23 de febrero de 2017

¿Quieres ganar más? Afiliate a un sindicato


Hace poco, la empresa consultora Mercer, presentó un estudio de convenios colectivos en el Perú, en diferentes sectores realizados durante el 2016. Y señala que en promedio, se registra un incremento del 5.10% en las remuneraciones negociadas en dichos convenios. Esta información proviene de una nota publicada en la prensa que además precisa que el estudio de Mercer se basa en empresas de diversos rubros como Bienes de Consumo (49%), Otros No Industriales (11%), Otros Industriales (11%), Logística (7%), Minería y Metalurgia (7%), Life Sciences (7%), Tecnología (4%) y Energía (4%), con una data salarial de mercado para cinco niveles de cargos.

El estudio no es público al parecer y solamente se distribuye a los suscriptores de la consultora, pero la información que recoge la nota periodística es bastante interesante si comparamos con el 3.23% de inflación en el mismo periodo (2016). 

Un trabajador o trabajadora sin negociación colectiva no ha recibido aumento de remuneraciones durante el 2016 y por efecto de la inflación su poder adquisitivo se ha reducido. En cambio, un trabajador o trabajadora que está afiliado a un sindicato, no sólo se defiende de la inflación, sino que incrementa su poder adquisitivo.

Este incremento de remuneraciones podría tener un mayor impacto en la economía general del país salvo por un detalle: la reducida tasa de afiliación que tiene el país.  En el Perú, de cada 100 trabajadores, no más de 9 cuentan con un sindicato. El resto, es decir, 91 trabajadores no tienen ni sindicato ni negociación colectiva. 

Cualquier política de empleo debe partir de esta situación. Es decir, que la negociación colectiva es un mecanismo eficaz para defender las remuneraciones, pero requiere de apoyo del Estado para extenderse en el mercado laboral. 

Por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras deben saber que si desean defender sus ingresos, deben constituir un sindicato. 

22 de febrero de 2017

Traducción de una entrevista al Ministro de Trabajo


El pasado 21 de febrero de 2017, el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados dió una entrevista al diario La República. Aquí el enlace: https://goo.gl/IovIQK

La entrevista es significativa por lo que señala el ex-funcionario de la empresa Backus y actual Ministro de Trabajo. Básicamente, anuncia la "reforma laboral" que la derecha empresarial ha estado pidiendo desde inicio del actual gobierno. Una reforma desreguladora que el candidato PPK anunció que NO se iba a dar, pero que ahora, el Presidente PPK, parece interesado en apoyar.

La entrevista no tiene desperdicio. Les adjunto en cursiva, las declaraciones del ministro de trabajo y luego comento (o traduzco) cuando corresponde.

El Ministro dice:
"Trabajamos muchísimos temas, pero con diálogo y acercamiento entre los involucrados a través de mecanismos como el Consejo Nacional del Trabajo, comisiones consultivas, técnicas, bilaterales. Antes de abrir el debate más político, hay que trabajar internamente, y es lo que venimos haciendo."

¿No sería más lógico definir primero el sentido político de los temas y luego ver la parte técnica? El Consejo y las comisiones consultivas, técnicas, bilaterales, etc. han sido el mecanismo utilizado para dilatar el necesario debate político en materia laboral. Lo que no tenemos es precisamente un debate "político" del tema. 

El Ministro dice:
"El trabajador está muy desprotegido y hay que ocuparse de ellos. Sunafil tiene poco tiempo de existencia y es un proceso."

Nótese la perspectiva del Ministro sobre los trabajadores. No son sujetos de derechos sino de conmiseración. El viejo paternalismo de las relaciones laborales. 

Y SUNAFIL existe desde el 2012. Es decir, ya tiene 4 años. Y su la formación fue discutida cerca de dos años. Hay estudios que señalan claramente cuáles son los problemas y limitaciones de dicha institución: Más recursos, más inspectores con mejores remuneraciones y especialmente una política clara de fiscalización.  

El Ministro dice: 
"(Buscamos) la simplificación de regímenes laborales. Que no sean más de tres: un régimen general, respetuoso de derechos sin sobrecargar al empleador; uno promotor de exportaciones; y otro para la micro y pequeña empresa."

Al parecer sólo el primero será respetuoso de los derechos laborales, pero "sin exagerar". Y se mantienen los dos regímenes que más críticas han recibido y cuyos resultados son modestos: el de exportaciones y el de MYPES. En ambos, en base a los contratos temporales, se inhibe el ejercicio de los derechos sindicales.

El Ministro dice:
Otro gran tema es facilitar el ciclo laboral: los mecanismos para contratar mano de obra, desarrollarla y concluir el ciclo laboral."

¿Facilitar el ciclo laboral? Traducción: facilidad para contratar y facilidad para despedir. Más claro: Contratos sin trámites y despidos baratos. Allí está tu reforma CONFIEP. 

Sobre SUNAFIL el Ministro dice: :
"Su presupuesto anual bordea los 90 millones de soles. Hasta fin de año nos gustaría aumentar a 30 millones, con lo que podremos cumplir los objetivos del año. Con mejores resultados, se puede llegar entre 150 y 180 millones en dos o tres años."

SUNAFIL necesita más recursos pero sobre todo una dirección clara centrada en la fiscalización. Y de eso no dice nada el Ministro Grados. Por el contrario, ha declarado en otras entrevistas que más que fiscalizar SUNAFIL debe ser "amigable" con las PYMES, que como señalan muchos estudios, es el sector donde más se vulneran los derechos laborales. 

