8 de agosto de 2017

La crisis de representación gremial en el magisterio peruano

Este texto, es un primer apunte -muy inicial- de lo que luego aspira a ser un artículo académico. De allí sus limitaciones y espero que algunas ventajas.

Introducción

El sindicalismo magisterial es un actor importante en las luchas sociales de América latina en los últimos 30 años. Desde los años 90, se impulsaron importantes reformas educativas en casi todos los países de América latina, promovidas por instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial. El sentido de estas reformas en términos generales, buscaba cambiar la relación entre Estado y sociedad mediada por la educación como un servicio público. Se trataba de un enfoque que individualiza las relaciones educativas y establece un mercado de libre competencia como principio redistribuidor (Gindin, 2008). Estas reformas fueron aplicadas en constante tensión con las organizaciones de los profesores, ya sean sus asociaciones profesionales o los sindicatos magisteriales (Gentili, Suárez et al., 2004). 

En el Perú, el sindicato de profesores es el SUTEP. Se trata de un sindicato público, de rama y ámbito nacional, formado en los años 70s a partir de un fuerte debate entre organizaciones previas. Antes existían sindicato de profesores de primaria, otro de secundaria y una federación nacional. La debilidad de esta estructura, junto con diferencias políticas en sus principales liderazgos permitió que se constituya el SUTEP como una alternativa más eficaz para la representación de los intereses gremiales de los profesores del sector público.

Desde sus inicios, el SUTEP estuvo influenciado por la labor de activistas del partido maoista "Patria Roja", que en los 70s desarrollaban una línea confrontacional con el gobierno de Velasco y con la central sindical CGTP, donde habían presencia de militantes del PC. Ahora bien, en general, los sindicatos de maestros han sido en buena parte de América latina, movimientos radicalizados hasta los años 90s (Gindin, 2008).

Reforma educativa y cambios en el magisterio

En los 90s, el gobierno de Fujimori se encargó de implementar esta reforma educativa. A diferencia de otros países, como México, Argentina o Brasil, el sindicato magisterial fue excluido del proceso. Al igual que la reforma laboral; los trabajadores de la educación fueron invisibilizados o denostados (Santibañez, 2008). Entonces un primer elemento a considerar, es que la reforma educativa, en líneas generales, se realizó sin la participación del sindicato de profesores. Este hecho va a tener un impacto hasta el día de hoy.

Con la reforma, se instaura una manera de entender el tema educativo que va a priorizar una mirada estandarizada de los resultados individuales, la responsabilidad de los profesores de aula y la discriminación positiva de los mejores alumnos (modelo de Colegio Mayor). Asimismo, va a darse un impulso al desarrollo de la infraestructura educativa que ya tenía más de una década de retraso.

Los resultados de esta reforma son aún materia de discusión y escapan a este post. Lo importante aquí, es que desde los 90s se inicia un proceso de cambios estructurales en la composición social de los maestros del sector público. La carrera, al mantener un claro estancamiento salarial y condiciones precarizadas de trabajo, dejo de ser un objetivo de formación y empleo (Torres, R.M. 2000). 

A la vez, los cambios sociales operados en la sociedad peruana han transformado a los docentes que ha dejado de ser un grupo más o menos homogéneo, a constituirse en una diversidad de grupos con intereses diferenciados. Los maestros de Lima frente a los de provincias, los de rural frente a urbano, los de intercultural, los maestros de escuelas unidocente; y si agregamos las diferencias de género, de edad y finalmente de tipo de contrato; tenemos un panorama realmente muy complejo. 

Y mi hipótesis es que por aquí va una de las principales causas del problema actual. La representación gremial constituida en los años 70s, es decir, el SUTEP no ha logrado entender los cambios operados en el sujeto social que representa y por lo tanto, no logra representar eficazmente los actuales y diversos intereses de los profesores. 

Crisis de representación

Hace 5 años, en un post sobre la huelga magisterial del 2012, señalaba que el SUTEP atravesaba una "crisis de dirección", en la medida que el grupo dirigente de la organización sindical no lograba articular una orientación más eficaz del conjunto de representados. 

La situación ahora es diferente. Lo que tenemos es la existencia de estructuras sindicales construidas fuera del sindicato nacional (que es denominado significativamente "CEN SUTEP") que logran construir demandas particulares y luego generales,  articular acciones alrededor de estas demandas y finalmente interpelar a la sociedad y el Estado. 

Se trata de una "crisis de representación" gremial. Es decir, un proceso por el cual la estructura gremial y el sujeto sindical se han separado. Los primeros no logran recoger los intereses y necesidades de los segundos; mientras que el sujeto sindical no reconoce como su portavoz a la estructura gremial. 

Este proceso de ruptura, podemos explicarlo en primer lugar, por los cambios ya descritos en la composición social del magisterio peruano, pero también por el impacto de la reforma educativa entre los profesores. Pero estos elementos son más o menos externos. Es pertinente preguntarse por los factores internos determinantes en esta crisis de representación.

Como sabemos, la representación gremial tiene dos roles fundamentales que cumplir. Por un lado, recoger las demandas de los representados. Esto supone conocer, informar y comunicar los diferentes problemas de los profesores y convertirlos en demandas que puedan ser resueltas por el empleador, en este caso, por el Estado peruano. 

En segundo lugar, debe de "ordenar" dichas demandas. es decir, establecer criterios de jerarquía para priorizar las diferentes demandas. No es lo mismo un reclamo de aumento remunerativo que facilidades para la capacitación profesional, o la defensa del puesto de trabajo. Establecer estos criterios es lo más complicado de la labor gremial, pues de su éxito depende el respaldo de los representados. Para establecer prioridades se debe resolver la tensión entre los criterios técnicos y los democráticos. Hay demandas que son difíciles de atender pero una amplia mayoría es sensible a ellas. O al revés. 

Para lograr este equilibrio, la organización sindical establece mecanismos de representación democrática, de manera tal que la diversidad de inquietudes sea debidamente escuchada y procesada. 

Y aquí empiezan los problemas. Mi hipótesis es que la dirección sindical donde predomina un sector de Patria Roja, forzó los criterios democráticos para garantizar su permanencia en la estructura sindical. Muchos profesores son testigos de elecciones sindicales donde la lista de PR es derrotada, pero el CEN SUTEP desconoce el triunfo de la otra lista. Este conflicto terminaba algunas veces, con dos juntas directivas en paralelo y otras veces con una sola pero con menor legitimidad, credibilidad y respaldo. 

Muy probablemente, los sectores de PR que promovieron esta práctica tenían diferentes razones para trastocar los criterios de funcionamiento democrático de un organismo gremial. Sabemos de la presencia de sectores altamente radicalizados en el magisterio que podían significar una amenaza al normal desenvolvimiento de la estructura sindical. Pero, a lo largo de las dos últimas décadas, la estrategia de Patria Roja al intercambiar "unidad" por "democracia", resulto un mal negocio. La autonomía se vio trastocada y resto legitimidad a la estructura sindical predominante. 

Conclusiones tentativas

En resumen, se trata de un proceso donde el sujeto social sufre transformaciones mucho más rápido que la estructura sindical. Este desencuentro es resuelto por la estructura mediante formas anti democráticas de gestión. En un primer momento, esta solución es viable porque garantiza una conducción homogénea del gremio, pero a la vez, va creando excedentes de malestar en la periferia del sindicato. Un contexto de crecimiento económico sin redistribución permite que esos excedentes se radicalicen y articulen acciones primero al  margen y luego en oposición a la estructura sindical.

