la crisis económica y la necesidad de afirmar una voz autónoma. Sin embargo, esto último fue lo más complicado de realizar.

Dos procesos van a diluir esta experiencia, por un lado, la crisis económica afectó las economías europeas por lo que los flujos de cooperación destinada a proyectos sindicales fueron cancelados o derivados a otras regiones; por otro, la activa presencia de la CSA en la región, y luego el propio ESNA, hacía que las instancias plurales como la CCSA fueran vistas con menos entusiasmo.

El movimiento de la autoreforma sindical, también se diluye casi por las mismas razones. Las iniciativas regionales demandan mayores recursos económicos, para poder desarrollar sus actividades, y efectivamente, la crisis económica fue un elemento central en la suspensión de actividades del GTAS. Pero no el principal a nuestro juicio.

El discurso sindical tradicional está orientado a responsabilizar a los gobiernos, empresarios o al imperialismo de los problemas del sindicalismo. Sin duda, el diseño del mercado laboral con sus inequidades e injusticias y sus consecuencias en el sindicalismo están relacionados con las acciones de dichos actores. Sin embargo, es claro también que el propio actor sindical es responsable de una parte de los problemas que enfrenta. Se dice que Bruno Trentin, señalaba que, si bien el sindicato era responsable de un 5% de esos problemas, ese 5% representaba el 100% de responsabilidad del sindicato.

El elemento original en el movimiento de la “autoreforma sindical” fue asumir completamente ese “porcentaje de responsabilidad” y buscar respuestas a dichos problemas. Una propuesta así era inevitable que encuentre resistencias en el propio movimiento sindical. Por ejemplo, tanto en la CUT Colombia como en la CGTP de Perú se desarrollaron amplios debates alrededor de la afiliación directa, la cuota de género, la participación de los jóvenes, la negociación por rama. En todos ellos hubo posiciones sindicales que buscaban mantener la situación presente o limitar los cambios propuestos. El proceso los entendía como “inercias institucionales” pero representaban realmente posiciones orgánicas en contra de los cambios (Orsatti, 2010).

En la medida que la autoreforma sindical se desarrollaba principalmente dentro de la estructura de la CSA, se vio influida por las diferencias internas de dicha central. De esta manera, se van creando las condiciones para reorientarla como efectivamente ocurre en el tercer congreso de la CSA en el 2016.
El caso de la ESNA es interesante porque incorpora el carácter plural por encima de las afiliaciones internacionales que hemos visto en los casos de la CCSA y de la autoreforma. Pero mientras que, en los casos anteriores, la apertura proviene de las organizaciones vinculadas a la CSA que incorporan a centrales independientes como la CUT Colombia (en un primer momento) o afiliadas a la FSM como la CGTP de Perú; en este caso, son las centrales más a la izquierda (PIT-CNT de Uruguay y CTB de Brasil) quienes abren un espacio para que las centrales afiliadas a la CSA puedan participar.

Probablemente, la ventaja del ESNA radique en sus modestos objetivos. Sin una estructura permanente, con una coordinación que va rotando entre cada encuentro, con documentos que principalmente buscan ordenar una agenda de movilizaciones, era factible pensar que puede mantenerse vigente. El ESNA ha tenido una presencia menor en el área andina, pues solamente en Quito y Caracas se han realizado reuniones.

El elemento característico del ESNA es su identificación con una propuesta política de izquierdas. Es lo que Boix denomina la “dependencia de la política” frente a la autonomía de lo sindical (Boix, 2011). Se trata de una doble relación, que supone la dependencia sindical frente a los partidos o gobiernos de izquierda entendiéndose como correas de trasmisión; pero también supone, en contextos adversos, donde no hay un proyecto o gobierno de izquierdas, que el sindicato pretende sustituir al partido (Boix, 2011).

Las Declaraciones del ESNA oscilan entre esos extremos pasando del apoyo a propuestas y gobiernos, a la definición de objetivos políticos no articulados a la problemática sindical y sin una coordinación con partidos u organizaciones políticas locales.