Finalmente, llama la atención que el Ministro de Trabajo, hablando de una propuesta de "reforma laboral" no menciona a los sindicatos. Señala como un espacio más, sin mucha importancia, al Consejo Nacional de Trabajo donde participan los empresarios y la CGTP (y las otras centrales menores). Pero para el Ministro Grados, el actor sindical es invisible. Lamentable. 

30 de enero de 2017

¿Por qué es importante SUNAFIL?


En algunas horas muy probablemente el gobierno designe a Sylvia Cáceres como nueva Superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La CGTP ha expresado su rechazo a dicho nombramiento en base a la experiencia con dicha funcionaria en el Ministerio de Trabajo.

En el Perú se violan sistemáticamente las normas laborales. Las normas que regulan los contratos, que muchas veces son "desnaturalizados", es decir, te contratan para una cosa específica pero terminas haciendo otra, o por otro precio o en otro horario. O no te dan un contrato escrito. O no estas registrado en una planilla. O no pagan lo que te descuentan para ESSALUD. O no te pagan cuando deben hacerlo.

No se respetan las normas sobre salud y seguridad. No se elije al comite paritario, ni se brindan capacitaciones ni implementos de seguridad. Muchos trabajadores y trabajadoras laboran en las mismas condiciones que hace 100 años. Expuestos a sustancias peligrosas.

No se respetan las normas en el pago de remuneraciones, vacaciones, horas extras y gratificaciones. Las empresas aún pagan sin planilla, dinero en mano. Las horas extras no se reconocen. Y muchos empresarios suponen que el periodo de prueba es "gratis".

Pero cuando los trabajadores o trabajadoras quieren organizarse para que se respeten dichas normas, los empresarios violan las normas que protegen la "libertad sindical".

Amenazar a un trabajador por querer formar un sindicato es ilegal. Cambiarlo de puesto, turno o local por la misma razón es ilegal. Dar sobornos para que no se forme un sindicato es ilegal. Un empresario que habla mal de la CGTP ante los trabajadores esta cometiendo un acto ilegal. Despedir a un trabajador o trabajadora por afiliarse a un sindicato es ilegal.

Todas estas acciones conforman decenas de miles de historias verdaderas, de personas reales, de trabajadores y trabajadoras que ven conculcados sus derechos día a día, en todo el país. De Tumbes a Tacna, de Lima a Iquitos, en todo el país, se violan las normas laborales.

Para revertir esta situación se requiere de un sistema de fiscalización laboral que fiscalice de verdad. Que vigile y sancione a las empresas que violan los derechos laborales sin importar el tamaño de la billetera del empresario. En diversos estudios, esta claramente demostrado que los sistemas de fiscalización laboral son eficaces cuando: 
  1. Hay una voluntad política en la dirección de la instancia y el gobierno para fiscalizar a las empresas
  2. Se dispone del personal en cantidad y calidad profesional adecuado. 
  3. La instancia encargada cuenta con recursos materiales adecuados para desarrollar su labor sin interferencias

De estos criterios, el más importante es una decidida voluntad para fiscalizar adecuadamente a las empresas. Para que el gobierno brinde un mensaje claro a los actores del trabajo acerca del sistema de fiscalización. Se requiere que la SUNAFIL este dirigida por una persona que entienda los principios del ius laboralismo y que no tema enfrentarse a los grandes intereses empresariales. Que a la vez, discuta con los sectores pro-empresa en el poder ejecutivo que buscan limitar al ministerio de trabajo, ningunearle el presupuesto y desvirtuar las funciones de la SUNAFIL, para convertirla en una agencia de capacitación laboral. 

Lamentablemente, la trayectoria de Sylvia Cáceres dista mucho de esto. Ella no es la persona indicada. No ha demostrado ni autonomía ni voluntad cuando fue viceministra. Como señala la CGTP, su gestión es recordada como una larga e interminable espera de medidas, normas, reglamentos, revisión de leyes, informes de comisiones que nunca llegaron. Su gestión se caracterizó por dilatar toda decisión importante y en beneficio de los trabajadores. Es lo que se conoce como una gestión "mecedora". 

En materia de relaciones laborales en el país, "mecer a los trabajadores" es decir, la demora, el retraso de una respuesta; el "no hacer olas" frente a los problemas laborales solamente sirve al empresariado. El gobierno señala que es su potestad nombrar al funcionario que desee. Es cierto, pero es también potestad de las organizaciones de trabajadores expresar su malestar. Y entiendo, que el anunciado nombramiento de Sylvia Cáceres en la dirección de SUNAFIL será causa y razón de mayores conflictos laborales. 

25 de enero de 2017

El Partido Conservador avanza y ¿dónde esta la sociedad civil?

Así discute la iglesia católica

La derecha más conservadora avanza cobijada por el fujimorismo y la debilidad de un gobierno de tecnócratas que se imaginan liberales. Y debemos ser claros, esa derecha es una fuerza esencialmente conservadora, reaccionaria, intolerante y violenta. No son mayoría, afortunadamente, pero son un grupo bien organizado, con recursos y muchas puertas abiertas en las empresas y la administración pública. 

La vanguardia de esta derecha conservadora son las iglesias en el Perú. Tanto las múltiples iglesias denominadas evangélicas como la inmensa iglesia católica representan realmente al "Partido Conservador" en nuestro país. 

En la última década, producto del mercado mundial, la globalización y el crecimiento desigual de nuestra economía, se han logrado tímidos avances en el ejercicio de algunos derechos civiles. 

