17 de agosto de 2018

Luis Fuertes, amigo del sindicalismo latinoamericano


Era un convencido del sindicalismo. Era un entusiasta de la educación sindical. Era un optimista incansable. Luis Fuertes era un compañero cabal. Desde muy joven, en medio de la dictadura franquista, animó a sus compañeros de la Olivetti a organizarse sindicalmente.

Como muchos en su generación, el compromiso sindical y político iban de la mano. En su caso, militó en el PSOE y fue dirigente de UGT en Catalunya. Fue parte de una generación de inmensos sindicalistas literalmente forjados a través de penurias, persecuciones y amenazas.

Luis era un educador permanente. Convertía toda historia en una lección para quién la quería escuchar. Un día en Lima me contó cómo organizó una huelga en plena dictadura franquista. Era una historia muy intensa de la huelga en Olivetti y de los problemas que tuvieron que sortear para eludir a la dictadura. Y más que pintarse como líder imprescindible buscaba simplemente trasmitir aquello que podía ser útil a un sindicalista latinoamericano.

Al final, recuerdo que dijo más o menos: “Hacemos lo que hacemos, porque tenemos que hacerlo. No es por fama, ni por dinero, ni por reconocimiento. Es porque es justo. Luego vendrán otros y harán su parte. No importa que se olviden de uno, lo que importa es que seguirán desde donde nosotros hemos llegado”

Luis Fuertes fue uno de los cuadros políticos más claros en la necesidad de renovar el sindicalismo en todas partes. Fue uno de los más convencidos promotores de la autoreforma sindical en América latina. Desde la OIT, supo desarrollar una labor de análisis, reflexión, organización y propuesta para fortalecer a los sindicatos de América latina. De esa experiencia se desprenden probablemente los avances más importantes del sindicalismo andino y centroamericano en la pasada década.

Siendo parte de un importante sindicato como UGT y asimismo de la OIT tenía una posición de poder frente al sindicalismo latinoamericano, sin embargo, siempre mantuvo relaciones horizontales con los sindicatos de esta parte del mundo. En un contexto donde otros miraban con desdén o condescendencia al debilitado sindicalismo latinoamericano, Luis Fuertes era una persona cordial, respetuosa y sincera.

Tenía claro que el sindicalismo, aquí y también allá en España y Europa, tenía que cambiar sustancialmente. Él creía no sólo en la necesidad del cambio sino en la capacidad del sindicato para cambiarse a sí mismo, sin traicionarse, sin dejar de ser sindicato. Lo vi defender firmemente las prácticas democráticas y solidarias del sindicalismo en contra de los sesgos corporativistas o de los prejuicios de algunos sectores.

Era un buen amigo. Su confianza en lo que hacemos, diluía las dudas y los sinsabores que tiene una recurrente acción colectiva. Que terrible el tiempo que nos quita a las personas que pensamos permanentes, insustituibles, imprescindibles.

En medio de esta tristeza solo tengo claro que efectivamente, el movimiento continúa. El trabajo seguirá bregando por organizarse cada vez mejor, aquí y en todas partes. Y lo harán con la misma alegría y confianza de Luis Fuertes. Y lo harán desde donde él dejó su parte.

Que la tierra le sea leve, compañero.

13 de agosto de 2018

El futuro del trabajo y del sindicalismo



A partir del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que configuran una de las dimensiones de la globalización se ha discutido acerca de su impacto en el mundo del trabajo. Se trata de un marco de discusión bastante amplio que comprende la crisis del modelo fordista y su reemplazo por diferentes variedades de postfordismos e incluso de neotaylorismos. Desde textos pioneros como “Adiós al proletariado” de A. Gorz (1980) o el de J. Rifkin (1997) “El Fin del Trabajo” hasta las más recientes discusiones acerca del “trabajo inmaterial” se ha elaborado una amplia bibliografía sobre las diferentes maneras que la tecnología transforma el mercado de trabajo laboral, las relaciones laborales y las identidades sociales que de allí se derivan.

En la última década, a partir del desarrollo de conceptos como big data e inteligencia artificial, el debate nuevamente cobra vigencia. Tenemos la “robotización” entendida como el empleo de máquinas inteligentes lo suficientemente hábiles para reemplazar trabajadores que realizan tareas cada vez más complejas. Al mismo tiempo, los programas informáticos que a manera de plataformas virtuales permiten que la oferta y demanda de servicios varios se encuentre, aparentemente sin mayores intermediarios. Uber es el ejemplo paradigmático, pero no el único. Y finalmente, programas (apps) mediante los cuales el cliente de una empresa realiza por sí mismo diversas tareas que antes las realizaba un empleado de la empresa: hacer pagos en el banco o comprar entradas al cine. De esta manera, se traslada la labor al mismo cliente.

Una primera constatación que debemos reconocer es que se trata de cambios irreversibles, no solamente para las economías más desarrolladas sino también en los países pobres. Se trata de un proceso en marcha que no va a detenerse, nos afectará a todos más temprano que tarde y abre muchas posibilidades y cambios en la sociedad. En segundo lugar, el efecto inmediato es la pérdida de puestos de empleo. No se trata de una amenaza futura sino de problemas actuales: entre 1990 y 2007 cada robot incorporado a la manufactura de Estados Unidos ha significado la perdida de 6.2 puestos de trabajo (Acemoglu y Restrepo. 2017). 

Mientras, las plataformas tipo Uber representan mecanismos para evadir la regulación de relaciones laborales de dependencia, creando “zonas grises” en el mercado laboral. Los retos que esta situación nos plantea cómo sociedad son considerables. Los más optimistas señalan que los puestos de trabajo que se pierden por el reemplazo de máquinas inteligentes resulta compensado con la creación de nuevos empleos en la industria de informática, comunicaciones, y robótica. Asimismo, señalan la caída de los precios de los servicios a partir del empleo de plataformas virtuales.

Sin embargo, incluso si cuantitativamente las cifras de trabajadores despedidos y empleados contratados sea cercana, eso no evita que se trate de procesos y sujetos diferentes. Claramente estamos en un escenario diferente. Y por otro lado, la desregulación del servicio de taxis, del alquiler de alojamiento, del servicio de delivery entre otros, efectivamente presenta “mejores precios” para el consumidor final pero a costa de no pagar impuestos y ausencia de aportes previsionales y de salud. Lo cual, como es sabido, resulta una mala política social a futuro.

Este escenario supone un reto para el movimiento sindical en todo el mundo. En algunos casos la respuesta ha sido de rechazo y oposición a los cambios descritos. Lo cual resulta entendible, pero a la vez insostenible en el tiempo.

En el Perú, lamentablemente, nuestro sindicalismo permanece al margen de estas discusiones en parte atareado por la urgencia de la defensa cotidiana de derechos laborales tradicionalmente violentados; pero también por la ilusa certeza que son problemas de las economías desarrolladas. Pero muchas de estas situaciones ya están empezando a formar parte de nuestra cotidianeidad.. En los locales de comida rápida de Europa, por ejemplo, ya son comunes las máquinas para tomar la orden. Una pantalla donde los “combos” aparecen y los clientes eligen su compra y pagan con una tarjeta de plástico para luego recoger su pedido. De esta manera, los puestos del trabajador que toma la orden y del que cobra el pedido han desaparecido. ¿Qué impide que esta tecnología llegue a nuestro país?