En este contexto, la actual huelga nacional del magisterio (2017) es antes que un problema, una manera de resolver la crisis de representación en dicho sector. Como ya han señalado otros, más allá de los reclamos salariales y de carrera profesional, lo que tenemos es la construcción de una nueva representación gremial frente a los maestros y frente al Estado.

Ciertamente, la presencia de grupos radicales en las nuevas representaciones gremiales luego de un par de décadas de moderación por parte del CEN SUTEP es una novedad. Sin embargo, el radicalismo no es ajeno a la tradición del sindicalismo magisterial en nuestro país ni a la de otros países de América Latina (Gentili, Suárez et al., 2004).

Más allá del alarmismo de cierta prensa macartista, la evidencia empírica en el sindicalismo es que los liderazgos maximalistas y radicales son solo momentos -a veces cíclicos- en la vida de las organizaciones sindicales. Una representación gremial legitima y legitimada tiende a moderar su discurso en función de resultados concretos.

Finalmente, los hechos ocurridos el presente año, son también expresión de la crisis -esperemos que final- de una vieja manera de entender la relación partido-sindicato. El modelo de "correas de trasmisión" que a estas alturas es inviable. Como sabemos, la subordinación de la lógica gremial a la lógica político-partidaria ha dado siempre pésimos resultados tanto para los partidos como para los sindicatos. 

Bibliografía

Gentili, Suárez et al. (2004) Reforma educativa y luchas docentes en América Latina. En: Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1251-1274, Set./Dez. 2004

Gindin, Julian (2008) Sindicalismo docente en México, Brasil y Argentina. Una hipótesis explicativa de su estructuración diferenciada. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa. Número 37, Volumen XIII ABRIL-JUNIO de 2008

Santibañez, Lucrecia (2008) Reforma educativa: el papel del SNTE. En: Revista Mexicana de Investigación Educativa. Número 37, Volumen XIII ABRIL-JUNIO de 2008

Torres, R.M. (2000). Reformas educativas, docentes y organizaciones docentes en América Latina y el Caribe. En Los docentes protagonistas del cambio educativo. Bogotá: CAB/Editorial Magisterio Nacional.

4 de julio de 2017

El fundamentalismo liberal de El Comercio


El día domingo 2 de julio, el principal periódico del país, "El Comercio" publica un editorial que resume la posición de los liberales ante la muerte de los jóvenes trabajadores en el incendio de la Galería Nicolini en Lima. Tengo una copia del mismo gracias a la gentileza de Ricardo Parodi quien me sugirió además, escribir éste post. 

El editorial se queja del supuesto uso "político" que algunos sectores de izquierda le dan a los hechos ocurridos. Al igual que en otros casos, como el incendio de las Torres Grenfell en Inglaterra hay un sector de derecha que no desea "politizar" el tema. A pesar que tanto allí como aquí, se trata de un tema eminentemente político. 

Para el editorialista de El Comercio "las rigideces laborales explican en parte las altas tasas de informalidad en el Perú y también que la mayor proporción del empleo se dé en empresas al margen de la ley, poco productivas, y que no tienen que cumplir con ningún estándar laboral de salud ni seguridad". Esta afirmación esta reñida con toda la evidencia empírica producida por innumerables estudios e investigaciones. 

En primer lugar, hace bastante tiempo que se ha dejado de entender el tema de la informalidad como un problema dual, que opone a una economía formal frente a otra economía informal. Hay más bien una amplia zona gris, donde muchas empresas mantienen áreas, líneas, proveedores y trabajadores indistintamente de manera formal e informal. 

La empresa JPEG SAC donde laboraban Jovi Herrera y Jorge Luis Humán es una empresa formal, debidamente registrada en la SUNAT que tiene registrado en el sistema de planilla electrónica a un trabajador y además tenía trabajando sin registro, a los jóvenes ya mencionados. 

En segundo lugar, no es veraz insistir en las "rigideces del mercado laboral" a estas alturas, cuando cerca al 70% de los empleos formales están regulados por contratos temporales que en promedio no exceden de los tres meses. El principal problema del mercado laboral no es la rigidez sino la precariedad, como incluso lo ha señalado el último informe sobre empleo de la OIT. 

En el Perú actual, un empresario tiene la más amplia libertad para contratar y despedir a un trabajador. Es más, puede despedirlo el mismo día que lo contrata. Claro, mediante un contrato temporal, lo que esta diciendo es "vas atrabajar desde hoy y hasta los próximos 90s días que es cuando te despediré, es decir, no renovaré tu contrato".

Pero más aún, un mal empresario puede incluso evitar este formulismo del contrato y emplear sin contrato alguno a un trabajador, que es precisamente, lo que hacia la empresa formal JPEG SAC. ¿Y por qué puede prescindir del contrato laboral? Pues, porque el Estado y sus voceros en la derecha económica consideran que no es necesario fiscalizar a las empresas formales como JPEG SAC. 

Efectivamente, el editorialista de El Comercio señala que "no se trata, pues, ni de asomo de falta de fiscalización a empresas formales..."

Otra vez una frase que solamente se sustenta en la fe ciega del neoliberalismo. Hay una investigación que realizó la OIT que señala la relación existente entre el número de inspectores que tiene un país y la tasa de informalidad. De ese documento, Pedro Llanos me ha alcanzado el siguiente cuadro:



Lo que se ve es bastante claro y lógico. Podemos señalar que hay una fuerte relación entre esas variables. Mientras más inspectores tiene un país, es menor el nivel de informalidad.  ¿Qué dirá ahora el editorialista de El Comercio?. ¿Va a insistir que no hay relación entre informalidad e inspecciones laborales? 

El incendio de la Galería Nicolini y la muerte de los jóvenes trabajadores encerrados con un candado en un contenedor de metal, debe quedar como un símbolo claro de la precariedad laboral y los abusos que se comenten bajo su amparo. Y por eso, este tema, es político, porque tiene que ver con las diferencias de poder que existen en las relaciones laborales en el país. 

27 de junio de 2017

¿De quién es la responsabilidad de las muertes en Galería Nicolini?


Actualmente es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los automóviles. Si alguien quiere ser taxista, debe ponerle cinturón de seguridad a su automóvil. Esto es un costo extra. La policía chequea regularmente la existencia y uso del cinturón de seguridad. Si no lo haces, te ponen una multa. Así, todos los taxis tienen cinturón de seguridad.

Imaginemos que el gobierno decide promover la actividad económica de los taxistas. Y para eso, se le ocurre eliminar el uso del cinturón de seguridad. Ya no será obligatorio sino opcional. La policía deja de revisar la existencia y uso del cinturón de seguridad. 

Eventualmente, el número de taxistas se incrementa, pues ahora hay un costo menos. Al parecer la medida dictada cumple con su objetivo que es promover la actividad de los taxistas.

Pero ahora, los pasajeros viajan sin cinturón de seguridad. Y cuando hay un accidente, el pasajero sale disparado por el parabrisas. Y se muere.

Cuando esto pasa ¿de quién es la culpa?

Unos dirán que de la mala suerte. O la voluntad de algún dios. Otros dirán que es de la informalidad que es como algo que está en todas partes. Otros dirán que es una pena y punto. O que hay otros temas más importantes. O que es una cortina de humo. O peor aún, que es culpa del pasajero por subirse a un taxi sin cinturón, cómo si uno, cuando esta apurado pudiera elegir. 

Pero, más allá de eso, ¿no es también responsabilidad de la autoridad que cambio la ley?