El peruanísimo racismo que practicamos entre nosotros se volvió cada vez más intolerante. El acceso de sectores mestizos con un mayor poder económico a los espacios tradicionalmente "blancos" generan roces y tensiones. Pero el "mercado" no cree en castas ni colores. Más que un avance sustancial de la conciencia ciudadana, los letreros en contra de la discriminación que lucen los establecimientos comerciales en Miraflores o San Isidro son la presión de las fuerzas económicas. Pero da igual. El racismo es cada vez, peor visto y eso esta bien. 

A la luz de estos cambios, se han logrado algunos avances en materia de lucha contra la discriminación étnica, pero también de género y finalmente contra las fobias a la comunidad LGTBI. 

Con el triunfo explícito de la derecha en las ultimas elecciones, el "partido conservador" ha pasado a la ofensiva. Su estrategia es muy perspicaz. Es claro que oponerse al matrimonio igualitario resulta una causa perdida a largo plazo, algo similar pero más lento ocurrirá con la legalización del aborto. 

Pero, aparecer como "los defensores de los niños y niñas" frente a la "perversión" de los contenidos educativos en estos tiempos resulta rentable. Así, curiosamente la principal institución acusada de violentar menores de edad se presenta como defensora de la niñez.  

El "partido conservador" tiene un objetivo bastante claro y concreto. Quiere eliminar el término "genero" del debate público, del discurso oficial, de todo documento estatal. Ahora es el turno del Curriculo Nacional. Este documento representa las líneas generales de los contenidos formativos que debe impartir el sistema educativo nacional. Es entonces, muy importante.  

La defensa del gobierno frente al ataque del "partido conservador" es de pena. PPK cree que puede "negociar" con ellos. Que "cediendo" un poco los va a contentar. Que puede llegar a un punto medio a partir de argumentos, ideas y buenas intenciones. Tonto. 

Los "conservas" no discuten. No negocian. No escuchan. No se contentan con un 50%. Ellos administran una verdad revelada por nada menos que "dios". ¿Cómo discutes con un enviado de dios? O más exactamente ¿cómo discutes con una persona irracional? Ellos quieren todo.  

El gobierno da pena. En eso, estamos de acuerdo. Pero ¿y la sociedad civil? ¿Por qué es tan difícil para los y las feministas organizarnos y dar la pelea frente a los conservas? Hay muchos compas que están discutiendo con las personas que en los paraderos levantan con sus banderolas atorrantes contra la perspectiva de género y repiten dos frases de memoria. Bien, compas
. Buen trabajo. Pero no basta. 

El enemigo es la Iglesia Católica. El enemigo son las iglesias evangélicas. El enemigo son un montón de obispos, es decir un montón de viejos, solteros, que no trabajan y que quieren prohibir la educación sexual en los colegios. O reducirla a "la abstinencia como camino de virtud". Criminales. 

Las ONGs deben hacer eso que saben, sacar comunicados. Los colectivos y partidos deben hacer plantones en las iglesias. Plantones en el Episcopado. Plantones en la Catedral. En las iglesias evangélicas. Los sindicatos deben movilizarse contra el partido conservador. 

Y finalmente ¿dónde están los cristianos de izquierda? ¿No había en el Perú un movimiento y personalidades que defendían la renovación y crítica al lado más oscuro de la iglesia católica? ¿Fueron derrotados?, ¿están escondidos?, ¿o están de acuerdo con eliminar la palabra "género" de nuestro vocabulario? 

Si el Partido Conservador gana esta pelea -y tal como van las cosas, así será- nuestra sociedad estará condenada al oscurantismo, a la mentira, a la superstición por mucho, mucho tiempo. Y es allí, cuando los poderosos resultan más impunes e incuestionables. 

18 de enero de 2017

Democracia en el centro de trabajo



"Está prohibido en el centro laboral discutir de temas políticos"
"No está permitido traer materiales impresos de contenido político al centro de trabajo"
"Todas las publicaciones que se distribuyan a los trabajadores en el centro laboral deben ser autorizadas por la Gerencia"
"No están permitidas las reuniones en el centro laboral incluyendo el comedor"

Reglamentos Internos de Trabajo de diversas empresas en Lima

¿Quedan suspendidas las libertades democráticas cuando un ciudadano ingresa al centro laboral? El Derecho del Trabajo piensa que no. Asimismo, la acción sindical a lo largo del tiempo y en los diferentes países ha estado orientada precisamente a garantizar dichas libertades. La racionalidad económica se encuentra en permanente tensión con la racionalidad política. Y el espacio donde más claramente se observa esta tensión es en el centro de trabajo. 

¿El centro de trabajo es "territorio ocupado" por el capitalismo? ¿Puede la democracia ingresar a dentro de la fábrica o debe quedarse en la puerta? Estas son preguntas pertinentes en cualquier sociedad democrática. 

En el Perú, precisamente éste es uno de los temas que menos se ha discutido desde la reforma laboral fujimorista. Desde entonces hemos asumido que la fábrica, el taller, la oficina y cualquier centro laboral son coto exclusivo del poder patronal. La ley del patrón es la que impera dentro de las fábricas. 

Esta racionalidad autoritaria obviamente no es exclusiva de nuestro país y supone dos niveles importantes. Un primer nivel, se extiende en todo el capitalismo, por la lógica del modelo taylorista, que sacrifica los múltiples saberes del trabajo en función de un único saber empresarial que se expresa en la "organización científica" del proceso productivo. La empresa taylorista no esta interesada en "escuchar" a los trabajadores, sino en "utilizarlos" como piezas de la gran maquinaria industrial. La disciplina taylorista es una exigencia de la eficiencia del capital. 