Por un lado, se trata de empleos poco calificados que tienen remuneraciones bajas, y en el Perú sin sindicatos en el sector alimentos, pues son más bajas aún. Por lo que la inversión en un cambio tecnológico sustancial no tiene mayores incentivos. Esto plantea una suerte de paradoja para la acción sindical. Si los sindicatos animan la organización de dicho sector y por lo tanto mejoran sus remuneraciones; las empresas tendrían un incentivo para automatizar dichas labores y despedir a los trabajadores de dicho sector. Por otro lado, no sindicalizarlos supone mantenerlos con remuneraciones bajas. En estos casos, el sindicato suele oponerse a los procesos de automatización como una manera de defender puestos de trabajo. Para el sector empresarial, el argumento de reducir costos laborales no puede ser la razón última en todos los casos.

Se trata de dilemas que cuestionan tanto la acción sindical entendida solamente como la puja redistributiva, es decir, el sindicato que se limita a la disputa por un mayor ingreso; como las respuestas empresariales centradas en elevar rentabilidad y eliminar el conflicto laboral. Salir de esta matriz de acción colectiva no es un proceso sencillo. Pero resulta imprescindible incluso en nuestro país. 

Supone identificar caso por caso, los costos y efectos de la automatización tanto laboral como socialmente. Y supone, tener la capacidad para influir en los tiempos, sentidos y etapas de los procesos de cambio. Implica, además, repensar conceptos tradicionales en el sindicalismo local como la educación sindical y la formación técnica. Probablemente, el trabajo humano es irremplazable para la creación de la riqueza social, pero la acción sindical si no logra encarar los nuevos escenarios corre el peligro de quedarse sin futuro.

Referencias

Acemoglu, Daron and Restrepo, Pascual, (2017), Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, No 23285, NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research, Inc, https://EconPapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:23285 



.

10 de agosto de 2018

Promover el empleo juvenil no es precarizar el empleo juvenil


El empleo juvenil es uno de los temas más importantes en el mercado laboral. Los estudios recientes señalan que efectivamente viene creciendo el desempleo juvenil a un ritmo mucho mayor que en el grupo de adultos (Franco y Ñopo, 2018) y por otro lado, tenemos el problema del subempleo por ingresos.

Como señala Omar Cavero en el último PerúHoy de DESCO, el lado empresarial viene insistiendo en diferentes propuestas para promover el empleo juvenil. El común denominador de las mismas consiste en la reducción de derechos y beneficios como un incentivo para mejorar las cifras de empleo juvenil. En la misma línea, en las últimas semanas, diversos medios vienen promoviendo un cambio en el régimen laboral de tiempo parcial. Tomemos como ejemplo, el artículo “El régimen part time y los problemas que genera a empresas y estudiantes” aparecido en Semana Económica el pasado 31 de julio.

El régimen de tiempo parcial establece una jornada diaria no mayor a cuatro horas y 24 horas semanales. Asimismo, los trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a vacaciones, Compensación por tiempo de servicios, indemnización por no goce de vacaciones, ni indemnización por despido arbitrario. Todos estamos de acuerdo que es necesario proponer y discutir políticas de reactivación del empleo en general y especialmente del empleo juvenil. Pero estas propuestas deben hacerse en base a evidencia empírica y a resultados de investigaciones académicas, así como tener claro que el Estado debe aspirar a promover empleo adecuado antes que una actividad mal remunerada y sin derechos.

El artículo, en cuestión señala que la mayoría de los jóvenes labora para cubrir los costos de su educación. Según el trabajo citado de Franco y Ñopo (2018) en el grupo de jóvenes pobres, el 47% tiene un empleo a tiempo parcial. En el mismo grupo, sólo el 14% en el 2016 señala que estudia y trabaja. El autor de la nota indica que el régimen de tiempo parcial establecido en la legislación nacional es un obstáculo para que más jóvenes puedan acceder a empleos que les permita pagar sus estudios. La propuesta del artículo es establecer jornadas de ocho horas durante tres días a la semana. De esta manera, se está desvirtuando el carácter del part time, pues se dedicaría a actividades que requieren una jornada completa y probablemente son permanentes.

El empleo a “tiempo parcial” surge como una necesidad del mercado laboral para cumplir determinadas labores que no requieren de una jornada completa. Se trata de un claro ejemplo de “empleo atípico”: repartir documentos de una oficina, atender en un comercio menor, vender en un puesto de periódicos, entre otras actividades. Obviamente, suponen una remuneración proporcional a la media jornada que representa, por lo que, estos empleos fueron asumidos por jóvenes sin carga familiar, como un primer empleo temporal. Por su carácter de empleo atípico no se trata de un mecanismo para incorporar jóvenes pobres que estudian, precisamente porque los ingresos son sustancialmente menores.

Ahora bien, con el desarrollo de la globalización, en las últimas décadas, las tendencias a flexibilizar el mercado laboral han presionado para ampliar esta modalidad. En otras sociedades se han establecido modalidades extremas como los “contratos de cero horas”, pero eso tiene poco que ver con el tradicional part time. Por otro lado, existe un Convenio internacional de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, el número 175 que señala claramente: “Es importante garantizar la igualdad de trato para los trabajadores empleados a tiempo parcial, facilitar la transición entre el empleo a tiempo parcial y el empleo a tiempo completo, ofrecer a los trabajadores un número mínimo de horas garantizadas y consultarlos sobre sus horarios de trabajo, incluso para limitar la variabilidad de sus horas de trabajo.” 

Si se establece la jornada de ocho horas en los contratos de tiempo parcial, lo que se está incentivando es el traslado de trabajadores del régimen común al régimen de tiempo parcial. Lo cual demanda efectivamente más empleo, pero con menos derechos.

Más aun considerando la debilidad en la capacidad de fiscalización del Estado peruano; las posibilidades de desnaturalizar este tipo de contrato son muy elevadas. Con la propuesta que comentamos, podría ocurrir que algunas empresas contraten a dos trabajadores a tiempo parcial, donde cada uno labora tres días y reemplaza a un trabajador a jornada completa. No faltará quien señale que así se crea más empleo. En verdad lo que se crea es subempleo por ingresos. Básicamente el resultado sería formalizar el empleo precario.

No es por allí que se apoya a los jóvenes que deseen estudiar y no cuenten con los recursos necesarios. Tampoco es la manera de elevar el empleo juvenil a costa de derechos. Si queremos facilitar la articulación de estudio y trabajo debemos de pensar en propuestas que acerquen a la empresa con los centros de formación, sin reducir derechos ni fomentar la precariedad laboral.

Referencias


4 de julio de 2018

En recuerdo de Felipe Melcher



Felipe Melcher SM fue una de las primeras personas con la que hable de marxismo, socialismo y de la teología de la liberación. Lo recuerdo inmenso con una barba roja y unos jeans desgastados. Era el "hermano obrero" de los marianistas. 

Cuando estaba en secundaria era una novedad ver a un "gringo" trabajar en el área de mantenimiento con equipo de soldador y junto a los demás obreros del colegio. Allí lo recuerdo con un overall y un soplete. Luego, lo vi en la casa que los marianistas tenían en un pueblo joven en el Callao. La casa, en medio de lo que era entonces un descampado a orillas del rio Rimac era el centro de reuniones de los primeros vecinos, de las primeras organizaciones barriales. Felipe era el más animoso y entusiasta. 

