7 de diciembre de 2016

Las relaciones laborales en el Perú: 2016

Nuestro recordado Ever Rodriguez. Buen dirigente de la CGTP
Las relaciones laborales en el Perú atraviesan uno de sus peores momentos. Es el resultado de un proceso que se inició en 1992 con la reforma laboral desreguladora de la dictadura fujimorista. Desde entonces, hemos tenido un marco normativo completamente parcializado a favor de los intereses empresariales. Como sabemos, las relaciones laborales comprenden a los trabajadores, empresarios y el estado. En cualquier sociedad más o menos democrática, estas relaciones se basan en respeto mínimo y el rol arbitral del Estado que vigila los intereses generales del capitalismo antes que intereses particulares de uno u otro grupo empresarial.

En general, los últimos gobiernos no han logrado restablecer un equilibrio mínimo en las relaciones laborales, predominando el modelo individualista y desregulador. Algunos cambios secundarios se lograron en el anterior gobierno en materia normativa, destacando la Ley de salud y seguridad impulsada por la CGTP, pero que ha sido rápidamente desvirtuada por los intereses empresariales.

En materia de afiliación sindical, no hay mucho que destacar. La norma es restrictiva e intervencionista en materia de afiliación y organización sindical. La tasa de afiliación está por debajo del 10% de la PEA asalariada urbana desde hace más de una década y es una de las más bajas de américa del sur. La norma exige un mínimo de 20 trabajadores y en el país, sólo el 10% de las empresas tiene más de 20 trabajadores en planilla. Los trabajadores sindicalizados son una minoría en el país y están asentados en los sectores más tradicionales: minería, construcción, manufactura y administración pública. Los sectores de comercio, servicios, tecnologías tienen una afiliación ínfima cuando no existente. Esto parece muy difícil de cambiar desde las propias fuerzas del sindicalismo.

En materia de negociación colectiva, los datos son igualmente preocupantes. Una sola negociación por rama (construcción civil) y luego numerosos convenios colectivos a nivel de empresa, con un promedio de menos de 100 afiliados por sindicato. La cobertura de la negociación colectiva se encuentra estancada en poco menos del 10% de la PEA asalariada que es más complicado, porque las huelgas exitosas no son muchas, tanto por su dificultad de convocatoria y por las trabas que pone el Ministerio de trabajo. 

Sin embargo, debemos señalar que hay un espíritu de lucha que va creciendo. Indeco realizó una huelga de 32 días y Papelera Nacional otra de 90 días, ambas exitosas. En la actualidad acaba de terminar la huelga de Molitalia y tiene más de diez días. A nivel individual, la legislación flexibilizó los contratos, trastocando la relación entre estables y temporales. Desde los 90s, el empleo temporal es la norma antes que la excepción. Ahora, la mayoría de los trabajadores es temporal y los estables son cada vez menos. A esto se suma la tercerización y subcontratación. El despido también se ha flexibilizado.

Este es el escenario general que con matices hemos vivido en los tres últimos gobiernos. Este modelo ha significado mayor desigualdad en las relaciones laborales y la precarización del empleo. En el Perú, el trabajo cada vez es más precario, a pesar del crecimiento económico y de algunas mejoras en ingresos en algunos sectores.

El actual gobierno, en materia laboral ha continuado con la misma política desreguladora. Más allá de algunos compromisos firmados en campaña, el actual gobierno no tiene una propuesta alternativa en materia laboral. Desde el 28 de julio se ha limitado a repetir el guion de la derecha empresarial: nombrar a personajes vinculados a los empresarios en el ministerio de trabajo; utilizar el Consejo Nacional de Trabajo para dilatar y torpedear cualquier cambio; debilitar la fiscalización laboral; reducir las normas laborales y facilitar el ingreso y salida de los trabajadores.

Ahora, ya tenemos claro que el gobierno tiene la intención de desregular aún más, bajo el pretexto de la simplificación administrativa. Una norma señala que ya no es obligatorio registrar los contratos en el Ministerio de trabajo, lo cual tiene como consecuencia que los trabajadores no podrán disponer de su contrato, en tanto, quedará a criterio del empleador si lo entrega o no.

En materia laboral, el actual gobierno no representa nada más que continuismo neoliberal. Y esto es así porque es un gobierno que representa los intereses de la derecha empresarial. De manera tal que sus objetivos siguen siendo simplemente la búsqueda de utilidades de corto plazo, la exportación de materias primas sobre la base de la articulación económica del país a una globalización neoliberal.

En este escenario, la pugna entre empresarios y trabajadores va a seguir creciendo. Hay un conjunto muy amplio de demandas y conflictos laborales que están gestándose en diferentes sectores económicos. La CGTP acaba de renovar su dirección sindical y en el XIV Congreso se han discutido las estrategias para enfrentar al modelo neoliberal. El sindicalismo esta convencido que ya es tiempo de luchar decididamente para revertir el marco normativo actual. Esto supone una lucha coordinada en los espacios laborales y políticos. El próximo año veremos entonces, muchas más movilizaciones y protestas laborales, huelgas más largas y violentas. La limitación de esto, es que se trata de luchas dispersas, y el reto es centralizar, unificar, converger las luchas sindicales en un proceso que debe tener como hito, el próximo Paro Nacional. Un Paro Nacional que sea a la vez, la articulación de luchas laborales, regionales, sociales, medioambientales y ciudadanas. Los trabajadores tienen el reto de ser el eje articulador de la lucha política y social del país.