Un segundo nivel, se construye sobre esta disciplina y avanza más allá del ámbito de la producción para limitar el ejercicio de ciudadanía dentro del centro laboral. De esta manera, se construye un centro de trabajo sin ciudadanía, apolítico, neutro, intolerante, acrítico. Las libertades constitucionales se estrellan en los muros de cualquier empresa. Los trabajadores dejan la ciudadanía en el casillero y se convierten en obreros y empleados sin libertades civiles. 

El mecanismo que permite esto es la idea que la patronal tiene el "derecho sagrado" de "disciplinar" el centro de trabajo. Pero no es así. Legalmente, la dirección de una empresa tiene la potestad para regular el proceso productivo y determinar -con limitaciones- turnos, horarios, descansos y funciones- pero dicha regulación debe realizarse en coordinación con la opinión del colectivo laboral y definitivamente no puede poner "en paréntesis" la libertad de expresión ni mucho menos las libertades sindicales. Como nos recuerda Antonio Baylos, el Derecho del Trabajo existe precisamente para construir la "libertad en el trabajo" antes que la "libertad del trabajo". 

Sin embargo, en nuestro país, mediante los Reglamentos Internos de Trabajo, es decir, mediante un documento redactado unilateralmente por las direcciones de las empresas, se logra regular por encima de la normativa laboral, por encima de la propia Constitución y de los Convenios Internacionales de la OIT. 

No existe ningún mecanismo legal para que los trabajadores puedan observar dichos documentos. Bueno, un trabajador podría hacer una denuncia judicial, pero en serio, ¿ése es el único medio para recusar un Reglamento Interno de Trabajo de una empresa?


Es decir, si hasta hace poco, los empresarios trataban de ser discretos y sutiles en las limitaciones anticonstitucionales que establecen dichos Reglamentos. Con la nueva norma, no tendrán ningún límite. Libertad absoluta para los empresarios. Poder de clase, le dicen. 

Ya nos imaginamos que suerte de campo de concentración van a establecer nuestros buenos empresarios en los próximos Reglamentos Internos de Trabajo.  

-Buen trabajo, Mr. Toyama- agradece la CONFIEP. 

La violencia en la democracia capitalista



“Nuestro objetivo es la completa libertad, justicia e igualdad, por cualquier medio necesario.” Malcom X

¿Pueden considerarse legítimas las manifestaciones ciudadanas de violencia en una sociedad democrática? Una respuesta inmediata es que no, en tanto el orden democrático supone la existencia de medios institucionales para resolver los conflictos. De esto se desprenden algunas ideas. Una primera es que la democracia se construye sobre la contradicción entre la igualdad jurídica y la desigualdad económica. Como señalaba Marx, bajo la imagen de una igualdad jurídica se esconden las desigualdades económicas y sociales propias de una sociedad de clases.

Un segundo tema es que en a partir de estas desigualdades, se reconoce y acepta la idea del conflicto social. La democracia es un orden que implica la existencia de diferentes actores e intereses diferenciados. Mayorías y minorías contingentes. Es decir, los actores no van a defender los mismos intereses siempre. La democracia liberal no supone la existencia de un “bien común” que sea generalizable para todos los actores.

Entonces, la relación entre democracia y capitalismo siempre implica tensión. La desigualdad provoca conflictos. En un orden democrático se supone que deben existir los “canales institucionales”, es decir, los procedimientos para que el conflicto sea presentado, discutido y eventualmente resuelto. Mientras más desigual sea un país, mayores canales debe disponer para resolver los conflictos sociales. Si no existen estos medios, el conflicto deviene en violencia social.

Ahora bien, nuestro país registra niveles muy altos de desigualdad económica y social. No somos solamente una sociedad donde coexisten la pobreza rural extrema junto con los niveles más altos de lujo y riqueza; sino que estas diferencias están subrayadas por las características étnicas de las personas. Somos un país desigual, racista y discriminador.

Y esto supone un nivel de violencia social muy alto. En los años 70s se hablaba de la “violencia estructural” es decir, aquella que está implícita en las desigualdades sociales y económicas que limitan, cercenan y distorsionan las posibilidades de una mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

Violencia estructural es por ejemplo, toda la normativa laboral, que basada en la flexibilización del trabajo supone el más sencillo mecanismo de despido que es el “contrato temporal”. Es también violencia, los 850 soles de remuneración mínima vital, cuando sabemos que una familia requiere más del doble para cubrir sus necesidades básicas. Es también violencia, el régimen laboral en los sectores textil y agrario, que privan del derecho de sindicalización y negociación colectiva a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Como es violencia, prohibir a los trabajadores estatales su derecho a negociar colectivamente aumentos de remuneraciones. Toda esta violencia implica un amplio conjunto de conflictos sociales que van estallando con regularidad. 

Nuevamente, entonces ¿pueden existir manifestaciones ciudadanas legítimas de violencia en una sociedad democrática? La izquierda debe reconstruir el discurso donde el conflicto social no es la excepción, lo extraño, lo extra-ordinario, sino un componente fundamental de la vida social. Y con el conflicto como parte fundamental del orden social, podremos entender la legitimidad de la violencia social cuando no existen los canales institucionales eficaces para resolver los conflictos. Si un sindicato realiza una huelga legal y el ministerio de trabajo no interviene ante la indiferencia de la empresa ¿deben los trabajadores radicalizar su medida de lucha? Si. Los trabajadores organizados tienen el derecho de hacerlo.