Los marianistas tenían una línea de trabajo orientada a los trabajadores asalariados como un buen sector de la iglesia católica desde los 60. Aquí, Felipe apenas llega al Perú en 1977 desea vivir su fe en el mundo del trabajo. Y así, gracias a los contactos de la congregación logra ingresar como obrero a la Fundición Callao, una empresa que como muchas, tenía una estricta política antisindical. Los empresarios no iban a desconfiar de un norteamericano que además era "hermano religioso". Sin embargo, junto con Ernesto, otro religioso peruano que también laboraba en la fundición organizan a los trabajadores, reparten volantes y forman un sindicato. Como muchos trabajadores en la misma situación son despedidos. 

Lo recuerdo también asistiendo a los mitines de IU en lo que sería la futura avenida del pueblo joven, en esa época cuando la izquierda hacía mitines en los pueblos jóvenes. Por aquel tiempo yo tendría casi 20 años y pase un periodo con problemas económicos. Felipe me ofreció un trabajo como aprendiz tarrajeando uno de los techos de la casa de los religiosos, junto con Daniel, un buen amigo. Era un cachuelo de dos o tres meses que me sacaba de apuro y me permitía ordenar mi vida. Al momento de contratarme, Felipe me explicó todos, realmente todos los derechos que tienes cuando eres asalariado y se aseguró que los entendía claramente.  

Luego la vida me alejo de los marianistas y no lo volví a ver. Con el tiempo, me enteré que formó e impulso un centro de formación técnica en el pueblo joven del Callao donde vivió tanto tiempo. Lograr vencer a toda la burocracia estatal y luego conseguir financiamiento para hacer viable dicho centro fue más que admirable. También vivió en la sierra de La Libertad donde forma una radio comunal, un centro para apoyar a los campesinos pobres y como es habitual, terminó enfrentando a las empresas mineras que quieren cambiar la agricultura por minería. Todos los proyectos en los que estuvo, ya sea animando, promoviendo o participando han cambiado realmente la vida de miles de personas en diferentes lugares. La vida de trabajadores, campesinos y también de bastantes jóvenes clasemedieros que vieron en Felipe el rostro concreto de la "opción preferencial por los pobres". 

El primer chaplín que tuve en la militancia política fue precisamente "Felipe" en recuerdo a él. Lo llevé siempre con admiración, queriendo ser digno del ejemplo que había conocido. Pues, si hubiera seguido en la fe católica, me hubiera gustado ser como él. Era el más concreto, real y sincero compromiso con el ideal cristiano que lo deja todo, por los más pobres. En una institución como la iglesia católica, tan dada a las incoherencias, cuando no a la simple traición de sus ideales, Felipe era el más vivo ejemplo del Jesús obrero.  

Hace unos días me enteré del fatal accidente que le causo la muerte. Como siempre y con los años, más a menudo, me duele haber dejado que el tiempo distancie a los amigos. Me duele saber que ya no está, cuando más necesitamos de personas como él. 

Pero como decimos con los revolucionarios, y Felipe definitivamente lo fue, nunca se muere. Su ejemplo seguirá vivo a través de todas las personas que gracias a su empeño, valor y constancia, tienen ahora un presente mejor. 

Que la tierra te sea leve, compañero Felipe. 

23 de abril de 2018

Si es necesario legislar más y mejores derechos laborales


Cierta derecha empresarial se limita a repetir dos o tres ideas "ideas" para defender opciones políticas muy discutibles. En el Perú, la agenda de los empresarios es bastante concreta: impedir aumentos de la RMV; impulsar una "reforma laboral" que consiste básicamente en desligar toda posibilidad de reposición de un trabajador o trabajadora frente a un despido y dejar sólo una reducida indemnización frente al despido arbitrario (si, frente al despido incausado, es decir, cuando te despiden sin ninguna razón objetiva); impedir que el Congreso legisla precisando el ejercicio o aplicación de algún derecho laboral o peor aún, ampliando los derechos laborales; finalmente, limitar la intervención de los sindicatos en el ámbito de la empresa, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Para llevar adelante esta agenda, la derecha empresarial mantiene estas tres ideas que señale al principio. 
  • La primera, (que es el mantra de la derecha empresarial desde la cual construyen todas las demás) es que en el Perú existe una "rigidez laboral" es decir, un marco normativo que protege exageradamente a los trabajadores y que impide incrementar las inversiones privadas. 
  • Una segunda idea es que la informalidad se elimina reduciendo derechos laborales. Se postula además que mediante el mismo método se incrementa el empleo
  • La tercera idea es que no se deben legislar más derechos. Pues al hacerlo se reducen los incentivos para contratar mano de obra. 
Lo curioso es que los defensores de estos puntos de vista no pueden mostrar evidencia consistente y específica para sustentar dichas ideas. 

En el primer caso, alegar que existe "rigidez laboral" es la base sobre la cual se apoyan para mantener la desregulación laboral existente. En el mercado laboral peruano predominan diferentes tipos de precariedad. Desde un amplio conjunto de actividades que se desarrollan sin ningún tipo de contrato. Donde el despido es automático e inmediato y no existe un marco institucional que regule nada; hasta grandes empresas donde no se respetan condiciones básicas de trabajo como el pago de horas extras o la aplicación de contratos acordes con el tipo de labor.  

Hay un sector reducido -que oscila entre un 25% a un 10% de la PEA ocupada que mantiene condiciones adecuadas de empleo. Principalmente por la dimensión de las empresas donde labora y además -aunque no se quiere reconocer abiertamente- por la existencia de sindicatos en dichas empresas. 

El marco legal obviamente no expresa estas desigualdades. Las leyes dicen que todos los trabajadores deben disponer de empleos adecuados con 30 días de vacaciones, pagos regulares, protección contra el despido arbitrario, discutir sus remuneraciones con el empleador a través de un sindicato y demás. 

El discurso de la derecha empresarial alega entonces, que los empresarios, no pueden invertir en nuevas empresas, no pueden contratar nuevos trabajadores, no pueden capacitar a jóvenes ni pueden promover a más mujeres porque el marco normativo les impone una carga muy pesada. 

El mismo marco normativo que violan sistemáticamente todos los días. Y que violan sabiendo que dicho marco normativo es incapaz de sancionarlos por eso

Tenemos un marco normativo que no se cumple, más precisamente, los empresarios no lo cumplen. ¿Cuál es la solución? Reducir el marco normativo. Que aquello que ahora es ilegal pase a ser legal. 
Se trata de convertir la precariedad laboral en "informalidad" y luego mediante una reforma laboral convertir a esa "informalidad" en formalidad. 

Es una simple estrategia política para mantener las desigualdades en el mercado laboral. No hay evidencia empírica real para sostener que en nuestro país existe una verdadera "rigidez laboral". Ellos aluden a rankings internacionales pero no se específica que dichos rankings generalmente se construyen en un contexto institucional muy diferente al nuestro. Uno donde la distancia entre las normas legales y la realidad es muchísimo menor. 

Aluden ahora a la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el caso de telefónica y obliga a reincorporar a trabajadores despedidos de manera ilegal. Y señalan que esa sentencia promueve la informalidad. Lo que plantean es que si un trabajador es despedido de manera ilegal basta darle una indemnización y nada más. 