Y si hubiera un lobby de taxistas que presionó en el gobierno para que se cambiara la ley del cinturón de seguridad ¿no tendrían también algo de responsabilidad?

Bueno, eso es lo que pasa en las relaciones laborales. Los gobiernos desde fines de los 80s han "desregulado" las normas laborales. Todas. Han eliminado en la práctica la responsabilidad penal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Han eliminado la estabilidad laboral. Han debilitado la seguridad social. Han hostilizado a los sindicatos hasta reducirlos al 6% de la PEA asalariada. Han impedido la negociación colectiva. 

Y el lobby empresarial -que existe y opera- ha presionado a todos los gobiernos. Al poder ejecutivo, a los ministros, a los congresistas para desregular las leyes laborales, para reducir los estándares laborales, para eliminar los "sobrecostos laborales", para mantener la inestabilidad laboral y los contratos temporales, para impedir cualquier norma que restablezca algún tipo de autoridad laboral y para modificar el sentido de la fiscalización laboral. 

En resumen, han quitado el "cinturón de seguridad" que -más o menos- existía en las relaciones laborales del país. Y ahora los trabajadores van como los pasajeros en un taxi sin cinturón. Y cuando hay accidentes, los trabajadores mueren. 

En noviembre del 2016 cuatro trabajadores murieron en el incendio del centro comercial LarcoMar. En junio del 2017, tres trabajadores mueren en la Galería comercial Nicolini. Ambos en Lima. Dos extremos sociales y la causa es la misma: la ausencia de normas laborales mínimas. Trabajadores sin contratos. 

Entonces, finalmente ¿de quién es la responsabilidad de estas muertes?


24 de junio de 2017

El incendio de Galeria Nicolini y la muerte de cuatro jóvenes trabajadores


El pasado 22 de junio se registró un incendio en la Galería Nicolini en la zona de Las Malvinas, en el centro de Lima. Hasta este momento están desaparecidos cuatro trabajadores de dicha galería comercial. Entre ellos están identificados Jovi Herrera Alania de 20 años y Jorge Luis Huamán Villalobos de 19 años y Luis Guzmán Taipe de tan solo 15 años. Hay un cuarto trabajador que aún no ha sido identificado.

Todos ellos se desempeñaban como trabajadores de la empresa JPEG SAC laborando en un contenedor metálico acondicionado de manera irregular como taller, en donde remarcaban tubos de neón para ser vendidos en dicha Galería. Ellos laboraban sin contratos de trabajo, de lunes a sábado en jornadas de más de 11 horas pues ingresaban a las 7.00 am. y terminaban aproximadamente a las 6.30 de la tarde, cuando anochecía pues el contenedor no contaba con luz propia. Por una semana de trabajo recibían 100 soles, que equivalen a poco más de 30 dólares.

No disponían de baños, y solamente unos tragaluces superiores iluminaban algo el reducido espacio. Lo más trágico, es que el empleador habitualmente cerraba el contenedor  con un candado para impedir que los trabajadores salgan antes de tiempo. Los cuatro trabajadores mueren pues cuando se inicia el incendio, el empleador desaparece dejándolos encerrados.

El rol del Estado y la fiscalización laboral

En el Perú la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cuenta a nivel nacional con 18 supervisores inspectores, 98 inspectores de trabajo y 275 inspectores auxiliares. No existe ni un solo inspector de trabajo en Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurímac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martín.

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 131-2015-SUNAFIL se establece el Plan del Cuadrante Inspectivo que se basa en la sectorización por manzanas del ámbito distrital, sobre la base de la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En mayo del 2015, SUNAFIL inicia un plan piloto en el distrito de La Victoria para fiscalizar puerta por puerta los centros informales. De esta manera, se inspeccionaba galería por galería, piso por piso. Para fines del 2015 ya estaba aprobada la implementación de este plan de fiscalización laboral.

Sin embargo, en febrero del 2016, asume Sylvia Cáceres como superintendenta, (a pesar de la oposición de la CGTP) y una de sus primeras acciones fue desactivar el Plan del Cuadrante Inspectivo. El Sindicato Nacional de Inspectores Laborales señala que con esta decisión se ha desarticulado el grupo de inspectores encargado exclusivamente de fiscalizar la informalidad y se ha despedido a la persona que estaba a cargo.

Por su parte, el  Gobierno ha dictado el DS N° 007-2017-TR del 31 de mayo del presente año que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo en tres aspectos importantes: limita a una inspección al año respecto de una misma empresa por un mismo caso. Es decir, ya no se puede hacer seguimiento de las infracciones. En segundo lugar; cuando una empresa comete varias infracciones, solamente se aplicará la multa más alta de manera que las otras infracciones menores no serán multadas. En tercer lugar, se reducen los montos de las multas en general.

Para rematar el actual gobierno plantea un Proyecto de Ley N° 1437/2016-PE que impide las inspecciones laborales cuando existen procesos judiciales sobre el caso denunciado. Es decir, si una empresa es enjuiciada por una infracción laboral, mientras dure el proceso (que puede ser varios años), no recibirá multas ni inspecciones.


Ahora bien, debe recordarse que legalmente el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL tienen la “obligación” de fiscalizar de oficio los centros que se presume están infringiendo las normas laborales.

Por otro lado, descargar la responsabilidad en los trabajadores por no denunciar su situación, es absurdo. ¿Trabajadores que por su precariedad económica se ven obligados a aceptar condiciones inhumanas de trato van a estar en condiciones de ir al Ministerio de Trabajo y poner una denuncia laboral arriesgándose a perder el trabajo y ser marcados por todas las empresas de ese conglomerado?

¿Quiénes son responsables?

Hay muchos responsables, ciertamente. La muerte de los cuatro trabajadores es consecuencia del proceso de desregulación laboral que se viene implementado en el país desde fines de los años 80s y con mayor fuerza durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Actualmente las relaciones laborales en el Perú se caracterizan por su precariedad. Predominan los contratos temporales, cuando existen. Se trata de un mercado laboral ampliamente desregulado, con varios regímenes laborales que en diversos sectores y por diferentes razones han eliminado derechos laborales importantes. Los trabajadores textiles y de agroexportación por ejemplo, pueden estar con contratos temporales a lo largo de toda su vida productiva. Los trabajadores de PYMES sólo gozan de 15 días de vacaciones y de media gratificación.

En general, la desregulación desincentiva la afiliación sindical que actualmente se encuentra en alrededor del 6% de la PEA Asalariada. La fórmula del crecimiento económico en el país tiene entre sus ingredientes un Estado que no desea fiscalizar a las empresas y más bien promueve el debilitamiento de los sindicatos. Sin sindicatos fuertes, los pocos que logran desarrollarse enfrentan una dura oposición por parte de los empresarios, que dilatan los procesos de negociación colectiva o persiguen a los activistas sindicales.  Al final del anterior gobierno, la CGTP señalaba que había más de 500 dirigentes sindicales despedidos ilegalmente.

Los gremios de empresarios, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), junto con la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias han defendido públicamente el modelo de libre mercado y desregulación laboral. Se habla de lobbys pro-empresa que inciden en las altas esferas del gobierno para mantener la actual legislación laboral y para impedir que se cambien por leyes a favor de los trabajadores que restablezcan por ejemplo la estabilidad laboral o impongan mayores niveles de regulación laboral.