Si miramos más allá de nuestras fronteras, tenemos a los jóvenes que viven en las Banlieue -esa suerte de guetos en las afueras de París-, donde la tasa de desempleo es del 70% y que cada cierto tiempo protagonizan enfrentamientos entre grupos rivales quemando decenas de automóviles. Ellos son una expresión de esa violencia social producto de condiciones difíciles. Salvo la derecha extrema, los demás actores políticos entienden que dichas expresiones de violencia son una consecuencia de las desigualdades sociales y económicas. Y que para evitar dichos enfrentamientos debemos resolver sus causas, no las consecuencias.

En el Perú por el contrario, la élite política, los medios de información y gracias a ellos, el ciudadano de a pie, han aprendido a olvidar las desigualdades y fijarse solamente en la violencia, criminalizando cualquier forma de protesta. En parte, por un uso interesado de la memoria sobre el senderismo, que ha normalizado el rechazo a toda forma de violencia cuando tiene un contenido social o político y proviene de los sectores pobres de la sociedad.

Cuando ocurren los hechos violentos en Puente Piedra, ni la prensa ni las autoridades se preguntan por las causas y razones de los ciudadanos que lanzan piedras. Se trata simplemente de registrarlos por las cámaras de la prensa para que sean detenidos por la policía. Y sin embargo, creemos que un ciudadano o ciudadana perfectamente racional puede en la democracia peruana, luego de agotar todas las formas establecidas para expresar su rechazo a una medida legal y ante la indiferencia del Estado, lanzar una piedra a ese Estado que no cumple las funciones para la que está designado. Y ser éste un acto completamente legítimo.

En la novela de ciencia ficción “Marte verde” uno de los personajes señala que “los gobiernos a lo único que le temen es a la gente en las calles”. Esta es una de las verdades más sólidas que existen. La izquierda peruana no debe olvidarla.

6 de enero de 2017

Comisión Consultiva de Trabajo

Hace unos días, el Ministro de Trabajo anunció mediante Resolución Suprema la designación de una Comisión Consultiva de Trabajo cuyo objetivo es "asesorar, analizar y absolver consultas y emitir opinión sobre políticas, estrategias y planes que el Ministro someta a su consideración".

La misma que esta integrada por:
  • Carlos Alfredo Villavicencio Ríos (Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú). 
  • Jorge Elisban Villasante Araníbar (Abogado, ex ministro del Trabajo y ex ministro de Agricultura). 
  • Luis Manuel Vinatea Recoba (Abogado Laboralista). 
  • Teresa Nancy Victoria Laos Cáceres (Ex ministra del Trabajo). 
  • Fernando Gonzalo Villarán de la Puente (Ex ministro del Trabajo). 
  • Franco Giuffra Monteverde (Empresario). 
  • Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki (Economista). 
  • Adolfo Alberto Ciudad Reynaud (Especialista de la Organización Internacional del Trabajo). 
  • Ricardo Miguel E. Jaramillo Baanante (Investigador de GRADE y Economista). 
  • Beatriz Regina Alva Hart (Abogada, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ex viceministra del Trabajo). 
  • Martín Alberto Carrillo Calle (Abogado especializado en temas laborales). 
  • José Luis Germán Ramírez Gastón Ballón (Abogado, docente y Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social).
Como vemos es una composición irregular. Destacan Alfredo Villavicencio, Adolfo Ciudad y Martin Carrillo del lado de los trabajadores y un académico como Miguel Jaramillo; pero se extraña la presencia de por lo menos alguien vinculado directamente a los sindicatos; más aún cuando hay un empresario como Franco Giuffra que opina lo siguiente:

"Con mucho acierto, el reciente paquete simplificador incluye cambios que hacen más simple el cumplimiento de algunas formalidades innecesarias en materia laboral. Se trata de un hecho sin precedentes. No hay memoria de ningún gobierno en las últimas décadas que se haya preocupado por reducir la maraña de exigencias laborales que abruman a las empresas y perjudican a los trabajadores. No son modificaciones que afecten derechos laborales esenciales." (Diario El Comercio, 01 diciembre de 2016)

Con un consejero así de entusiasta en desregular las relaciones laborales, ¿no hubiera sido equitativo incluir por lo menos a un sindicalista?

Podríamos también cuestionar la presencia de algunas figuras que realmente no han tenido una labor significativa en el ámbito de las relaciones laborales; y que se explican solamente por ser funcionales al gobierno de turno. 

Pero bueno, todo esto simplemente pone mayor responsabilidad en los comisionados cercanos al Derecho del Trabajo real, para expresarse alto y claro sobre las modificaciones que viene haciendo el Ministerio de Trabajo y que si afectan derechos laborales. 




7 de diciembre de 2016

Las relaciones laborales en el Perú: 2016

Nuestro recordado Ever Rodriguez. Buen dirigente de la CGTP
Las relaciones laborales en el Perú atraviesan uno de sus peores momentos. Es el resultado de un proceso que se inició en 1992 con la reforma laboral desreguladora de la dictadura fujimorista. Desde entonces, hemos tenido un marco normativo completamente parcializado a favor de los intereses empresariales. Como sabemos, las relaciones laborales comprenden a los trabajadores, empresarios y el estado. En cualquier sociedad más o menos democrática, estas relaciones se basan en respeto mínimo y el rol arbitral del Estado que vigila los intereses generales del capitalismo antes que intereses particulares de uno u otro grupo empresarial.

En general, los últimos gobiernos no han logrado restablecer un equilibrio mínimo en las relaciones laborales, predominando el modelo individualista y desregulador. Algunos cambios secundarios se lograron en el anterior gobierno en materia normativa, destacando la Ley de salud y seguridad impulsada por la CGTP, pero que ha sido rápidamente desvirtuada por los intereses empresariales.