Obviamente, se trata de despidos arbitrarios. No se trata como señalan los voceros, que un trabajador que se ausenta sistemáticamente y sin causa, o que hurta o que agrede, deba mantenerse en su puesto de trabajo. Para eso, hay un procedimiento que permite cesar legalmente al operario. Tampoco se trata de los problemas financieros de una empresa. para esos casos, también hay otro procedimiento legal para desvincular a un porcentaje determinado de trabajadores demostrando objetivamente que la situación de la empresa esta en riesgo. 

Los empresarios quieren libertad para despedir sin causa objetiva alguna. Despedir por despedir. Y como legalmente no es posible. Pues señalan que se trata de una "rigidez laboral". Falso.

Lo real es que en el mercado laboral peruano, un empresario puede emplear mano de obra y pagar incluso por debajo del salario mínimo sin que el Estado lo sancione salvo por alguna casualidad. Es más, un empleador puede encerrar a los trabajadores en un container y no pasa nada, hasta que un incendio provoca la muerte de esos trabajadores. ¿Cuántos containers seguirán encerrando trabajadores hoy día? 

En diferentes países y aquí mismo se han establecido mecanismos con menos derechos, en las micro y pequeñas empresas, en donde sólo hay 15 días de vacaciones entre otros recortes. ¿Ha descendido la "informalidad"?  No. Obviamente no va a descender porque la clase empresarial tiene la posibilidad de moverse en un mundo donde hay menos derechos para los trabajadores. 

Toda la evidencia empírica demuestra que reducir derechos no es un incentivo real para la formalización laboral. El impacto que tiene es más bien pernicioso. Hace que trabajadores del régimen general, con todos sus derechos sean despedidos y luego contratados como trabajadores de un régimen con menos derechos. 

El artículo de Germán Lora es un buen ejemplo del uso de estas lógicas empresariales. Sostiene que no deben promulgarse más derechos pues solamente perjudica a los trabajadores. Tal cual. Y pone como muestra el caso de las empleadas del hogar. Señala que por más que exista una ley que les garantiza algunos derechos, la situación es la misma de siempre. ¿En que se basa? ¿Cuál es su evidencia? Su palabra: "Estamos seguros de que, de ocurrir lo señalado, la informalidad en el sector bajo análisis se incrementaría." Lo cual obviamente, según las últimas investigaciones es falso. Todos los especialistas concluyen que el tema de la informalidad laboral es complicado, que no existen soluciones unidimensionales, es decir, de una sola medida, que la estrategia exitosa va por crear empleo adecuado antes que el transito de empleo precario o informal a empleo formal. Revisen este texto.

No es ignorancia ni estulticia. Es una estrategia para llevar adelante una agenda política. Y no necesitan datos, ni cifras. Basta obviar el "pequeño detalle" que cada norma laboral en favor de los trabajadores y trabajadoras no es el resultado de la imaginación de algún congresista o funcionario público, sino de la persistente y tenaz movilización de los propios trabajadores. Desde la legislación por las 8 horas hasta el Convenio 189 de las trabajadoras del hogar. Detrás de cada norma hay muchos y más trabajadores y trabajadoras presionando para conseguir dichas normas y luego para que sean respetadas.

Y eso es la base de la democracia en un mundo civilizado. Instituciones democráticas y ciudadanía que mediante presiones redistributivas construye regularmente nuevos consensos. Pero eso es lo que no tenemos en el Perú. El discurso de la derecha empresarial no requiere de sustento empírico pues en un país con una tasa de afiliación sindical por debajo del 10% le basta con mantener sus posiciones a base de fuerza sin ningún consenso. 

4 de abril de 2018

¿Qué balances y lecciones tenemos en el sindicalismo que sean útiles durante la gestión de Christian Sánchez?


Al conocerse la designación del Dr. Christian Sánchez como Ministro de Trabajo en el nuevo Gabinete post renuncia de PPK y con Martín Vizcarra como nuevo Presidente; el amigo Daniel Siguas me pregunta en Facebook lo siguiente: 

Es la tercera vez que laboralistas "progres" llegan al MTPE desde los '90. La primera vez fue con el profesor Neves durante el gobierno de Toledo, y luego, en la gestión de Rudecindo Vega durante la primera etapa del gobierno humalista. Estas dos gestiones estuvieron marcadas por la confrontación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la actitud hostil del empresariado y el entusiasmo de las organizaciones sindicales. ¿Qué balances y lecciones pueden sacarse, que sean útiles para afrontar el nuevo escenario que promete abrirse con la gestión de Christian Sánchez?


Como ya los voceros de la derecha han anunciado a los cuatro vientos, el Dr. Christian Sánchez es un Ministro de Trabajo "rojo" según una periodista. Más precisamente señaló "rojo como un rocoto", utilizando la obligada figura culinaria que todo peruano debe hacer cuando habla de cualquier tema. Aldo Mariategui, ese correveidile de los empresarios, ya le dedicó una andanada de insultos y Jaime de Althaus ha señalado que con Sánchez, no habrá "la reforma laboral que el país requiere", lo que debe entenderse como la reforma que quieren los empresarios. 


Bueno, para nadie es un secreto que el Dr. Christian Sánchez es un profesional solvente y capaz. Un iuslaboralista muy agudo y que en su desempeño gubernamental ha demostrado criterio y autonomía. Y sí, por eso, un buen número de veces sus opiniones y acciones han estado del lado de los trabajadores. Vaya pecado!

Pero bueno, la pregunta de Daniel no es nada sencilla y ensayé una primera respuesta y luego una lectora muy zahorí me sugirió explayarme en el blog y como mi divisa es seguir todas las buenas ideas, pues aquí estamos para detallar una respuesta que por lo complicada, voy a presentar en varios trancos. Empecemos. 

Primer tranco
Lo primero es tener claro que se trata de personalidades progresistas y más precisamente, se trata de abogados laboralistas solventes y con una mirada pro-trabajador. Esta característica que causa escándalo y rechazo en los círculos de la derecha empresarial peruana, es en verdad, una condición de lo más normal en el iuslaboralismo, es decir, en el derecho laboral. Como se sabe, esta rama del derecho no puede equipararse al derecho comercial, tributario o comercial. En un contrato comercial se presupone que las dos partes del contrato son iguales. Tienen los mismos derechos y deberes, el mismo acceso a la información e incluso, su posición es intercambiable: el que es vendedor también puede ser comprador. 

Bueno, en el derecho laboral, no es así. En el derecho laboral los dos lados del mostrador no son iguales porque hay una diferencia de poder y porque los roles (de empresario y trabajador) no son intercambiables y más aún, el trabajador no tiene la libertad de dejar de vender su fuerza de trabajo, pues de hacerlo, se muere de hambre. En esa relación desigual, un grupo de profesionales reconoce esa desigualdad y escoge defender al lado débil de la relación, es decir, a los trabajadores. 

Por estas razones, ser abogado pro trabajador no es comparable a un arquitecto progre o a un contador de izquierdas. No es una identidad que bien puede ir en paralelo o de espaldas, a tu desempeño profesional. Supone algo más estructural. Es una manera de entender el derecho laboral y las relaciones laborales. Una manera de posicionarte en la práctica profesional. 