En julio del 2014, el lobby logró que el gobierno modifique sustancialmente la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo mediante la Ley 30222. Entre otras cosas se cambió el Articulo 168-A incluyendo nuevas condiciones para la responsabilidad penal del empleador en caso de accidente con lesiones graves o muerte del trabajador. Con la modificación debe demostrarse que la falta sea deliberada, reiterada, que la autoridad haya notificado de la misma y que el empleador pudo prever las mismas.

También el Alcalde de Lima tiene responsabilidad al permitir que se instalen contenedores como lugares de trabajo y si bien el edificio fue administrativamente clausurado, no se dio el seguimiento respectivo y los dueños del mismo seguían operando tranquilamente.

Esto es así, porque todos los actores tienen la certeza de su impunidad. Los empresarios pueden operar en edificios clausurados y encerrar con candados a los trabajadores porque saben que la autoridad municipal y ministerial no los va a molestar.

La desregulación laboral precariza el empleo, debilita los sindicatos y reduce la fiscalización laboral. El incendio y muerte de los trabajadores en la Galería Nicolini no fue un hecho fortuito o azaroso. Hay una responsabilidad directa de los empresarios que explotan y encierran trabajadores, pero también el Estado a través del Ministro de Trabajo y la Superintendenta de Fiscalización, así como el alcalde de Lima son responsables indirectos. También los gremios empresariales que siguen considerando que no deben existir obstáculos, -es decir, derechos laborales-, para acceder a mayores utilidades.

21 de junio de 2017

Lecciones desde el Reino Unido


Ha pasado un par de semanas, pero los resultados de la campaña electoral y de la propuesta de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista es pertinente de mirar con detalle y ver que podemos sacar para iluminar nuestros problemas. 

Base social, clara y real

La política se construye desde sujetos sociales reales, con problemas, reivindicaciones e intereses concretos. Para el movimiento socialista del siglo pasado, el sujeto era la inmensa clase obrera y los asalariados del campo. Luego, la socialdemocracia y el progresismo se fue desdibujando y deslizando hacia una "tercera via" que en verdad era la misma vía del mercado y el capital. Hubo una época que Giddens era leído con admiración por jóvenes wannabes mientras Tony Blair era respetado como la "izquierda moderna" que habla desde y a "toda la sociedad" (big society).

La socialdemocracia abandono la representación de intereses de clase y convirtió algunos contenidos de la democracia representativa en "valores universales" como el individualismo, la democracia competitiva, la igualdad de oportunidades, el mercado eficiente y desde allí, se desdibujo el conflicto social y se priorizó una estructura de partido "atrápalo-todo", es decir, se buscaba incorporar TODAS las demandas sociales, sin diferenciar ni priorizar alguna. Esto desdibuja la política, diluye la acción colectiva y trastoca la organización.

La izquierda europea está reencontrándose con los trabajadores. Luego del "adios al proletariado" (¿Se acuerdan de André Groz?), la mancha obrera regresa y el mundo del trabajo no se ha disuelto.

En el Perú, pasa algo similar. Durante casi 30 años, el neoliberalismo viene golpeando duramente a los más pobres, a las izquierdas y a toda forma de resistencia. Los sindicatos se reducen pero no desaparecen. Y la única ley neoliberal que ha sido desmontada por presión de la lucha callejera ha sido la del empleo juvenil.

La izquierda peruana debe recuperar su vinculo con el mundo del trabajo, con los asalariados y autónomos, del campo y la ciudad. Representar los intereses del trabajo en contra de los intereses de los grandes empresarios.

La socialdemocracia no ha muerto

La propuesta de Corbyn es socialdemócrata. Pura socialdemocracia, no como "Pura Vida" (ésta es una referencia que sólo entenderán los peruanos) sino, verdadera doctrina socialdemócrata. Y resulta interesante, pues los cambios operados por Guiddens, Blair y afines, partían de la certeza que el Estado benefactor, el keynesianismo, lo público sobre lo privado, el mercado regulado y políticas redistribucionistas eran parte del pasado. Ya no eran operativas, no eran eficaces y lo peor, ya no servían como movilizadores sociales. "La gente quiere otra cosa" decían los blairites del nuevo laborismo en Inglaterra y toda Europa.

Pero parece que no es así. El programa de Corbyn es socialdemócrata. Básicamente, se trata de una defensa clara de lo público, de los servicios públicos y un énfasis en los ciudadanos, en la microeconomía antes que los grandes indicadores.

Pero el punto más importante, viene por el lado del mundo del trabajo. Las propuestas de Corbyn golpean a la flexibilización productiva en temas como los contratos de cero horas, a la brecha salarial y reclama un mayor poder para los sindicatos.

For the many, not the few (Para muchos, no para pocos)

Otro dato interesante, es la construcción de un discurso que asume al adversario, al contrario, al otro. Y la socialdemocracia había invisibilizado eso. hablar de los ricos, de los empresarios, de los intereses del capital dejó de estar de moda. Igual, aquí, se ha hecho común pasar por agua tibia, a los representantes del empresariado que utilizan sus ventajas económicas para obtener beneficios políticos.

Y en verdad, un discurso de izquierda necesita construir enemigos claros. La derecha europea lo tiene claro y ha dispuesto que sean los inmigrantes, la razón de todos los males. La izquierda opto por asumir valores universales y probablemente lo más sólido en esto ha sido el discurso de los derechos humanos. Pero, el marco teórico en que se construyen los derechos humanos es el liberalismo y el individualismo.

Al final, la izquierda europea se desdibujó al tratar de asumir la representación de TODA la sociedad en nombre de lo políticamente correcto. Ahora, Corbyn señala con claridad a los pocos que salen ganando en el modelo neoliberal. Desde hace unos años, con el movimiento Occupy Wall Street, los indignados, la campaña del 99% se ha ido retomando al adversario en el conflicto social.

En el Perú, también es necesario un discurso de izquierda que señale efectivamente quienes son cada vez más ricos, quienes se benefician de la desregulación laboral, de los contratos temporales, de los despidos arbitrarios, de las remuneraciones por los suelos. Porque realmente existen personas, grupos, empresas, corporaciones, toda una clase social que cada vez esta mejor en este modelo. La CONFIEP para empezar, junto a los demás gremios empresariales y los grupos económicos como Benavides, Miro Quesada, Añaños, Brescia, entre otros.  

La lección entonces, es tener claro que intereses sociales se defienden y contra quienes los defendemos. La sociedad es una red de intereses contrapuestos y hacer política es organizar intereses en contra de otros intereses.

Dar espacio a los jóvenes

Finalmente, un elemento nuevo en la campaña de Corbyn ha sido la presencia de los jóvenes. No solamente han representado el sector social que mayor apoyo ha dado, sino que un porcentaje importante se ha inscrito en el Partido Laborista.  Esto choca con la idea neoliberal de que los jóvenes están completamente despolitizados. No necesariamente es así. 

Ahora bien, la participación juvenil no cae del cielo. Se construye a partir de propuestas concretas que van en función de sus intereses. La crítica a la precariedad laboral es importante y también a los préstamos para educación que terminan creando jóvenes profesionales completamente endeudados y por lo tanto, débiles frente al mercado laboral. 

La presencia de gente joven en nuestras organizaciones es necesaria pues nos permite construir un horizonte de futuro mucho más grande que entre nosotros, los que pasamos los 50s años. Es cierto que también hay un discurso muy "revolucionario" que rechaza toda mención a la renovación generacional señalando que el problema no es de edades, sino de clase. Lo mismo con el feminismo: "el problema no es de sexo, sino de clases".  

