31 de diciembre de 2014

Muchas luchas, una esperanza. Balance laboral del 2014


El balance político del actual gobierno requiere un análisis amplio y variado. En esta oportunidad vamos a detenernos solamente en la política laboral. ¿Qué significa el actual gobierno para las relaciones laborales? Nada bueno, lamentablemente. Por un lado tenemos, la política desarrollada desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), otra instancia importante es la Comisión de Trabajo del Congreso, detrás, pero mas importante se encuentra la CONFIEP y gremios empresariales junto. En la otra acera, está la CGTP y un cada vez más variado movimiento sindical. Podríamos mencionar, al todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas que como hemos visto este ultimo mes, también interviene en materia de legislación laboral.

Durante el 2014 tres personas han ocupado el Ministerio de Trabajo. Teresa Laos Cáceres, Ana Jara y actualmente Fredy Otarola. Ninguna de las gestiones ha destacada particularmente. Es claro, que para el gobierno, el MTPE no es una prioridad. Una prueba de esto lo tenemos en su participación en el presupuesto público que representa el 0.2% del mismo. Otra más: la principal norma laboral del año se ha pensado en la CONFIEP y se ha acordado en medio de un juego de golf entre los ministros de Economía y Producción. Así estamos. 

El Ministerio de Trabajo

El MTPE durante el presente año no ha tenido liderazgo ni iniciativa. Los ministros mantienen un perfil bajo, evitando aparecer en el debate público. No hay grandes campañas ni propuestas novedosas que provengan de dicho Ministerio. Básicamente, la labor de estos ministros ha sido administrar los conflictos, evitando que crezcan. Mantener contentos  a los grupos empresariales y distraer a los sindicatos con promesas y diálogos sin resultados.

En teoría, una de las funciones principales del MTPE es la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas. Esta labor, ha sido duramente criticada en años anteriores por la debilidad institucional del ministerio. Bajos sueldos, poca meritocracia, argollas y prebendas habían convertido la inspección laboral en una función completamente parcializada con el lado más fuerte en las relaciones laborales. En ese momento la propuesta de establecer una Superintendencia de Inspecciones y a la vez de descentralizar las mismas dando competencias a las regiones parecía una buena idea. Luego de algo más de un año vemos que los problemas de la fiscalización laboral se mantienen y no parecen resolverse en el tiempo.

Más aún, si algo ha mostrado voluntad el gobierno ha sido en debilitar las inspecciones laborales. La SUNAFIL no dispone del presupuesto adecuado, los inspectores, paradojicamente son también trabajadores cuyos derechos laborales se violan sistemáticamente. El presente año se han dictado normas -en el marco de los paquetes reactivadores- que simplemente reducen multas, condicionan aún más su aplicación y redefinen su sentido. La inspección laboral no busca ahora castigar a las empresas que infringen la legislación laboral, sino más condescendientemente se orienta a "educar a las empresas" en materia laboral.

En un país donde la tasa de sindicalización esta por debajo del 6% de la PEA asalariada urbana, pensar que no es prioritario un sistema nacional de inspecciones laborales es o una gran ingenuidad o simple complicidad con los intereses del capital.

A esto se suma la norma El día 21 de noviembre se expidió el Decreto Supremo N° 013.2014-TR que define la situación económica aplicable al cese colectivo de trabajadores y además establece un plazo para la interposición del arbitraje potestativo. Ambos temas habían venido siendo reclamados por los gremios empresariales desde el año pasado.

La temprana gestión del Viceministro de Trabajo Pablo Checa dejó una agenda de trabajo que incluía temas sencillos pero políticamente factibles y útiles al movimiento sindical. Cambios en el reglamento de procedimientos administrativos del ministerio para agilizar los trámites para el ejercicio sindical, normas sobre licencias sindicales, un proyecto de ley para regular la cuota sindical y permitir que se incluya a federaciones y confederaciones en el acopio y distribución que realiza el empleador sobre la remuneración del trabajador afiliado. Todo esto ha sido postergado, dilatado y archivado sin ninguna discusión ni explicación. ¿Alguien sabe en que está el tema de la Ley general del trabajo?

En resumen, el MTPE es una institución irrelevante, mediocre, feudalizada entre funcionarios de larga data e intereses particulares.