Segundo tranco
El problema planteado es ¿cómo ser parte de un Gabinete Ministerial que para todo efecto práctico, es de derechas?. Aquí no podemos ser ingenuos. Desde los años 90, efectivamente, TODOS los gobiernos y ergo, todos los gabinetes de ministros han sido de derechas. La línea general que han defendido es la del modelo neoliberal, que supone un rol predominante del mercado, la subordinación del estado, el predominio de lo privado sobre lo público, la desregulación laboral como norma y el individualismo metodológico como credo.  

Por lo tanto, ser un ministro "progre" en un gabinete de derechas es ya una limitación seria y real. No eres mayoría. No puedes hablar demasiado. Ahora, ser un ministro pro-trabajador en el MTPE es una segunda limitación y probablemente más intensa. Pues en el país tenemos a la CONFIEP, a la Cámara de Comercio de Lima y a los bufetes de abogados pro empresarios que desde el primer día van a presionar duro y parejo para reducir el margen de acción del nuevo ministro.

Y esa presión es real. Desde comunicados en la prensa, declaraciones de los capitanes de la empresa privada en televisión, columnas de opinión de los analistas empresariales hasta congresistas inquisidores, comisiones investigadoras, denuncias públicas, trolls de redes, llamadas telefónicas de Palacio y claro, la presión en las reuniones del Gabinete donde la correlación de fuerzas es de ellos, es decir, de la billetera grande. Y eso significa, menos presupuesto entre otras cosas.

Tercer tranco
Por eso, el ministro "progre" muchas veces debe actuar como los comandos que operan "tras las líneas enemigas". No va a librar grandes batallas, pero puede ser una piedra en el zapato enemigo. Puede dar información y muchas veces, lo importante es simplemente sobrevivir, para pelear mañana. 

Entonces, creo que uno no puede ir con muy altas expectativas. 

Por ejemplo, el Dr. Javier Neves a pesar de poner todo su empeño no logró sacar la Ley General de Trabajo pero si logró restablecer el Registro Sindical de los empleados públicos y las listas de reposición de los despedidos por la dictadura. Y eso no es poca cosa. Además logró levantar casi la totalidad de las observaciones a la legislación laboral hechas por la OIT durante la dictadura. Entre ellas reducir el número de trabajadores para formar sindicato que fujimori lo subió a 50 y se logró bajar a 20 trabajadores. 

Y también, la gestión del Dr. Neves (y sus dos viceministros Alfredo Villavicencio y Julio Gamero), resultó clave para que la FTCCP (construcción civil) recupere la negociación colectiva por rama. El Ministerio de Trabajo persuade a los empresarios de CAPECO para que se sienten a negociar con la FTCCP. Lo que fue un verdadero triunfo para el movimiento sindical. 

También se logran victorias deteniendo procesos contra los trabajadores. El economista Julio Gamero recordaba que junto con Villavicencio lograron detener una propuesta de los Ministerios de Economía y Producción que planteaba reducir nominalmente las remuneraciones de los trabajadores textiles como estrategia para mejorar la competitividad frente a las importaciones chinas. Algo digno de destacar, sin duda. 

Con la gestión de Rudecindo Vega, se logró constituir SUNAFIL que en teoría es una muy buena idea para fiscalizar de manera autónoma. Recuerden que antes de SUNAFIL, el problema era la completa falta de autoridad de los inspectores laborales, los cuales eran prácticamente echados de las empresas cuando se acercaban a realizar su labor. Algo se ha avanzado. 

También se logró redactar y promulgar la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, en un esfuerzo de trabajo coordinado con los mejores expertos en la materia, entre ellos la Dra. Estela Ospina y la asesoría jurídica de la CGTP representada por la Dra. Gisella Figueroa. Es importante señalar que (en su versión original) era la norma más avanzada en materia laboral desde las leyes del gobierno de Velasco y fue redactada principalmente por profesionales mujeres. Como ven, no es poco considerando las limitaciones señaladas al inicio. Con Vega se logró un aumento del salario Mínimo que no pasó por el vía crucis del Consejo Nacional de Trabajo. Y podría señalar otros logros generales. 

Cuarto y ultimo tranco
El otro cambio -y que me parece igual de importante si no más- es que en la gestión cotidiana del Ministerio de Trabajo, tener una autoridad "progre", puede ser una garantía para resolver conflictos, negociaciones colectivas, abusos patronales de una manera justa y eficaz. 

El Ministerio de Trabajo es una de las instancias estatales con un contacto directo y permanente de los ciudadanos. Miles de trabajadores acuden diariamente a sus oficinas en lima y todo el territorio nacional. La legislación laboral es confusa, dispersa y desordenada. Las posibilidades de avasallar a los más débiles son infinitas. Un expediente que se demora puede significar decenas de trabajadores en la calle o un sindicato destruido. Un inspector que no siente el respaldo de su Ministro, difícilmente va a imponer el respeto de la ley a un empresario matón. 

En la gestión diaria de las relaciones laborales, o como decíamos antes, "en la lucha de clases misma.."; los empresarios tienen harta ventaja. Tienen las leyes, tienen abogados prepotentes, tienen capataces intimidadores, etc. 

Y allí, un funcionario imparcial, institucional, que aplique no sólo la ley en su versión literal y mecánica, sino el espíritu de la norma, puede hacer toda la diferencia. Que haya un ministro que sepa lo que significa una huelga para las familias de los trabajadores; un ministro que no reduzca las relaciones laborales a un indicador de productividad, puede significar la diferencia entre ser un país de ciudadanos o ser una chacra latifundista. 

En ambas gestiones, en la del Dr. Neves, como en la del Dr. Vega pude constatar en el mismo movimiento laboral la diferencia con otras gestiones. Los trabajadores percibían la diferencia. Era mucho más sencillo formar y defender a los sindicatos. Y los empresarios también y de allí sus caras largas. 

A pesar de las limitaciones señaladas, de la fragilidad de las coyunturas, de lo volátil que es todo en éste país, era inevitable tener algo de esperanza. Ver a los trabajadores y trabajadoras confiando en las instituciones del Estado, en la democracia y las leyes. Viendo que si podían funcionar, que eran útiles y que todos debían respetar. 

Es decir, por un tiempo breve, vivir en un país donde empresarios y trabajadores son iguales.

21 de febrero de 2018

"Trabajadores gratis" propone el fujimorismo


Esta mañana, la congresista Marisa Glave nos informó que en la Comisión Permanente del Congreso se acababa de aprobar el Proyecto de Ley N°1215/2016-CR que modifica la Ley de Modalidades Formativas Laborales. 

En dicho proyecto entre las diferentes modalidades se flexibilizan las "experiencias formativas en situaciones reales de trabajo". Se trata de aquellas que se realizan en empresas y son -como su nombre indica., trabajo real y productivo. Luego señala que no deben ser más allá de 4 horas diarias o 20 semanales (con lo cual podrían ser dos jornadas de 10 horas) y hasta por un máximo de 448 horas en un lapso de tres años. Se trata entonces de una jornada a medio tiempo. 