En verdad, el problema es de clase, de edades, de sexo, género y de raza (etnia).  El "problema" tiene todas esas dimensiones, toda esa "interseccionalidad" y no podemos reducirlo a un solo eje. 

En concreto, necesitamos liderazgos jóvenes, es decir, necesitamos que personas menores de 35 años asuman posiciones de poder en las estructuras políticas, sindicales, sociales del movimiento popular. Hombres y mujeres y de preferencia en una proporción igualitaria. 

Probablemente, los jóvenes o las mujeres cometerán errores, ya sea por inexperiencia o torpeza simple. Pero, también los adultos varones y mayores cometemos errores. Tal vez, la esperanza con los  y las jóvenes es que aprendan de sus errores, cosa que mi generación no lo hizo muy bien. 








7 de junio de 2017

Comentarios a los artículos de Rolando Rojas y Omar Cavero



Me interesa conversar con dos artículos publicados recientemente sobre la situación de la izquierda. A diferencia de algunos otros, se trata de textos que buscan revisar los temas de fondo y no detenerse en el relato de disputas y diferencias personales que atraviesa a nuestra izquierda local. Tampoco buscan ser un sesudo y teórico análisis del momento político, que a fuerza de profundidad, deja de ser entendible.


Ambos autores son personas comprometidas con la investigación académica y el compromiso político en la izquierda. Ambos son reconocidos por la rigurosidad de sus trabajos y los artículos son un buen ejemplo de esto.

Los textos buscan presentar un diagnóstico de la situación de la izquierda local. Y en eso, hay puntos en común y algunos matices. La diferencia principal, probablemente venga del tono en que están escritos. Mientras que el texto de Rolando se acerca más a una mirada académica, el de Omar, está escrito desde la militancia activa. Esta diferencia no implica sin embargo, que ambos textos sean reflexiones pertinentes y agudas.

El diagnóstico de la izquierda realizado no puede dejar de ser negativo. Para Rolando se trata de una izquierda desubicada, en parte por los cambios en la estructura socio-económica del país y el abandono del discurso marxista. Señala que estamos ante una izquierda “en transición” y allí concluye su texto. Entiendo que es una primera parte y que lo mejor está por venir. Hubiera sido útil sin embargo, que señale de donde a dónde es esta transición. ¿Qué es lo que se deja y hacia dónde se dirige esta izquierda? Pues, si bien no es imposible, puede resultar un lugar común hablar de una izquierda en “transición permanente”.

Cavero, crítica con razón la superficialidad de muchas discusiones en la izquierda y la carga emocional de las mismas antes que su sustento político. Efectivamente, se trata muchas veces de peleas entre manchas de amigos, antes que debates políticos serios. Lo cual no le impide a la vez, hacer su propio ajuste de cuentas emocional con los desaciertos de nuestra izquierda.

Es pertinente al señalar el peso de la dinámica electoral (la necesidad de un registro, los recursos económicos y el candidato/a ganador/a) y la manera que esto influye y condiciona el resto de la acción política. Pero no va más allá de denotar el fenómeno.

Ambos textos me parecen necesarios y agudos, pero incompletos. Hace ya bastante tiempo, que desde diferentes lugares estamos haciendo balances de la izquierda. El texto de Omar Cavero trata de salir del diagnóstico y avanza algunas líneas, pero he aquí su mayor debilidad.  Señalar que las elecciones “son un medio y no un fin” es, a estas alturas, insuficiente, pues reduce probablemente el principal tema de discusión en las fuerzas progresistas a una respuesta de los años 20.

La izquierda radical en EEUU e UK ha venido discutiendo eso y las campañas de Sanders y Corbyn, dentro de los partidos Demócrata y Laborista srespectivamente, son en parte una respuesta bastante clara. Hace más de una década, el PC chileno, la izquierda brasileña y uruguaya tuvo la misma discusión. Entiendo que en los casos la respuesta ha sido bastante clara: para las izquierdas, las elecciones son medio y fin a la vez. Así es. Debemos superar la disyuntiva que nos regresa al viejo debate de “reforma o revolución” como opciones antagónicas.

El texto de Omar promete pero no propone. Señala el resultado final, pero no el camino y esa es su principal debilidad. Acierta Omar señalando que la izquierda requiere de una mejor comprensión del país, una “narrativa” convincente para los nuevos sujetos sociales. Dicha propuesta es de largo plazo, es decir, debe pensarse como un proceso que va más allá de las elecciones del 2018 o 2021. Finalmente, Cavero señala la necesidad de una fuerte identidad de izquierdas, que imaginamos debe ser más contestataria y radical que los discursos actualmente existentes. Todo esto es lo que muchos en la izquierda podemos compartir. Pero ¿cómo llegar a ello?

Aquí viene mi aporte.

La sociedad peruana requiere de una “izquierda del trabajo”. Una identidad política construida desde y para los trabajadores y trabajadoras asalariados pobres, ya sea que estén empleados o sean desempleados o lo más probable es que estén obligados a ser autoempleados.

El sujeto social del cambio progresista es el conjunto de asalariados y autoempleados pobres, lo que ahora se conoce como “precariado”. Y no se trata de una figura retórica. Nos referimos a sectores sociales reales y concretos: al obrero de una empresa peruana en cualquier industria; a la obrera de un municipio o gobierno regional en cualquier lugar del país; al empleado de un restaurante o una tienda comercial o una oficina; a la empleada de un grifo o un taller de confecciones o una imprenta o una tienda de fotocopias; al ex empleado que ahora es taxista en su auto o alquilando uno; el ex obrero que ahora es chofer de microbús; a la ex obrera ahora vendedora de comida al paso; a la ex empleada ahora vendedora por catálogo; o a aquellos que sin haber sido dependientes han iniciado su vida laboral como autoempleados, es decir, los que trabajan sin patrón y sin empleados.

Se trata de un universo inmenso de personas. Para el 2009, los asalariados y autoempleados sumaban cerca de 11 millones y medio de personas en el país.  

Actualmente, en el orden capitalista y neoliberal, el precariado peruano no tiene futuro.  No tiene salida. No tiene esperanza. Más de 25 años y sus remuneraciones son menores o sus condiciones de trabajo dan pena.

No hay “emprendimiento” que logre sacarlos de su situación de inestabilidad, incertidumbre, ingresos irregulares y temporalidad absoluta. Y el Estado es demasiado débil y desinteresado para proteger a los asalariados y  a los autoempleados. El neoliberalismo para ellos es una falsa promesa. El neoliberalismo los condena a sobrellevar una media vida.

Por eso, para el precariado, la única salida en nuestro país, es tomar el gobierno y el poder. No tienen otra opción. Y la izquierda del trabajo debe ser la herramienta para lograr eso.

Debemos de reconstruir la identidad de la izquierda desde el trabajo. Esto supone reordenar nuestra agenda poniendo al centro, el mundo del trabajo y desde allí, sin descartar absolutamente nada; reconstruir nuestras demandas. Todas. Las demandas feministas, ecológicas, culturales, étnicas identitarias, LGTBI, sociales.

La izquierda del trabajo es por tanto, también feminista, ecológica, diversa, ciudadana y radical. Una izquierda del trabajo parte del derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo con una remuneración adecuada, con el derecho a formar un sindicato para defenderse, con acceso a la estabilidad laboral a los tres meses, con el derecho a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Cuando el sistema condena al subempleo a más de la mitad de la fuerza laboral en el país, realmente está negando la ciudadanía de estas personas. Los convierte en no-ciudadanos y por tanto, todas las demás reivindicaciones quedan fuera de escena.

