30 de octubre de 2007

Taca, el derecho de contratación y los derechos humanos


Ha llegado a nosotros un formato de carta elaborado por la empresa TACA Perú que señala lo siguiente:

"Acepto realizar y que se me practiquen previos (sic) a mi contratación o después de esta, todos aquellos exámenes o pruebas ya sean medicas, físicas técnicas, psicológicas, de polígrafo, antidoping o cualquier otra que la empresa considere oportuna para la evaluación de su personal o de su estado de salud físico y/o mental del mismo.

Estas pruebas se realizarán en cualquier momento, lugar y con la regularidad que la empresa considere, el evitar, retrasar de alguna forma o por algún medio la práctica de los exámenes antes dichos, serán motivos suficientes para anular mi postulación al empleo y quedar eliminado de la lista de elegibles si en ella apareciera o para despedirme sin responsabilidad patronal si estuviera trabajando".

Indignante. El texto señalado, al margen de su pobre redacción, es un ejemplo no sólo de una política antilaboral sino una violación flagrante de los derechos humanos. Esta carta que la empresa TACA Perú obliga a firmar a los aspirantes y trabajadores en general. Debe ser materia de una denuncia penal inmediata. Pocas veces en la historia de las relaciones laborales hemos sido testigos de una prueba tan clara de la mentalidad medieval de las empresas.

Veamos en detalle el documento citado. En primer lugar debemos recordar que existe una jerarquía de normas, cuya razón de ser, es que no exista un desorden o caos al momento de aplicarse las leyes. tenemos una piramide normativa, en cuya cúpide se encuentra la Constitución, donde se incorpora los convenios internacionales y la declaración universal de los derechos humanos. No es posible, en la sociedad peruana establecer un acuerdo entre partes (contrato) que suponga la violación de lo que señala la Constitución. Una persona no puede ser esclavizada o vendida así firme un contrato señalando dicho acuerdo. Es ilegal.

En este sentido, la intimidad es un derecho constitucional que en las últimas décadas ha sido materia de un amplio debate doctrinario. Especialmente en el caso de los exámenes médicos en el ámbito laboral. Un empleador tiene derecho a conocer el estado de salud de sus empleados sólo en la medida que dicha condición de salud afecte de manera clara y señalada por un organismo competente y oficial, las funciones que desempeña dicho trabajador. Es decir, cada labor ocupacional comprende ciertos requisitos o competencias técnicas, profesionales y de salud. La empresa no puede establecer un marco de intervención amplio y absoluto sobre las personas que contrata, pues atenta en primer lugar contra el derecho a la integridad física y mental de la persona, sometiéndola a exámenes invasivos. El documento no señala las diferencias entre los puestos de trabajo que implican diferencias en los exámenes ni tampoco dice nada acerca de la confidencialidad de los resultados de dichos exámenes.

En segundo lugar, las pruebas de polígrafo y antidoping poseen un umbral de error muy grande y generalmente sus resultados son debatibles o materia de confusión. Un medicamento para el corazón puede aparecer como el consumo de sustancias ilícitas y ser causal de un despido.

En tercer lugar, la empresa TACA Perú no es una instancia oficialmente reconocida para "evaluar el estado de salud físico o mental'' de ninguna persona. Solamente un centro médico debidamente reconocido por el Estado pude hacerlo, y el documento en cuestión señala que es la empresa la que evalúa, sin mencionar los mecanismos o intermediarios, asi como el procedimiento para cuestionar los resultados en caso que el trabajador lo considere necesario.

En cuarto lugar, no señala un periodo o cronograma para las pruebas, creando un ambiente de evaluación permanente. De esta manera existe la posibilidad que dichas pruebas se apliquen con criterios de discriminación laboral o de política antisindical. Más aún cuando se señala que basta con retrasar alguna prueba para ser despedido sin responsabilidad patronal. Más claro ni el agua. Lo que TACA Perú quiere es un mecanismo aceptado por el trabajador para ser despedido en cualquier momento. Si un trabajador mediante un certificado médico desea ser exonerado por ejemplo, de una prueba de rendimiento físico, será despedido. Si una trabajadora se encuentra menstruando y por lo tanto no puede someterse a un examen medico, será despedida. Podríamos encontrar muchos ejemplos para graficar lo que el documento implica para los trabajadores pero los señalados son suficientes para ilustrar nuestro punto.

En ese sentido, ninguna empresa tiene derecho a invadir la integridad de una persona. Toda persona natural tiene derechos por encima de las personas jurídicas. En Europa existe una amplia normatividad que impide que las empresas vulneren la intimidad de los trabajadores o utilicen los exámenes médicos o técnicos como mecanismos de discriminación laboral o antisindical. En este sentido, cada ocupación dispone de una reglamentación clara que señala que exámenes médicos pueden aplicársele y ningún otro es aceptado. Mas aún, se señala que cada examen requiere de una autorización especifica.

Todo aquello relacionado con la salud de los trabajadores se encuentra regulado desde el Estado y supervisado por comisiones mixtas donde participan representantes de los trabajadores y de los empresarios.

Por estas razones debemos denunciar a la empresa TACA Perú por violación a la intimidad, discriminación y conducta antisindical. Al mismo tiempo, para rechazar los atentados a la liberta sindical y las condiciones de trabajo en sobreexplotación el mecanismo idóneo ha sido la negociación colectiva. Y es imprescindible reorientar la estrategia sindical buscando que cubra a los trabajadores sin importar el tipo de contrato o la estabilidad en el puesto.