La novedad es que por tratarse de "formación laboral" entonces "no corresponde subvención económica alguna". Es decir, es trabajo productivo gratuito. Con esto, una empresa puede tener trabajadores GRATIS. Haciendo trabajo real, produciendo ganancias para la empresa y el trabajador no recibe ni un sol. En el Perú estamos regulando la esclavitud laboral bajo el pretexto de la formación. Eso viola los convenios de la OIT entre otras normativas nacionales e internacionales. 

La propuesta obviamente viene de la congresista Bartra con el respaldo de la bancada fujimorista.   

20 de febrero de 2018

Aumento del salario mínimo: debate permanente

Cada cierto tiempo se discute el aumento del salario mínimo o Remuneración Mínima Vital. Es un tema complicado pues conjuga tanto una discusión técnica con un debate político.

Hace una semana, el hasta ahora presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski puso en mesa la discusión de un aumento del salario mínimo luego de dos años en que no ha habido incrementos. El anuncio se hace en medio de una seria crisis política que amenaza la continuidad del régimen. Todo parece indicar que se trata de distraer a la ciudadanía con un debate que será extenso e infructuoso.

Hay varios temas que se discuten cuando se habla de incrementos en el salario mínimo. Lo primero es cuantos trabajadores se ven directamente afectados. En realidad no hay cifras exactas que indiquen cuantos trabajadores de manera directa o indirecta perciben el salario mínimo o una cifra cercana al mismo. Un estudio de la BCRP realizado por Céspedes (2005) señala:
  • Al considerar a los trabajadores asalariados del sector privado, a los trabajadores del sector público bajo régimen laboral del sector privado, conjuntamente con los trabajadores del hogar, se estima que el número total de personas que cubriría la ley de RMV en el ámbito nacional sería como mínimo 4,97 millones de personas, cifra que representa el 40% de la población ocupada del país.
En el otro extremo tenemos las declaraciones del abogado Ricardo Herrera (del Estudio Muñiz) que reduce el número de beneficiarios a 200 mil trabajadores que representan el 8% de la PEA asalariada formal que recibe la RMV.  Esta es una definición realmente estrecha y limitada. 

Información más exacta proporcionada por Céspedes señala que se trata de aproximadamente el 18 % de la PEA ocupada de los cuales un millón de trabajadores se encuentran en Lima. Son en su mayoría informales, relativamente jóvenes. Se trata de obreros del Sector Manufactura, Empleados/Independientes del Sector Comercio (al por menor), trabajadores de Restaurantes, Transporte Terrestre, Empleados del Hogar, entre otros.  (Tomado de aquí

El Estado tiene acceso a información más exacta ya sea a través de las planillas electrónicas o de la ENAHO para determinar el número de trabajadores que reciben el salario mínimo pero no se tiene acceso a esa información. El MTPE publica remuneraciones promedio, lo cual distorsiona y no permite entender realmente las variaciones de los salarios.  

Un segundo tema de discusión es el impacto que tienen los incrementos de la RMV. Los empresarios señalan que incrementan la informalidad e incluso el desempleo al ser un desincentivo en las Pymes y Mypes. Sin embargo, esta afirmación no tiene realmente asidero en ninguna investigación académica. 

Cuando se dio el incremento del año 2003 se realizaron tres estudios sobre el impacto del mismo en el empleo. El estudio de Saavedra (2004) para GRADE señaló que en términos generales, el incremento de la RMV no tenía impacto significativo en la probabilidad de perder el empleo. Si hay un impacto entre Por el contrrario, podía haber un efecto positivo en algunos grupos como los jóvenes con secundaria completa  y en algunos sectores de trabajadores informales donde el aumento funciona como un referente. El estudio de Céspedes (2005) señala que hay efectos en la reducción de empleo pero es mínimo. Y asimismo, hay un impacto en las demás remuenraciones, especialmente los que menos ingresos tienen y en los jóvenes. Finalmente, el estudio de Jaramillo (2005) confirma los efectos negativos en ciertos segmentos como los trabajadores pero no es significativo. En general como señala Chacaltana (2006) el efecto neto de dicho incremento fue una leve reducción del empleo pero una elevación del salario medio. No hay estudios sobre el impacto en la demanda agregada y en la expansión del empleo consecuente. 

Hay también evidencia que un aumento del salario mínimo no causa reducción del empleo o mayor informalidad, como se ha demostrado en el aumento de 25% en 2012 que no se ha asociado a menos empleo o mayor informalidad.

Sin embargo, los empresarios insisten en evitar todo tipo de incremento y señalan la necesidad de articularlo al incremento de la productividad. Lo cual puede ser un criterio válido pero no puede ser el único. En otros países de la región los criterios para dar incrementos en los salarios mínimos son la necesidad de los trabajadores (pérdida de poder adquisitivo), el alza del costo de vida, inflación acumulada y como política de desarrollo económico.  

En el siguiente cuadro se ve el valor real de la RMV en el país. Desde el último incremento, su valor se ha reducido, es decir, la capacidad de compra del mismo es cada vez menor por lo que si es pertinente revisarlo para por lo menos recuperar el nivel anterior.  




La CGTP exige un incremento que llegue al valor nominal de 1500 soles que sería un aumento de poco menos del 100%. Los empresarios consideran que eso es poco menos que imposible. Sin embargo, no recuerdan que en hasta setiembre de 1996, el salario mínimo era de 132 soles corrientes y en un año se produjeron tres incrementos consecutivos, llevando al salario mínimo hasta 345 soles (un incremento nominal de 161%). Y no hubo ninguna crisis ni desbalance económico. 

La posición de la CGTP ha sido siempre reconocer que el aumento es una medida adecuada pero insuficiente. Porque mejora ligeramente la situación de los trabajadores menos favorecidos y permite elevar el salario medio de los demás trabajadores. 

Es insuficiente porque en cualquier sociedad democrática, los incrementos salariales dependen de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Y este es un instrumento que el estado no desea proteger ni fomentar. El Estado (y los empresarios) han reducido la afiliación sindical a 2.8% en el sector privado mientras se niega a aceptar la negociación colectiva en el sector público. 

Si uno revisa las causales de huelga en el país verá que el principal motivo es el incumplimiento de los convenios colectivos. Es decir, los trabajadores organizados no tienen mecanismos reales para incrementar sus remuneraciones mientras que los que no están organizados tampoco tienen un mecanismo claro sino que dependen de la voluntad del Estado. 

En resumen, el movimiento sindical debe proponer que el Consejo Nacional de Trabajo restablezca la clausula técnica y automática para incrementar todos los años, el salario mínimo. Asimismo, el MTPE debe promover activamente la negociación colectiva, especialmente por rama de actividad para mejorar los ingresos de los trabajadores. 


Referencias

19 de febrero de 2018

La despolitización del sindicalismo peruano


El sindicalismo peruano atraviesa diversos problemas que pueden explicarse por razones internas o externas. Generalmente ponemos más atención a las carencias orgánicas del mismo o a su débil incidencia en la política nacional. Si anotamos que la tasa de afiliación sindical se encuentra en 2.8% entre la PEA asalariada del sector privado podemos entender que el actor sindical peruano atraviesa por una situación sumamente complicada. 

De los diferentes problemas que podemos identificar en el sindicalismo queremos detenernos en uno particularmente importante. Nos referimos al creciente nivel de despolitización del sindicalismo peruano. A pesar que en una primera impresión se podría pensar que el sindicalismo peruano esta fuertemente politizado e incluso radicalizado alrededor de posiciones de izquierda. 