En materia de afiliación sindical, no hay mucho que destacar. La norma es restrictiva e intervencionista en materia de afiliación y organización sindical. La tasa de afiliación está por debajo del 10% de la PEA asalariada urbana desde hace más de una década y es una de las más bajas de américa del sur. La norma exige un mínimo de 20 trabajadores y en el país, sólo el 10% de las empresas tiene más de 20 trabajadores en planilla. Los trabajadores sindicalizados son una minoría en el país y están asentados en los sectores más tradicionales: minería, construcción, manufactura y administración pública. Los sectores de comercio, servicios, tecnologías tienen una afiliación ínfima cuando no existente. Esto parece muy difícil de cambiar desde las propias fuerzas del sindicalismo.

En materia de negociación colectiva, los datos son igualmente preocupantes. Una sola negociación por rama (construcción civil) y luego numerosos convenios colectivos a nivel de empresa, con un promedio de menos de 100 afiliados por sindicato. La cobertura de la negociación colectiva se encuentra estancada en poco menos del 10% de la PEA asalariada que es más complicado, porque las huelgas exitosas no son muchas, tanto por su dificultad de convocatoria y por las trabas que pone el Ministerio de trabajo. 

Sin embargo, debemos señalar que hay un espíritu de lucha que va creciendo. Indeco realizó una huelga de 32 días y Papelera Nacional otra de 90 días, ambas exitosas. En la actualidad acaba de terminar la huelga de Molitalia y tiene más de diez días. A nivel individual, la legislación flexibilizó los contratos, trastocando la relación entre estables y temporales. Desde los 90s, el empleo temporal es la norma antes que la excepción. Ahora, la mayoría de los trabajadores es temporal y los estables son cada vez menos. A esto se suma la tercerización y subcontratación. El despido también se ha flexibilizado.

Este es el escenario general que con matices hemos vivido en los tres últimos gobiernos. Este modelo ha significado mayor desigualdad en las relaciones laborales y la precarización del empleo. En el Perú, el trabajo cada vez es más precario, a pesar del crecimiento económico y de algunas mejoras en ingresos en algunos sectores.

El actual gobierno, en materia laboral ha continuado con la misma política desreguladora. Más allá de algunos compromisos firmados en campaña, el actual gobierno no tiene una propuesta alternativa en materia laboral. Desde el 28 de julio se ha limitado a repetir el guion de la derecha empresarial: nombrar a personajes vinculados a los empresarios en el ministerio de trabajo; utilizar el Consejo Nacional de Trabajo para dilatar y torpedear cualquier cambio; debilitar la fiscalización laboral; reducir las normas laborales y facilitar el ingreso y salida de los trabajadores.

Ahora, ya tenemos claro que el gobierno tiene la intención de desregular aún más, bajo el pretexto de la simplificación administrativa. Una norma señala que ya no es obligatorio registrar los contratos en el Ministerio de trabajo, lo cual tiene como consecuencia que los trabajadores no podrán disponer de su contrato, en tanto, quedará a criterio del empleador si lo entrega o no.

En materia laboral, el actual gobierno no representa nada más que continuismo neoliberal. Y esto es así porque es un gobierno que representa los intereses de la derecha empresarial. De manera tal que sus objetivos siguen siendo simplemente la búsqueda de utilidades de corto plazo, la exportación de materias primas sobre la base de la articulación económica del país a una globalización neoliberal.

En este escenario, la pugna entre empresarios y trabajadores va a seguir creciendo. Hay un conjunto muy amplio de demandas y conflictos laborales que están gestándose en diferentes sectores económicos. La CGTP acaba de renovar su dirección sindical y en el XIV Congreso se han discutido las estrategias para enfrentar al modelo neoliberal. El sindicalismo esta convencido que ya es tiempo de luchar decididamente para revertir el marco normativo actual. Esto supone una lucha coordinada en los espacios laborales y políticos. El próximo año veremos entonces, muchas más movilizaciones y protestas laborales, huelgas más largas y violentas. La limitación de esto, es que se trata de luchas dispersas, y el reto es centralizar, unificar, converger las luchas sindicales en un proceso que debe tener como hito, el próximo Paro Nacional. Un Paro Nacional que sea a la vez, la articulación de luchas laborales, regionales, sociales, medioambientales y ciudadanas. Los trabajadores tienen el reto de ser el eje articulador de la lucha política y social del país.

17 de octubre de 2016

Diferencias en SEMBRAR: los dos comunicados

Como muchos deben saber, hay diferencias y/o problemas en el Movimiento Sembrar, agrupación a la que pertenece la c. Verónika Mendoza. En los últimos días, han circulado dos comunicados que expresan las posiciones divergentes en dicha agrupación.

El Movimiento Sembrar es una agrupación joven que ha tomado reconocimiento por la presencia precisamente de la c. Verónika Mendoza, ex candidata presidencial del Frente Amplio en las últimas elecciones generales, en donde obtuvo un importante tercer lugar.

Estos comunicados han venido circulando por correo electrónico y algunas redes sociales. He consultado con ambas partes y están de acuerdo en hacerlos públicos. Me parece lo más sano, pues de lo que se trata es precisamente de discutir con argumentos, antes que repetir rumores, alusiones o impresiones sin base.

Tengo buenas amistades, compañeros y compañeras en ambos lados de la discusión. Lo cual no me impide tener una opinión, desde afuera, claro y con ánimos de ayudar, pero por ahora, basta con poner los textos en mesa. Algunos por redes sociales se alegran de los problemas ajenos. Creo que nadie, realmente comprometido con la izquierda, puede congratularse de los problemas que enfrenta Sembrar ahora.