¿De qué sirve la licencia parental para un trabajador precario? ¿De qué sirven cuatro días de licencia cuando nace tu hijo o hija, si el modelo te impide la estabilidad laboral? La idea es simple. La izquierda del trabajo debe devolverle a la gente, el orgullo de lo que hace, el orgullo del trabajo que desempeña. Para tener orgullo de ser trabajador, ya seas empleado, obrero o autoempleado, tu trabajo debe permitirte una vida digna. Y esa vida digna supone y permite, a la vez el ejercicio de todas las demás demandas y reivindicaciones humanas.

5 de junio de 2017

TEST ¿Soy un trabajador precario?

No es el Test Voight-Kampff pero igual ayuda. 

En el Perú, el principal problema del trabajo es la precariedad laboral. 

Pero muchos trabajadores y trabajadoras no saben que es la "precariedad laboral" por lo que tenemos aquí un sencillo test, para saber si eres un trabajador precario.

INSTRUCCIONES
Simplemente responde cada pregunta con un SI o un NO, según sea el caso.   

  1. ¿Tienes una copia de tu contrato escrito?
  2. ¿Te han pagado el periodo de prueba?
  3. ¿Se respeta tu hora de salida?
  4. ¿Las horas extras que realizas son pagadas?
  5. ¿Te pagan en la fecha que corresponde (ya sea semanal, quincenal o mensual)?
  6. ¿Tienes 30 días de vacaciones al año?
  7. ¿Tu empleador te entrega tu boleta de pago?
  8. ¿Tu remuneración es igual o mayor al salario mínimo (850.00 soles)?
  9. ¿Solamente laboras 48 horas a la semana?
  10. ¿Tu empleador te paga a tiempo y de forma completa la gratificación de Julio y diciembre?
  11. ¿Tu empleador abona a tiempo el pago de la CTS?
  12. Si eres mujer ¿ganas igual que un hombre que realiza tu misma labor?
  13. ¿Consideras que tu empleador permitiría la formación de un sindicato? 
  14. ¿Consideras que tu patrón esta dispuesto a negociar colectivamente con todos los trabajadores aumentos y mejores condiciones laborales?
  15. ¿Se ha realizado en los últimos tres meses una inspección laboral en tu centro de trabajo?

RESPUESTAS:
Si respondes NO a más de tres preguntas, eres un trabajador precario. Debes de conocer tus derechos, organizarte y exigir que se respeten. 



23 de mayo de 2017

Ministerio de Trabajo impone reforma de normas laborales

Desde hace unos meses, el gobierno viene impulsando un conjunto de cambios en los procedimientos con que el Ministerio de Trabajo desarrolla sus actividades. Estos cambios son importantes porque si bien, no implican "perder derechos" de manera explícita; son cambios que afectan el ejercicio de los mismos o a la obligación de respetarlos por parte de los empresarios. Los últimos son bastante claros en esto

Un primer cambio lo tenemos aquí. Una empresa que ha sido inspeccionada y sancionada por violar una norma laboral ya no será objeto de una segunda inspección de oficio, salvo claro que los trabajadores lo soliciten. El argumento del Ministerio es que algunas empresas se convierten en "caseritas" de los inspectores y les caen en visitas casi periódicas. Este argumento, es falaz y pobre. 

Más que país, lo que hacen son leyes laborales

Veamos el caso de una empresa que mantiene prácticas antisindicales, mediante amenazas, traslados y vacaciones forzadas a los trabajadores que quieren formar un sindicato. La primera vez los trabajadores plantean una inspección y luego de realizarse, ¿cuál creen que será la reacción del empleador contra los trabajadores? Obviamente más amenazas y sanciones pero ya no sólo por formar el sindicato sino por solicitar una inspección. Los trabajadores generalmente ya no presentarán otra denuncia y renunciarán a la idea de formar el sindicato. Porque las multas que aplica actualmente no son disuasivas ni inmediatas. Es más, algunos empresarios prefieren pagar una multa y no tener sindicato en su empresa. 

Antes, un inspector consciente del abuso de la empresa podía garantizar a los trabajadores que iba a visitar nuevamente la empresa para hacer el seguimiento respectivo sin necesidad de una nueva denuncia. Esto daba ánimos a los trabajadores que sentían un respaldo por parte del Estado peruano frente a las intenciones del empleador. Ahora eso no será posible. 

Un segundo cambio realizado lo tenemos aquí. Un empresario impide el ingreso de un inspector a su empresa. Antes, la lógica era que esta falta debía ser sancionada fuertemente, pues era un desacato directo a la autoridad del estado representada por el inspector. Muchas veces el argumento del empresario era que los gerentes no estaban en la empresa y que el pobre guardia de vigilancia "no estaba autorizado a dejar entrar a nadie". Y que por ese malentendido, la empresa sufría una fuerte multa. En plena era de las comunicaciones, un empresario es inubicable. 

Ahora, para evitar esos problemas, el Ministerio ha reducido sustancialmente las multas por obstruir la labor de su propio funcionario. De esta manera, un empresario que tiene a trabajadores sin contrato puede seguir violando la legislación y pagar una multa menor. 

Un tercer cambio es el siguiente. Una empresa recibe el pliego de reclamos del sindicato. Lo rechaza. Luego que el Ministerio le recuerda que debe instalar el trato directo o pasar a conciliación, acepta instalar el trato directo. En la primera reunión insiste en el retiro del pliego y propone que la siguiente reunión sea dentro de un mes. En ese momento, el sindicato entiende que la empresa tiene mala fe para negociar. Antes, el sindicato podía pedir un arbitraje potestativo para evitar la intención de la empresa por evitar cualquier acuerdo. El arbitraje potestativo por mala fe negocial era un buen mecanismo para disuadir a los malos empresarios. Ahora, el sindicato esta obligado a esperar tres meses antes de poder recurrir a dicho instrumento.

¿Porque perjudica a los trabajadores ese plazo? Primero, nótese que no hay plazos en las otras etapas del proceso de negociación. Segundo, lo que se busca es desanimar a los trabajadores y delegitimar al sindicato. La empresa que no quiere negociar gana tres meses. Esta medida desvirtúa el carácter disuasivo del arbitraje potestativo por mala fe negocial. 

Como vemos, todas estas medidas solamente expresa la parcialización con el punto de vista empresarial por parte del Ministerio de Trabajo. Como lo ha señalado de manera general, el polítologo Vergara, en el caso del Ministro Grados no tenemos a un tecnócrata, ni a un gestor público; sino a un funcionario privado, incrustado en el sector público. 


17 de mayo de 2017

La crisis del sindicalismo andino: resumen

El presente texto es un resumen de la ponencia que presente en el último Congreso 2017 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) del presente año y que tiene por nombre: "Acción sindical y negociación colectiva en un contexto de crisis en el área andina".

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Entendemos por “sindicalismo andino” a la acción conjunta de las centrales sindicales nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Las cuales van a utilizar y constituir en diferentes momentos, instancias de coordinación orgánica como el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) y la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA). A la vez, serán parte activa en instancias continentales como la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) o el Encuentro sindical Nuestra América (ESNA), participando además en propuestas como la “autoreforma sindical”.

El presente texto busca indagar en las razones por las cuales, el sindicalismo andino, no ha logrado consolidarse en la última década a pesar de contar con recursos materiales, humanos y simbólicos importantes y parece condenado a una “debilidad estructural”. Precisamente cuando en el Cono Sur, Norteamérica y Europa se discuten procesos de unión renewal (revitalización sindical), es pertinente analizar los casos fallidos como el del sindicalismo andino.