Los problemas que enfrenta el ESNA se deducen de lo anterior. En primer lugar, quedar subordinado al destino de los gobiernos progresistas en la región, en el caso andino, se trata de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En segundo lugar, convertirse en un espacio de agitación política sin mayor relevancia en las relaciones laborales o la acción sindical andina.

La crisis del sindicalismo andino que venía de fines del siglo XX no ha logrado ser atenuada o resuelta con las propuestas planteadas desde inicios del presente siglo. Los indicadores de densidad sindical permanecen inmóviles y no hay signos visibles de cambios en la negociación colectiva.

La situación del sindicalismo andino es de una “debilidad estructural”, es decir, las relaciones entre la estructura económica, el mercado, las relaciones laborales y el poder político limitan las posibilidades de organización y acción sindical. Al ser un movimiento sindical de baja afiliación, su capacidad para incidir de manera autónoma, en alguno de estos espacios es mínima.

Debilidad en afiliación sindical y negociación colectiva

Las tasas de afiliación sindical se mantienen por debajo del 10% en la región. A pesar de los esfuerzos por incorporar tanto a sectores tradicionales como nuevos, no hay mayores cambios en los indicadores. Se trata de un sujeto sindical reducido y esto tiene consecuencias en el mercado laboral, como ocurre en Japón y Europa.

“El segundo catalizador estructural es el proceso de desindicalización, que tiene un efecto especialmente fuerte en el Japón, seguido por los países de Europa continental (con la excepción de España). El debilitamiento del poder sindical ha tenido un impacto mucho menor en los salarios de los países anglosajones, que son representativos del paradigma de los mercados desreglamentados, y prácticamente no ha tenido incidencia alguna en los países nórdicos. Esto confirma los resultados bastante generalizados de muchos otros estudios de que el poder sindical no tiene gran influencia en el mercado laboral de estas economías.” (Judzik y Sala, 2013)

A partir del estudio de Beneyto y Orsatti (2015) podemos confirmar que la debilidad en la afiliación sindical está vinculada con la baja cobertura de la negociación colectiva. Esta relación se explica por la estructura sindical predominante en la región andina, que es el sindicato de empresa.

Dicha estructura sindical limita el alcance de los convenios colectivos y evita como hemos señalado, que se aplique el principio jurídico del erga omnes en la región. Como indica Boix (2011) la empresa debe ser el punto de partida de la organización sindical, pero no el de llegada. El “sindicato de empresa” convierte a la empresa en el marco esencial y generalmente único de solidaridad, reivindicación y movilización. Así, el ámbito de definición de las condiciones básicas de trabajo es la empresa antes que el sector o rama de producción.

Más aún, porque la negociación colectiva por empresa promueve un sindicalismo centrado en el control del puesto de trabajo, en la defensa de la estabilidad en el empleo. Lo que se denomina, un sindicalismo de “job control” que por estar basado en la estabilidad laboral tiende a discriminar a otros colectivos laborales, incluso dentro de la misma empresa (Zapata, 2003).

Cambiar esta situación implica incrementar la afiliación sindical y presionar para que los gobiernos prioricen la negociación colectiva por rama.

“Sin duda, sería deseable que los sindicatos fueran lo suficientemente fuertes como para aumentar la tasa de sindicación a través de campañas activas hasta alcanzar el punto en el que su propio poder negociador autónomo les permitiera volver a sentar a los empleadores en la mesa de negociaciones y de este modo incrementar la tasa de cobertura de los convenios colectivos. Sin embargo, en la actualidad esta perspectiva parece muy poco probable. Además, los sistemas de negociación completamente autónomos sin apoyo del Estado son muy vulnerables.” (Bosch, 2015, p. 67)

Efectivamente, en las actuales condiciones para el sindicalismo andino, la perspectiva de cambiar la estructura sindical y negocial es poco probable.

Debilidad en organización y autonomía

El esfuerzo por construir una coordinadora sindical andina no logró sostenibilidad económica, política ni orgánica. Hay un conjunto amplio de factores que determinaron que dicha propuesta se diluya luego de algunos años, pero el factor determinante nuevamente fue la reducida tasa de afiliación sindical.

Esto no supone que en determinados sectores económicos y en coyunturas específicas, algunos sindicatos, generalmente en alianza o subordinados al poder político, puedan efectuar acuerdos o defender posiciones de manera exitosa.