Primer Comunicado





Comunicado de Respuesta



14 de octubre de 2016

XIV Congreso de la CGTP y las tareas del movimiento sindical (Parte 1)

"Muchacha en la ventana" Dalí. 

En noviembre la CGTP realiza su XIV Congreso Nacional Ordinario. Es decir, cerca de 500 delegados y delegadas sindicales de todo el país van a reunirse en Lima para hacer un balance y discutir el camino de la principal organización sindical clasista del país. 

Apunto aquí algunas ideas para animar el debate previo al congreso. El post sería muy largo así que lo he dividido en dos partes. En la primera planteo una suerte de balance del sindicalismo realmente existente en el país (es decir, sin la CUT, CTP o CATP). En la segunda, se encuentra un esquema de estrategia que articula temas, sectores, actores y aliados del sindicalismo. es decir, el infaltable ¿qué hacer? Todas las opiniones, críticas y comentarios son bienvenidas. Sugiero que lean antes de criticar, pues, tal vez alguna de sus críticas habituales ya estén incorporadas.

Por mi sesgo profesional, mis apuntes subrayan los aspectos orgánicos antes que la mirada que podría hacer un abogado. Digamos que la estrategia es acercarnos a la política del gremio desde la estructura sindical. 

Entrada

Mi hipótesis inicial es que la CGTP y el movimiento sindical se encuentran en un periodo de transición que cierra un ciclo histórico de cambios. Este ciclo empieza con el gobierno de Velasco y se cierra con el gobierno de Fujimori. Entre 1968 y el año 2000, el país ha cambiado sustancialmente su matriz productiva, su estructura demográfica, social económica y política. 

El sindicalismo se ha desarrollado en dos momentos de dicho periodo. Durante un primer momento, que va desde Velasco hasta mediados de los años 80s. Este periodo es de crecimiento, amparados en un modelo económico desarrollista y de mercado interno. Luego el segundo periodo va desde los años 90s hasta la actualidad y supone un periodo de decrecimiento del sindicalismo, producto de las políticas neoliberales. En el periodo de expansión y crecimiento, se establecieron determinadas pautas y características del sindicalismo clasista, como los paros nacionales, la presencia del sindicalismo de manufactura, una mayor ideologización y formas confrontacionales de negociación. 

En el segundo periodo lo predominante es la reducción y caída de los indicadores sindicales. Supone la crisis del sindicalismo clasista, la ineficacia de los paros nacionales, el predominio del sindicalismo estatal, una menor ideologización casi antipolítica y lo que se denominó el sindicalismo de propuestas y la autoreforma sindical. 

Es decir, el sindicalismo se encuentra en un periodo de transición que supone la coexistencia de las tradiciones, conductas, contenidos de ambos periodos. La síntesis de los dos periodos debe darnos el sindicalismo clasista del próximo periodo. 

Situación del movimiento sindical peruano 

El sindicalismo en el país es un actor social que ha atravesado diferentes etapas desde su aparición a fines del siglo XIX. En la actualidad, estamos en el fin de un ciclo sindical que se inicia a mediados de los 80s. Este ciclo de conflictos sociales supuso un conjunto de cambios para el sujeto sindical. En la actualidad, tenemos una de las tasas de afiliación más bajas de nuestra historia. Alrededor del 5% de afiliación en el sector asalariado privado y cerca de 8% en asalariado público. 

El sindicalismo peruano comprende de manera principal a la CGTP que reúne cerca al 80% de la afiliación sindical, mientras la CUT ha venido reduciendo su afiliación y actualmente debe estar en 15% dejando el 5% restante para la CATP y la CTP. 

Las dos últimas décadas lejos de consolidar corrientes sindicales, lo que ha hecho es debilitar a todas por igual. Lo cual perjudica en mayor medida a las más pequeñas. Mención aparte merece la crisis de descomposición que viene registrando la CUT. En dicha central se ha bloqueado todo intento de renovación, se ha debilitado la representación legítima con expulsiones de bases y liderazgos y finalmente, no cuenta con una dirección clara. En verdad, no cuenta con dirección.  

Logros y avances del presente periodo

En el último periodo podemos señalar algunos avances en materia de crecimiento organizativo y fortalecimiento institucional. 

En primer lugar, la CGTP ha crecido en su inserción en la estructura económica del país. Ahora tenemos una presencia marginal pero real, en los sectores de agroexportación, servicios, finanzas y comercio. Estos sectores, durante los años 90s y primera década del presente siglo no tenían ninguna representación sindical. Hay un trabajo organizativo que en el próximo periodo debe consolidarse.

Luego, aunque probablemente los laboralistas no estén muy de acuerdo, pero por aquí hay algunos avances. A fines de los 80s, la negociación colectiva enfrentaba serios problemas que se hicieron mayores con la reforma laboral de la dictadura fujimorista. En términos generales, los convenios colectivos se habían monetarizado, es decir, muchas cláusulas con beneficios no económicos fueron convertidas en cláusulas económicas. Asimismo, se reduce el número de convenios vigente y la cobertura del mismo. Esta situación empieza a cambiar lentamente desde los últimos años. En algunos sectores se ha recuperado un conjunto de cláusulas no económicas relacionadas con condiciones de trabajo, organización de la producción o licencias sindicales. Asimismo, se han registrado cláusulas de género y de juventud en un porcentaje aún reducido, de convenios colectivos.