A manera de resumen

Como hemos visto, el sindicalismo andino llega a la crisis económica del 2008 con un conjunto de problemas, limitaciones y amenazas que eran parte de su propia crisis. La crisis sindical existente era el resultado en primer lugar, del conjunto de cambios operados en la economía y el mercado laboral desde los años 50s; en segundo lugar, de las reformas neoliberales que se inician en los 80s, de las respuestas sindicales dadas a ambos procesos y del nuevo mercado laboral que surge de dichas reformas.

De esta manera, se ha configurado un sindicalismo andino que es diferente a los otros actores sindicales del continente. Comparte con ellos, los problemas comunes como la baja afiliación y la dependencia de la política, ya sea gubernamental o de oposición. Coexiste en un mercado laboral de unidades pequeñas de producción, con un sector de servicios y comercio importante. A la vez, es un sindicalismo descentralizado, con predominio de sindicatos y negociación colectiva a nivel de empresa (Ermida, 1987). Los empresarios andinos han sido renuentes a establecer mecanismos de diálogo social por lo que las relaciones laborales en la subregión están marcadas por una excesiva intervención del Estado, que ha buscado instrumentalizar a los sujetos sindicales en diferentes momentos de su historia. Se trata también de gobiernos que han implementado políticas neoliberales que suponen el debilitamiento de la administración del Trabajo.

El escenario heredado reduce y restringe al sindicalismo en determinados lugares, sectores y grupos: es mayormente urbano, antes obrero/minero/petrolero y ahora más empleado administrativo estatal o paraestatal; predominantemente masculino y adulto. Los liderazgos de caudillos y las divisiones son parte de su identidad también.

Frente a este amplio conjunto de problemas y retos, el sindicalismo andino va responder con diferentes estructuras y estrategias. Hemos visto varias de ellas y las más cercanas a la subregión son las de la CCLA/CCSA; el movimiento de autoreforma sindical y la plataforma ESNA. Cada una de ellas, aparece de manera directa o indirecta como una respuesta a la “crisis del sindicalismo” en América latina o la región andina específicamente.

Hemos visto, que la CCLA/CCSA representa un intento original por articular una instancia de organización a nivel andino que supera las diferencias de afiliación internacional. Probablemente, este elemento sea su mayor virtud, a la vez, su principal debilidad fue la precariedad económica que en un principio pensó resolverse utilizando la estructura de la CAN o la cooperación española. La transición de CCLA a CCSA fue un proceso inevitable ante el cambio de escenario regional, la crisis económica y la necesidad de afirmar una voz autónoma. Sin embargo, esto último fue lo más complicado de realizar.

Dos procesos van a diluir esta experiencia, por un lado, la crisis económica afectó las economías europeas por lo que los flujos de cooperación destinada a proyectos sindicales fueron cancelados o derivados a otras regiones; por otro, la activa presencia de la CSA en la región, y luego el propio ESNA, hacía que las instancias plurales como la CCSA fueran vistas con menos entusiasmo.

El movimiento de la autoreforma sindical, también se diluye casi por las mismas razones. Las iniciativas regionales demandan mayores recursos económicos, para poder desarrollar sus actividades, y efectivamente, la crisis económica fue un elemento central en la suspensión de actividades del GTAS. Pero no el principal a nuestro juicio.

El discurso sindical tradicional está orientado a responsabilizar a los gobiernos, empresarios o al imperialismo de los problemas del sindicalismo. Sin duda, el diseño del mercado laboral con sus inequidades e injusticias y sus consecuencias en el sindicalismo están relacionados con las acciones de dichos actores. Sin embargo, es claro también que el propio actor sindical es responsable de una parte de los problemas que enfrenta. Se dice que Bruno Trentin, señalaba que, si bien el sindicato era responsable de un 5% de esos problemas, ese 5% representaba el 100% de responsabilidad del sindicato.

El elemento original en el movimiento de la “autoreforma sindical” fue asumir completamente ese “porcentaje de responsabilidad” y buscar respuestas a dichos problemas. Una propuesta así era inevitable que encuentre resistencias en el propio movimiento sindical. Por ejemplo, tanto en la CUT Colombia como en la CGTP de Perú se desarrollaron amplios debates alrededor de la afiliación directa, la cuota de género, la participación de los jóvenes, la negociación por rama. En todos ellos hubo posiciones sindicales que buscaban mantener la situación presente o limitar los cambios propuestos. El proceso los entendía como “inercias institucionales” pero representaban realmente posiciones orgánicas en contra de los cambios (Orsatti, 2010).

En la medida que la autoreforma sindical se desarrollaba principalmente dentro de la estructura de la CSA, se vio influida por las diferencias internas de dicha central. De esta manera, se van creando las condiciones para reorientarla como efectivamente ocurre en el tercer congreso de la CSA en el 2016.
El caso de la ESNA es interesante porque incorpora el carácter plural por encima de las afiliaciones internacionales que hemos visto en los casos de la CCSA y de la autoreforma. Pero mientras que, en los casos anteriores, la apertura proviene de las organizaciones vinculadas a la CSA que incorporan a centrales independientes como la CUT Colombia (en un primer momento) o afiliadas a la FSM como la CGTP de Perú; en este caso, son las centrales más a la izquierda (PIT-CNT de Uruguay y CTB de Brasil) quienes abren un espacio para que las centrales afiliadas a la CSA puedan participar.

Probablemente, la ventaja del ESNA radique en sus modestos objetivos. Sin una estructura permanente, con una coordinación que va rotando entre cada encuentro, con documentos que principalmente buscan ordenar una agenda de movilizaciones, era factible pensar que puede mantenerse vigente. El ESNA ha tenido una presencia menor en el área andina, pues solamente en Quito y Caracas se han realizado reuniones.

El elemento característico del ESNA es su identificación con una propuesta política de izquierdas. Es lo que Boix denomina la “dependencia de la política” frente a la autonomía de lo sindical (Boix, 2011). Se trata de una doble relación, que supone la dependencia sindical frente a los partidos o gobiernos de izquierda entendiéndose como correas de trasmisión; pero también supone, en contextos adversos, donde no hay un proyecto o gobierno de izquierdas, que el sindicato pretende sustituir al partido (Boix, 2011).

Las Declaraciones del ESNA oscilan entre esos extremos pasando del apoyo a propuestas y gobiernos, a la definición de objetivos políticos no articulados a la problemática sindical y sin una coordinación con partidos u organizaciones políticas locales.

Los problemas que enfrenta el ESNA se deducen de lo anterior. En primer lugar, quedar subordinado al destino de los gobiernos progresistas en la región, en el caso andino, se trata de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En segundo lugar, convertirse en un espacio de agitación política sin mayor relevancia en las relaciones laborales o la acción sindical andina.

La crisis del sindicalismo andino que venía de fines del siglo XX no ha logrado ser atenuada o resuelta con las propuestas planteadas desde inicios del presente siglo. Los indicadores de densidad sindical permanecen inmóviles y no hay signos visibles de cambios en la negociación colectiva.

La situación del sindicalismo andino es de una “debilidad estructural”, es decir, las relaciones entre la estructura económica, el mercado, las relaciones laborales y el poder político limitan las posibilidades de organización y acción sindical. Al ser un movimiento sindical de baja afiliación, su capacidad para incidir de manera autónoma, en alguno de estos espacios es mínima.