Una prueba de la poca importancia que tiene el tema laboral en la agenda del gobierno, es que en la tradicional distribución de comisiones parlamentarias a inicios de la legislatura 2014, la Comisión de Trabajo y seguridad Social, tradicionalmente un espacio importante para las iniciativas laborales y el debate sectorial, fue cedido a la oposición fujimorista. de esta manera, Martha Chavez, representante del ala más dura del fujimorismo y defensora acérrima del dictador asume la presidencia de esta comisión.

De esta manera, el lobby empresarial ha funcionado con mayor celeridad y éxito. Uno de los logros más importantes de los gremios empresariales ha sido el de modificar la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo. casi desde su promulgación, dicha norma fue duramente atacada por la CONFIEP, SNI y la Cámara de Comercio de Lima. Durante el presente año, varios congresistas aparecen de pronto preocupados por los efectos de dicha norma. Hace poco, el lobby se anota un tanto al lograr que el Congreso y el Ejecutivo revisen promulguen la Ley 30222 que elimina buena parte de los aspectos que favorecen a los trabajadores e introduce un "enfoque preventivo" en las inspecciones laborales, reduciendo el rol fiscalizador del Estado. Se difumina además la responsabilidad penal del empresario en caso de accidente fatal.

Este tema gráfica el viraje dado por el actual gobierno en la representación social de intereses. A inicios de su gestión, el gobierno dicta una ley de SST, y dos años después la modifica drásticamente. de ser una norma que regula, fiscaliza y empodera a los trabajadores, pasa a ser otra norma más que se enreda en términos para salvaguardar los intereses empresariales. Un mismo gobierno, dos políticas opuestas. En la práctica, en materia laboral, el actual gobierno es el fujimorismo resucitado.

La CONFIEP y los empresarios

Los empresarios durante el presente año han sabido capitalizar la debilidad del gobierno. Los términos de la discusión en el debate laboral han retrocedido a los años 90s. La legitimidad de los sindicatos lograda durante la lucha contra la dictadura, que significó establecer espacios institucionales como el Consejo Nacional de Trabajo o el compromiso de elaborar de manera consensuada una Ley General de Trabajo son ahora nuevamente temas tabú. El CNT es una instancia decorativa e irrelevante. La LGT es sólo un recuerdo. El gobierno ha renunciado a discutir seriamente el tema.

Los sindicatos son nuevamente vistos con sospecha, sus organizaciones son hostilizadas, los dirigentes son despedidos de manera impune. Durante el gobierno de Ollanta Humala han sido despedidos alrededor de 300 dirigentes sindicales. Los regímenes laborales especiales como el de exportaciones  no tradicionales o el de promoción del agro, son en la práctica reducción de derechos laborales. Situación similar ocurre en las pequeñas empresas (que en Perú pueden tener hasta 100 trabajadores).

La situación es tan precaria que los empresarios han venido reclamando que la reducción de derechos sea extensiva a todos los trabajadores. Hasta hace unos años, la estrategia empresarial consistía básicamente en "resistir" las demandas democratizadoras que venían desde la sociedad civil y el sindicalismo. Gracias a Ollanta, han pasado nuevamente a una etapa "de ofensiva". No están contentos con mantener lo logrado durante la dictadura fujimorista, se trata de "consolidar y avanzar" en mayores beneficios, prebendas y privilegios. 

La CONFIEP venía reclamando una mayor liberalización de las relaciones laborales. Mecanismos legales para mantener los sueldos bajos, reducir los ingresos de los trabajadores y evitar su sindicalización mediante un procedimiento sencillo, barato y administrativo del despido. 

Los funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de la Producción son en la actualidad, los sumo sacerdotes del neoliberalismo. Los talibanes de una ideología de mercado. Su indiferencia al más mínimo sentido común político ha permitido que dicten una norma precarizadora del empleo juvenil en uno de los países con mayores tasas de precariedad laboral en el sector juvenil. 