En tercer lugar, los cambios en el modelo de organización de la producción han obligado al sindicalismo a adaptarse a nuevos escenarios. En los últimos años hemos visto formas más novedosas de organización sindical. Se han realizado campañas de afiliación con promotores sindicales, se ha incorporado la "afiliación directa" en algunas federaciones y la confederal. En el sector minero se han desarrollado acuerdos y convenios entre empresas contratistas, matriz y los trabajadores de ambas. Esto es un triunfo del poder gremial y del principio de realidad. 

En cuarto lugar, se ha hecho importantes avances en la construcción de una propuesta mediática. Durante un tiempo se tuvo un enfoque erróneo basado en un sistema controlista, desconfiado y con una mirada conservadora y tradicional. Sin embargo, en los últimos tres años se ha renovado la presencia mediática de la CGTP, se ha definido un perfil y se ha articulado un discurso sindical con mayor claridad. La CGTP mantiene una actividad constante en las redes sociales en donde en varias oportunidades ha sido un referente para virales y tendencias a nivel nacional. 

Luego tenemos que mencionar la presencia más constante de mujeres y jóvenes. Los departamentos de juventud y mujer están funcionando a pesar de muchas dificultades, y logran ocupar un espacio importante en el debate sindical como en las calles. Sin embargo, estos son los primeros avances en un largo proceso, pues el número de jóvenes y mujeres aún no es el suficiente. Tenemos que seguir consolidando la participación de más trabajadores jóvenes y trabajadoras. El proceso de renovación es un elemento fundamental. Esto supone una articulación de la capacitación, con la organización, con los departamentos de mujer y juventud. La CGTP también ha hecho avances importantes en la condena explícita a toda forma de machismo. Aún falta desarrollar una línea en contra de la homofobia en el movimiento sindical.  

Desde que asumió la dirección el c. Mario Huamán se han tomado decisiones importantes para ordenar el funcionamiento de la CGTP. Se resolvió el problema de los abogados que usufructuaban el local de la CGTP, así como la ausencia de normas de uso de los diferentes ambientes. Se cerró el doble ingreso al local institucional que permitía la existencia de irregularidades en el acceso de las personas. Asimismo, se estableció el principio de “caja única” eliminando los cobros por fuera de la misma. Hay ahora una mayor conciencia acerca del cuidado de las instalaciones y de la importancia de los bienes comunes. 

Principales problemas 

Los problemas del sindicalismo peruano son muchos. Buena parte de los avances, suponen brechas por cerrar. Allí entonces, ya tenemos una lista inicial de áreas que nos falta desarrollar. Más jóvenes, más mujeres en los sindicatos. Más negociación colectiva (por rama), más licencias sindicales y más federaciones fuertes. Eso ya está claro.

De todos los problemas y dificultades queremos sin embargo, precisar algunos. En primer lugar, la debilidad institucional. Es decir, somos una institución que no siempre logra funcionar bajo normas claras y una jerarquía institucional. El sindicalismo mantiene una cultura caudillista que privilegia los liderazgos masculinos, limeños y blancos. El proceso para constituir nuevos liderazgos sectoriales debe ser considerado con urgencia. Esto significa que tenemos que fortalecer a las federaciones sectoriales. La propuesta de la CGTP de grandes federaciones de rama sigue siendo válida y pertinente.  

Lo que predomina son los acuerdos establecidos a partir de una correlación de fuerzas. Esto responde a una exigencia de democracia en un contexto cambiante, pero también supone una débil cultura organizativa que se expresa en los problemas que tenemos para desarrollar una línea de trabajo cultural desde la CGTP, por ejemplo. 

Un segundo e importante problema es la precariedad económica. El sindicalismo en el país se desarrolla con escasos recursos por diversas razones. Las remuneraciones son bajas, por lo que la cuota es baja, pero además, no tenemos un sistema de cotización centralizado, automático, bancarizado que permita un flujo regular de recursos. Los trabajadores cotizan al sindicato de empresa, pero de allí, ya no sube la cuota ni a las federaciones y menos a la Confederal.

Esto que podría resolverse con una norma que obligue a las empresas a distribuir la cuota en esas tres instancias -como ocurre en otros países- resolvería este problema sin mayor costo para empresarios o trabajadores.

Otro problema, es de la renovación. La actual generación de dirigentes sindicales que asumió funciones a fines de los años 80 está culminando su ciclo vital. Esto supone un proceso de recambio imprescindible. Lamentablemente, los problemas externos impiden contar con los cuadros sindicales necesarios para completar los puestos de dirección en las federaciones y en la propia Confederal. 

Todas las federaciones enfrentan problemas de renovación. Si uno compara la edad promedio de los dirigentes de federaciones de hace 30 años con la actual, verá que hemos pasado de una media de 35 años a otra de 60. Es un problema serio.

Esta situación no se puede resolver con organizaciones “fantasma”, es decir, con sindicatos que no tienen afiliación real y sin capacidad de movilización. Hay una crisis de representación en el sindicalismo peruano que se expresa precisamente en el desfase entre los liderazgos sindicales nacionales y su escasa representación en la estructura laboral nacional.

Necesitamos dirigentes sindicales en las federaciones y en la confederal que tengan representatividad, es decir que pertenezcan a un sindicato realmente existente, con afiliados, pero también con capacidad de movilización. Y finalmente, con licencias sindicales. Pues de lo que se trata es de completar los cuadros directivos con personas que dispongan de experiencia, tiempo y respaldo social. Más claro aún: un dirigente sin respaldo no tiene autoridad para dirigir el movimiento sindical.

Continuará...