Debilidad en afiliación sindical y negociación colectiva

Las tasas de afiliación sindical se mantienen por debajo del 10% en la región. A pesar de los esfuerzos por incorporar tanto a sectores tradicionales como nuevos, no hay mayores cambios en los indicadores. Se trata de un sujeto sindical reducido y esto tiene consecuencias en el mercado laboral, como ocurre en Japón y Europa.

“El segundo catalizador estructural es el proceso de desindicalización, que tiene un efecto especialmente fuerte en el Japón, seguido por los países de Europa continental (con la excepción de España). El debilitamiento del poder sindical ha tenido un impacto mucho menor en los salarios de los países anglosajones, que son representativos del paradigma de los mercados desreglamentados, y prácticamente no ha tenido incidencia alguna en los países nórdicos. Esto confirma los resultados bastante generalizados de muchos otros estudios de que el poder sindical no tiene gran influencia en el mercado laboral de estas economías.” (Judzik y Sala, 2013)

A partir del estudio de Beneyto y Orsatti (2015) podemos confirmar que la debilidad en la afiliación sindical está vinculada con la baja cobertura de la negociación colectiva. Esta relación se explica por la estructura sindical predominante en la región andina, que es el sindicato de empresa.

Dicha estructura sindical limita el alcance de los convenios colectivos y evita como hemos señalado, que se aplique el principio jurídico del erga omnes en la región. Como indica Boix (2011) la empresa debe ser el punto de partida de la organización sindical, pero no el de llegada. El “sindicato de empresa” convierte a la empresa en el marco esencial y generalmente único de solidaridad, reivindicación y movilización. Así, el ámbito de definición de las condiciones básicas de trabajo es la empresa antes que el sector o rama de producción.

Más aún, porque la negociación colectiva por empresa promueve un sindicalismo centrado en el control del puesto de trabajo, en la defensa de la estabilidad en el empleo. Lo que se denomina, un sindicalismo de “job control” que por estar basado en la estabilidad laboral tiende a discriminar a otros colectivos laborales, incluso dentro de la misma empresa (Zapata, 2003).

Cambiar esta situación implica incrementar la afiliación sindical y presionar para que los gobiernos prioricen la negociación colectiva por rama.

“Sin duda, sería deseable que los sindicatos fueran lo suficientemente fuertes como para aumentar la tasa de sindicación a través de campañas activas hasta alcanzar el punto en el que su propio poder negociador autónomo les permitiera volver a sentar a los empleadores en la mesa de negociaciones y de este modo incrementar la tasa de cobertura de los convenios colectivos. Sin embargo, en la actualidad esta perspectiva parece muy poco probable. Además, los sistemas de negociación completamente autónomos sin apoyo del Estado son muy vulnerables.” (Bosch, 2015, p. 67)

Efectivamente, en las actuales condiciones para el sindicalismo andino, la perspectiva de cambiar la estructura sindical y negocial es poco probable.

Debilidad en organización y autonomía

El esfuerzo por construir una coordinadora sindical andina no logró sostenibilidad económica, política ni orgánica. Hay un conjunto amplio de factores que determinaron que dicha propuesta se diluya luego de algunos años, pero el factor determinante nuevamente fue la reducida tasa de afiliación sindical.

Esto no supone que en determinados sectores económicos y en coyunturas específicas, algunos sindicatos, generalmente en alianza o subordinados al poder político, puedan efectuar acuerdos o defender posiciones de manera exitosa.

Ciertamente, esto es posible porque como señala Padrón:

“el sindicato representa a sus afiliados como cualquier otra institución o asociación representa a sus miembros. La representatividad es otra cosa: se refiere a la capacidad de convocatoria, arrastre o movilización del sindicato; cuando este la posee, sus convocatorias desbordan la cantidad de afiliados e interpelan al conjunto de los trabajadores. (…) Por lo tanto, es más importante la representatividad que la representación, si bien hasta cierto punto esta última opera como un requisito necesario –aunque no suficiente– para alcanzar la primera. (Padrón, 2011)

El sindicalismo andino mantiene ciclos de movilización dependiendo de las coyunturas políticas y económicas. Pues, la debilidad estructural del mismo reduce la autonomía sindical, es decir, la capacidad del sujeto sindical de establecer objetivos, líneas de acción y estrategias independientes de los poderes políticos o económicos.

Como señala Boix, esta dependencia tiene dos aspectos. El sindicalismo andino queda subordinado a partidos o gobiernos, o su acción busca reemplazar a los partidos. En el caso andino hemos visto que ambos elementos están presentes.

Las opciones estratégicas del sindicalismo andino oscilan entre el movimientismo en apoyo u oposición a un gobierno; o la participación en proyectos políticos. Zapata (2003) en su descripción de la crisis del sindicalismo latinoamericano a inicios del presente siglo señalaba que existían tres modelos de acción del sindicalismo político: a.- confrontacional y rupturista. b.-reformista y c.- politización de lo sindical. En el caso andino, hemos visto que predomina la última, pero con resultados limitados.  

Como hemos visto, las condiciones estructurales en que se desarrolla el sindicalismo andino imponen serias limitaciones a la capacidad del sujeto sindical para modificar su situación. Si bien esta es una situación general, no impide que existan núcleos particulares que estén logrando mejoras sustantivas. Lo que se cuestiona, es la idea que dichas mejoras tienen un efecto acumulativo o de incidencia en el escenario general.

En un escenario así, solamente un cambio externo –un largo ciclo de crecimiento económico acompañado de un contexto político favorable y una propuesta política centrada en el trabajo-  podría incidir positivamente en la situación del sindicalismo andino.

2.                     Referencias


Beneyto, P. J. y Orsatti, A. (2015). Densidad sindical y negocial en Europa y América Latina. ALAS. Congreso ALAS, San José.

Boix, I. (2011). La “Autoreforma” del sindicalismo latinoamericano como expresión de la autonomia sindical. En GTAS (Ed.), Procesos de autoreforma sindical en las Américas. Sao Paulo: CSA.

Bosch, G. (2015). Negociación colectiva en declive y desigualdad en aumento. Análisis comparado de cinco países de la UE. Revista Internacional del Trabajo, 134(1), 65–74. https://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2015.00235.x

Ermida, O. (1987). Las relaciones de trabajo en América Latina: Problemas y tendencias actuales. THĒMIS-Revista de Derecho, (8), 15–20.

Judzik, D. y Sala, H. (2013). Productividad, desindicalización y comercio: efectos sobre el salario y la participación de la renta del trabajo. Revista Internacional del Trabajo, 132(2), 233–266.

Orsatti, A. (2010). El proceso de Autoreforma Sindical en la Región Andina. Lima.

Orsatti, A. (2016). Densidad aslariada, sindical y negocial en las Américas. En C. Ledesma y A. 

Orsatti (Eds.), Panorama Laboral Normativo. En materia de libertad sindical y negociación colectiva en América Latina y Caribe. Sao Paulo: CSA.

Padrón, A. (2011). Internacionalismo y renovación: Los desafíos del sindicalismo. Nueva Sociedad, (232), 71–85.

Ruiz, J. (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Forum: Qualitative social research, 10(2), 26. Recuperado de http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902263

Ruiz, S. (2011). Una aproximación al Análisis Sociológico del Discurso: Una apuesta por la razón práctica.

Zapata, F. (2003). ¿Crisis del sindicalismo en América latina?: Helen Kellogg Institute for International Studies.