Ciertamente, esto es posible porque como señala Padrón:

“el sindicato representa a sus afiliados como cualquier otra institución o asociación representa a sus miembros. La representatividad es otra cosa: se refiere a la capacidad de convocatoria, arrastre o movilización del sindicato; cuando este la posee, sus convocatorias desbordan la cantidad de afiliados e interpelan al conjunto de los trabajadores. (…) Por lo tanto, es más importante la representatividad que la representación, si bien hasta cierto punto esta última opera como un requisito necesario –aunque no suficiente– para alcanzar la primera. (Padrón, 2011)

El sindicalismo andino mantiene ciclos de movilización dependiendo de las coyunturas políticas y económicas. Pues, la debilidad estructural del mismo reduce la autonomía sindical, es decir, la capacidad del sujeto sindical de establecer objetivos, líneas de acción y estrategias independientes de los poderes políticos o económicos.

Como señala Boix, esta dependencia tiene dos aspectos. El sindicalismo andino queda subordinado a partidos o gobiernos, o su acción busca reemplazar a los partidos. En el caso andino hemos visto que ambos elementos están presentes.

Las opciones estratégicas del sindicalismo andino oscilan entre el movimientismo en apoyo u oposición a un gobierno; o la participación en proyectos políticos. Zapata (2003) en su descripción de la crisis del sindicalismo latinoamericano a inicios del presente siglo señalaba que existían tres modelos de acción del sindicalismo político: a.- confrontacional y rupturista. b.-reformista y c.- politización de lo sindical. En el caso andino, hemos visto que predomina la última, pero con resultados limitados.  

Como hemos visto, las condiciones estructurales en que se desarrolla el sindicalismo andino imponen serias limitaciones a la capacidad del sujeto sindical para modificar su situación. Si bien esta es una situación general, no impide que existan núcleos particulares que estén logrando mejoras sustantivas. Lo que se cuestiona, es la idea que dichas mejoras tienen un efecto acumulativo o de incidencia en el escenario general.

En un escenario así, solamente un cambio externo –un largo ciclo de crecimiento económico acompañado de un contexto político favorable y una propuesta política centrada en el trabajo-  podría incidir positivamente en la situación del sindicalismo andino.

2.                     Referencias


Beneyto, P. J. y Orsatti, A. (2015). Densidad sindical y negocial en Europa y América Latina. ALAS. Congreso ALAS, San José.

Boix, I. (2011). La “Autoreforma” del sindicalismo latinoamericano como expresión de la autonomia sindical. En GTAS (Ed.), Procesos de autoreforma sindical en las Américas. Sao Paulo: CSA.

Bosch, G. (2015). Negociación colectiva en declive y desigualdad en aumento. Análisis comparado de cinco países de la UE. Revista Internacional del Trabajo, 134(1), 65–74. https://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2015.00235.x

Ermida, O. (1987). Las relaciones de trabajo en América Latina: Problemas y tendencias actuales. THĒMIS-Revista de Derecho, (8), 15–20.

Judzik, D. y Sala, H. (2013). Productividad, desindicalización y comercio: efectos sobre el salario y la participación de la renta del trabajo. Revista Internacional del Trabajo, 132(2), 233–266.

Orsatti, A. (2010). El proceso de Autoreforma Sindical en la Región Andina. Lima.

Orsatti, A. (2016). Densidad aslariada, sindical y negocial en las Américas. En C. Ledesma y A. 

Orsatti (Eds.), Panorama Laboral Normativo. En materia de libertad sindical y negociación colectiva en América Latina y Caribe. Sao Paulo: CSA.

Padrón, A. (2011). Internacionalismo y renovación: Los desafíos del sindicalismo. Nueva Sociedad, (232), 71–85.

Ruiz, J. (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Forum: Qualitative social research, 10(2), 26. Recuperado de http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902263

Ruiz, S. (2011). Una aproximación al Análisis Sociológico del Discurso: Una apuesta por la razón práctica.

Zapata, F. (2003). ¿Crisis del sindicalismo en América latina?: Helen Kellogg Institute for International Studies.