La CGTP y los sindicatos

Para nadie es un secreto que el movimiento sindical peruano atraviesa una seria crisis de identidad y representación. La crítica fácil se queda en el enunciado, sin explicar causas ni evaluar consecuencias. La transición democrática supuso una suerte de acuerdo político para cambiar las estructuras y normas de la dictadura fujimorista. Esto, en el terreno laboral nunca fue desarrollado. El fujimorismo ha sido y sigue siendo el marco ideológico que rige la acción del Estado en materia laboral. Este año, ha significado una dura contraofensiva del capital, desarrollada cuando el sindicalismo no logra consolidar una estrategia de recambio generacional ni de unidad orgánica.

El mercado laboral es cada vez más complejo y diferenciado. La precariedad laboral disfrazada de informalidad ha crecido de manera sostenida. En este escenario, hay signos de descomposición social en sectores como la CTP, donde resulta claro que mafias y grupos ajenos a los trabajadores han tomado dicha estructura para fines delincuenciales.

La CUT y la CATP no logran definir un discurso más allá de la acción corporativa. Son estructuras básicamente centradas en Lima con muy escasa capacidad de movilización. La CGTP por su parte, es probablemente quien más sufre el tema del recambio generacional. Normalmente, dicho proceso supone el surgimiento de liderazgos sectoriales y cuadros jóvenes que conquistando derechos en sus respectivos sectores van adquiriendo experiencia y legitimidad en la gestión sindical. 

Lamentablemente esto no ocurre en el grado necesario, por las serias limitaciones de la legislación laboral. No existen licencias sindicales a nivel sectorial y cada Federación debe sobreutilizar los escasos dirigentes con que cuenta. Es muy difícil de esta manera que un proceso normal de recambio pueda desarrollarse.

Las marchas contra el régimen laboral juvenil son un buen ejemplo de esto. Los liderazgos sindicales juveniles son escasos a pesar que el número de sindicatos de trabajadores jóvenes ha crecido en el último quinquenio. El rol de César Soberon, dirigente joven de Construcción Civil y del Departamento de la Juventud Trabajadora de la CGTP es mucho más meritorio por esto. Debe liderar un movimiento de masas muy amplio y a la vez consolidar la estructura orgánica del mismo, tratando que las luchas sigan siendo laborales y a la vez juveniles.   

Y sin embargo, los sindicatos resisten. Este año ha sido testigo de largas huelgas en sectores que hasta hace unos años no se organizaban ni movilizaban. En el 2013, la huelga de INDECO marcó un hito. En el 2014, tenemos la heroica lucha del Sindicato de Papelera Nacional con 78 días de paralización. Otro buen ejemplo del desinterés y abandono del tema laboral para la pareja presidencial. 400 familias en peligro durante 78 días por la negativa de una empresa que controla más del 50% del mercado en su rubro. Y esta lucha no ha merecido ni siquiera un tuit de Nadine.

Junto con Papelera, son varios los sindicatos que han traído de regreso a la huelga como método de lucha sindical. Atlas, Celima, Camposol, B. Braun, entre otros. Los sectores textiles y minero han fortalecido sus estructuras y logrado movilizar sus fuerzas los últimos meses del año que termina. la lucha contra el Régimen laboral juvenil tiene en el combativo Sindicato de Topytop uno de sus aliados estratégicos.

Asimismo, el sector de sindicatos "independientes" ha mantenido su práctica de sindicalismo testimonial. Un discurso sindical corporativo, viejas críticas a la politización de la CGTP, serias dificultades para lograr convenios colectivos, defensa  de afiliados desde una perspectiva exclusivamente jurídica, apoyo económico de algunas SPI, presencia de abogados laboralistas reemplazando a las direcciones sindicales y muy escasa capacidad de movilización real, son entre otras, las principales características de este sector que se debate en el dilema de ser una red virtual de solidaridad o formar una quinta central sindical.  

Más allá de la alegría por las últimas marchas juveniles y la gesta heroica de tantos sindicatos con largas huelgas, el balance final del año no puede ser positivo para los trabajadores. La alianza entre empresarios y gobierno sigue fuerte. El nuevo Régimen Laboral Juvenil es un ejemplo de su fuerza y ceguera. Pero la terquedad de empresarios y gobierno ha permitido que jóvenes sindicalistas, estudiantes, colectivos culturales y artísticos se encuentren defendiendo un tema estrictamente laboral. Tal vez sin querer, esta lucha sea el semillero de nuevos liderazgos en el espacio laboral y juvenil. He ahí nuestra esperanza.