Sin embargo, entendemos por "politización sindical" en primer lugar, la existencia de cuadros políticos partidarios involucrados en los sindicatos desarrollando acciones de proselitismo pero también de apoyo a las demandas laborales. Difundiendo la posición de los partidos políticos y debatiendo con otras posiciones políticas. En segundo lugar, supone la existencia de amplios debates políticos en donde participan las estructuras sindicales de base, intermedias y nacionales. Es decir, tanto los afiliados como los dirigentes intermedios y nacionales. Finalmente, todo lo anterior implica la movilización activa de afiliados y dirigentes en campañas que van más allá de reivindicaciones locales o sectoriales y de carácter laboral. Es decir, el sindicalismo comparte una lectura política de los problemas que le afectan y toma posición sobre toda la agenda política nacional y se moviliza ya sea para apoyar u oponerse a la misma. 

Estos tres niveles de politización se articulan y alimentan mutuamente. Una lectura en clave marxista haría referencia a la "conciencia de clase" por la cual, el resultado de esta politización sería un sujeto social que identifica claramente sus reales intereses de clase en cada coyuntura. 

Bueno, el problema es que precisamente la "politización sindical" así definida se encuentra en serio retroceso en el movimiento sindical. Si uno revisa las últimas movilizaciones sindicales que disponen de una agenda política podemos ver que se han reducido considerablemente en las dos últimas décadas. Las marchas contra el indulto han tenido una participación de sindicalistas pero se trata de grupos de dirigentes sin la presencia de sus afiliados. Sindicatos de empresa que cuentan con más de 100 afiliados están representados por media docena de dirigentes llevando una banderola. A las dirigencias sindicales les resulta cada vez más complicado animar a sus afiliados a movilizarse por causas políticas o que no los afecten directamente. En parte porque los afiliados al sindicato entienden poco o no encuentran interés en las agendas políticas de los dirigentes sindicales. 

En ese sentido, el otro elemento que se ha debilitado es el debate político dentro de los sindicatos. No se trata de que no se "hable de política", sino que "no se discute políticamente". En una vasta mayoría de sindicatos, no hay militantes de partidos y los dirigentes comparten una suerte de sentido común reivindicativo y a veces hasta contestatario. Esto coexiste con discursos y sentimientos anti políticos y más precisamente antipartidarios. Donde el rechazo es compartido tanto para la derecha como para la izquierda.   

En las organizaciones sindicales donde hay militantes de partido generalmente se trata de un único partido de izquierda. Por lo tanto, se habla de política pero no hay mayor discusión pues los cuadros partidarios no se ven obligados a discutir con otras fuerzas. El relato político se trasmite sin críticas ni observaciones a los afiliados que lo asumen con espíritu bastante resignado o instrumental. 

Las asambleas sindicales no son actualmente un espacio de discusión política, donde los voceros de diferentes tendencias, corrientes, partidos o ideologías se enfrentan en combates argumentativos y retóricos. El siglo pasado, la existencia de militantes de diferentes partidos obligaba a debates, discusiones e intercambio de ideas. La asamblea sindical se convertía así en un espacio altamente politizado. Pero lo que tenemos ahora es más bien monólogos que no entusiasman ni sirven de aprendizaje para las nuevas generaciones de sindicalistas. 

Y esto es así porque se ha reducido tanto el número partidos con presencia en los sindicatos como el número de sus militantes. Los cuadros políticos son pocos y de menos partidos. Hay un problema generacional además, pues los militantes tienden a ser los de mayor edad. 

Las causas de este proceso de despolitización son varias y complejas. Tienen que ver con los procesos de cambio en la estructura productiva del país y del mercado laboral, así como el predominio de discursos conservadores y de derecha en el escenario político. 

Para politizar el sindicalismo peruano se pueden desarrollar diferentes estrategias y campañas. Los partidos deben priorizar los espacios laborales y dedicar más activistas y cuadros. Pero esos nuevos activistas y militantes salen de la afiliación sindical. Sin más sindicalistas no tendremos más cuadros políticos entre los trabajadores.  

Una medida sencilla y que puede ser eficaz es promover los debates y discusiones políticas en las asambleas sindicales. Esto no se limita a hablar de política, es decir, a escuchar a una persona dictar una charla. La curiosidad política se fomenta a partir de la confrontación de ideas y no de los discursos interminables y aburridos. 

Para lograr esto, los sindicatos deberían recuperar la participación de "delegados fraternos" en los espacios sindicales. En el siglo pasado, en cada asamblea de base, sectorial o en la nacional participaban "delegados fraternos", es decir, con derecho a voz pero sin voto (esto es importante). Las convocatorias señalaban el número de delegados plenos y fraternos que correspondian por cada base sindical. Un sindicato de empresa podía acreditar por ejemplo, 5 delegados plenos y dos fraternos. Cuando había que hacer alguna votación solamente participaban los delegados plenos. Para hacer más sencillo esto, se entregaban credenciales de diferente color. 

Los delegados fraternos generalmente eran cuadros partidarios (estudiantiles, profesionales o sindicales) que tenían un mayor nivel político y cuyo objetivo era presentar el punto de vista de la agrupación política  sobre la agenda sindical que se discutía. 

De esta manera, los cuadros políticos podían asistir a las asambleas y tomar la palabra, presentar sus puntos de vista y enriquecer el debate. Cada organización política trataba de llevar a sus mejores oradores, a sus más experimentados agitadores para salir airosos en las disputas verbales. 

Recuerdo asambleas donde las discusiones entre troskistas, moscovitas, maoístas, apristas, socialistas eran lo más esperado de la noche. Los trabajadores escuchaban y se inclinaban con aplausos por uno u otro orador. Cada grupo tenía su particular estilo y sus temas favoritos. La agenda sindical se enriquecía con estos intercambios de ideas y propuestas. De esta manera, cualquier asamblea sindical se convierte en una escuela política para los trabajadores y trabajadoras. 

En teoría esto no debería requerir nada más que voluntad política, pues todas las asambleas permiten en sus estatutos o reglamentos la participación de "delegados fraternos". Esta es una de las buenas costumbres del viejo sindicalismo que se perdió en los 90 y que debería regresar urgentemente. 

8 de febrero de 2018

No una sino varias crisis (y qué hacer al respecto)

Omar Cavero Cornejo escribe un texto sobre la crisis que permite plantear algunos temas para conversar/discutir desde el análisis y la acción política. La situación actual ha sido entendida como una “crisis política” que se agrava en el tiempo. Para enriquecer esta impresión inicial, queremos señalar algunos matices. Nuestra hipótesis es que se trata no de una, sino de varias crisis juntas. Y conocer el carácter y alcance de dichas crisis permite entender los diferentes escenarios que se abren en la presente coyuntura.

Como todo análisis político, no se sostiene en el aire, sino en una posición dentro del conflicto social. Los observadores imparciales no existen. Pero siendo parcial del lado de los trabajadores podemos aspirar a cierta objetividad entendida como el predominio de los hechos antes que los deseos.

En primer lugar, tenemos una crisis de gobernabilidad. La misma que afecta a la Presidencia de la República y que se registra en la demostrada incapacidad del gobierno para ejecutar las políticas necesarias frente a los problemas existentes. Ninguna política sectorial del Ejecutivo se ha implementado de manera más o menos exitosa, ni la reconstrucción, ni el destrabe. Los ministros son cada vez más administradores desorientados que promotores de algún objetivo político o social. La percepción general es que muchos en el Ejecutivo, si no la mayoría, están en el cargo porque “chamba es chamba”, como anotó el caricaturista Carlín para un caso particular.

En segundo lugar, estamos en una crisis de representación. La misma que comprende tanto al gobierno como a los partidos en el Congreso. Se trata de una enajenación de los gobernantes frente a los gobernados. La ciudadanía oscila entre el rechazo y la apatía frente a “los políticos”. El desencanto ciudadano se ha normalizado tanto que la mejor manera de hacer política es negando que se hace política. Obviamente, los caudillos tienen alrededor seguidores, pero cada vez más se trata de militantes en actividad, de clientelas o de una mezcla entre ambos grupos. La representación está en problemas cuando los ciudadanos simplemente simpatizantes desaparecen. Un efecto de esto es el crecimiento de los discursos antipolíticos, como de los extremismos de derecha e izquierda.

Finalmente tenemos una crisis de legitimidad. La misma que comprende a todo el régimen político. La democracia representativa recuperada a inicios del presente siglo atraviesa su más grave crisis. Lo que señalamos es que el patrón de corrupción desarrollado por el fujimorismo en los 90s, no fue destruido sino que logró adaptarse, renovarse y diversificarse desde el año 2001. La prueba más simple está en las diversas redes institucionales de corrupción, sorprendidas en el caso Lava Jato, puertas giratorias, Odebrecht, el “club de la construcción” hasta el caso de PPK, pero también en los numerosos alcaldes denunciados por tráfico de terrenos o gobiernos regionales acusados de corrupción. Se trata de una crisis que afecta los valores y normas de comportamiento en las relaciones entre el aparato estatal y la sociedad civil.

Se trata de tres crisis que a manera de círculos concéntricos están superpuestas. Muchos de los síntomas de cada una de las crisis se juntan, mezclan y solapan entre si. Entonces, resulta difícil discernir que es lo más urgente y el impacto de nuestras acciones. Las diferencias en su alcance hace que también sea complicado resolver o superar todas ellas. Algunas salidas podrán resolver una, pero no las otras. Y los resultados pueden ordenar de manera diferente el escenario social.

Un país dividido entre divididos y desafectos

La situación común a las tres crisis es la segmentación del país en acalorados discursos políticos propalados por diversas minorías y una compacta masa de ciudadanos desafectos en general. Bajo determinadas circunstancias parte de los desafectos pasa a engrosar alguna minoría discursiva por un tiempo. Frente a esta situación, la derecha y especialmente los grupos de poder vinculados a las viejas redes de inteligencia han empezado a operar soltando diversas cortinas de humo: tratan de resucitar la amenaza senderista, acrecentar la inseguridad ciudadana o asustar con la presencia de trabajadores venezolanos para crear xenofobia en el país.

Por otro lado, la economía sigue definiendo los desbalances del campo de juego. La incapacidad del gobierno para desarrollar una respuesta a los problemas que de ella derivan ha provocado que los conflictos sociales se incrementen. El Paro Agrario que defiende los intereses de los productores de papa del país ha demostrado que el gobierno carece una política agraria. En estas situaciones, no se trata de un gobierno débil sino de un gobierno represor que prefiere resolver los problemas mediante la violencia que ya ha cobrado la vida de dos campesinos. Se trata de un gobierno débil frente a los empresarios y al fujimorismo, pero matón y abusivo frente a los campesinos y los trabajadores.

La crisis del “antifujimorismo” y las posibles salidas

Como señalaba hace unas semanas atrás, el antifujimorismo está en crisis por tres razones: La primera es la continuidad del modelo de corrupción en el Estado, posible en parte por la débil institucionalidad y el crecimiento económico entre 2002 y 2012. El segundo elemento es el crecimiento electoral del fujimorismo. A inicios de la anterior década muchos pensábamos que eran los momentos finales de este grupo político delincuencial, sin embargo, logró remontar el generalizado rechazo de buena parte de la sociedad y reconstruir una estructura de organización y nuevas lealtades basadas en prácticas clientelares con recursos económicos que son materia de investigación judicial. Finalmente, el tercer elemento es la ausencia de políticas realmente redistributivas acompañadas de una cultura ciudadana. El país ha crecido pero sigue siendo escandalosamente desigual. La sociedad civil no se ha fortalecido y nuestras nuevas clases medias son precarias económica y políticamente. Esta situación explica el bajón que ha enfrentado la lucha “antifujimorista” desde la última semana. No voy a repetir lo que ya sabemos acerca de nuestras debilidades como izquierda. Pero si incidir en un tema que me parece crucial: definir el carácter de la lucha presente.

Efectivamente como señala Omar Cavero hay un tono moral en el discurso antifujimorista. Me consta que fue eficaz a inicios del presente siglo pero ahora obviamente, no lo es. En general, tenemos un arco que va desde “fuera PPK” hasta “que se vayan todos”. En la medida que no logremos decantar esta amplitud de interpretaciones y sentidos de la lucha social, vamos a estar constreñidos a seguir una línea del mínimo esfuerzo. Por eso considero que la derrota definitiva del fujimorismo no sea posible con las viejas banderas del antifujimorismo de inicios del presente siglo. Tal vez, sea necesaria otra matriz política que defina nuevos campos y sentidos políticos. Uno de cuyos sujetos debería ser la "izquierda del trabajo". Es decir, un sujeto político que ayude a definir una matriz política que frente al fujimorismo oponga posiciones en lo económico (antineoliberal), en lo social (anti individualista) y en lo político (radicalmente democrática). De esta manera, el debate ya no será solamente contra el fujimorismo en tanto fujimoristas sino en tanto neoliberales, conservadores, reaccionarios y por supuesto, corruptos.

Colofón

Hay fuertes rumores en los grupos de poder que señalan que los días de PPK están contados. Al parecer, la salida que la derecha ha planeado supone la renuncia del presidente por razones de salud y su reemplazo con el vicepresidente Martin Vizcarra.

Resulta del interés de los sectores populares y laborales que PPK abandone la presidencia. Entonces, su salida es un objetivo político prioritario e inmediato. El peligro de esta salida es que sea negociada para mantener la impunidad de los principales acusados de corrupción como son Keiko Fujimori, Alan García, Toledo y el mismo PPK. En nuestro esquema inicial, el reemplazo de PPK por Vizcarra puede resolver la crisis de gobernabilidad pero no resuelve el problema de representación ni legitimidad. En ese escenario, los trabajadores organizados y los ciudadanos demócratas debemos mantener la consigna de nuevas elecciones generales. Pues, Vizcarra como presidente no va a resolver la crisis política sino será solamente un paliativo.

Finalmente, en este escenario resulta imprescindible garantizar el éxito del Paro Nacional. Pero a diferencia de Omar, considero más importante el éxito del Paro en Lima. En la capital debemos lograr una respuesta contundente en movilización y lucha capaz de reordenar el escenario político. Hay que demostrar en las calles que no vamos a tranzar con un cambio negociado de PPK por Vizcarra. Elecciones generales es la consigna que debemos mantener.