19 de agosto de 2014

Del discurso entusiasta al desinterés político: ambivalencias del gobierno en materia laboral

El gobierno de Ollanta ha recorrido casi todo el abanico de posiciones políticas en el tema de las relaciones laborales. En la época de la candidatura, llego a decir que su gobierno sería el “gobierno de los trabajadores”, un par de años después queda claro que la agenda presidencial en materia laboral responde exclusivamente a la CONFIEP.

Los diferentes enfoques en materia laboral son un buen mapa de las oscilaciones que ha venido sufriendo la administración de Ollanta. El mismo gobierno que dicta una norma progresista y moderna como la Ley de Salud y Seguridad en el trabajo, luego la modifica recortando sus funciones y limitando su alcance conforme los reclamos empresariales.

En diferentes ámbitos la conducta del gobierno ha sido la misma. El discurso progresista que apoya algunas acciones moderadas cede sin mayor debate, casi de manera automática frente a la presión de los poderes fácticos. Para nadie es un secreto, que apenas dictada la Ley de Salud y seguridad en el Trabajo, los intereses empresariales expresaron su incomodidad y rechazo. La existencia de una norma legal que da a los sindicatos un reconocimiento y funciones claras dentro de la organización productiva era demasiado para la CONFIEP. La responsabilidad penal de los empresarios cuando ocurre un accidente mortal en un centro de trabajo es una medida ampliamente registrada en la legislación de muchos países, pero en el Perú resulta intolerable para la patronal.

Desde un inicio el lobby empresarial que funciona de manera entusiasta en el Congreso de la república estuvo trabajando para derogar o modificar la norma. Se dieron diferentes argumentos para que al final, el gobierno escuchara a aquellos que señalan que la Ley impone mayores costos a la producción. En un contexto de crisis mundial y desaceleración era necesario eliminar todo aquello que puede asustar a los empresarios.

De esta manera el mensaje es claro. La vida de los trabajadores es menos importante que la tranquilidad del poder empresarial. Pero el exitoso lobby empresarial no es el único síntoma de los cambios en la política gubernamental. Uno más claro es la relación de ministros de trabajo del actual gobierno. ¿Cuál ha sido el último ministro de trabajo que realmente esté vinculado o siquiera informado de la problemática laboral?

El largo proceso de decadencia del Ministerio de Trabajo continúa imparable en el actual gobierno. Cada año recibe menos presupuesto, por lo que los funcionarios realmente capaces no permanecen mucho tiempo. La precariedad de la administración de trabajo es tal que todos los procesos son lentos para defender a los trabajadores pero ágiles y expeditos cuando se trata de cuidar a los empresarios. Los últimos ministros de esta cartera han sido personajes desconocidos en el mundo laboral o simples operadores empresariales. El MTPE ha devenido en un ministerio “de paso”, transitorio. Algunas reformas como la creación de SUNAFIL se desvirtúan rápidamente cuando se limita su labor fiscalizadora. En el Perú, un empresario tiene que violentar la legislación laboral tres veces antes que la autoridad considere siquiera ponerle una multa.

En el terreno laboral podemos describir tres niveles que definen las relaciones laborales. Un primer nivel base es la permanente alianza entre poder económico y poder político. Aunque una mirada más atenta podría observar que se trata más de una relación de subordinación. La premisa básica de esta relación es garantizar que la economía siga funcionando sin mayores sobresaltos. El requisito es defender la normatividad laboral que favorece a los empresarios. Un segundo nivel se encuentra en el espacio del centro de trabajo. Aquí poco ha cambiado en la última década. La empresa sigue siendo un coto cerrado del poder patronal. En la amplia mayoría no existe la más remota posibilidad de construir un contrapoder laboral. Entre la precariedad productiva, el centralismo limeño, las leyes vigentes y los contratos temporales los trabajadores peruanos están más cerca del siglo XIX que del presente.

Ahora existen más sindicatos ciertamente, pero son pequeños, débiles y no logran mayores resultados. Muchos desarrollan una resistencia casi heroica frente a los maltratos empresariales. Esta situación lejos de ser estable, agudiza la desigualdad y el descontento. Una década de crecimiento desigual no ha logrado construir estructuras sólidas en la economía ni la sociedad. El consumismo de vitrina que algunos resaltan depende de ingresos irregulares, ausencia de planillas, inseguros mercados externos y abuso del crédito de consumo. El tercer nivel es el de la institucionalidad desarrollada alrededor del capital y el trabajo. Es un lugar común criticar a las organizaciones sindicales o a la CGTP. Pero si se observa a los gremios empresariales, más allá del poder real que detentan la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, Sociedad Minera o el Comité Textil, las organizaciones empresariales son precarias, poco representativas, con liderazgos sobre ideologizados sin mayor agenda que la defensa inmediatista de intereses económicos. Como ya alguien lo señaló hace muchos años, siguen siendo una clase dominante pero incapaz de ser clase dirigente.

En esta coyuntura los retos para la institucionalidad sindical son enormes. La defensa solidaria a los cientos de pequeños sindicatos que vienen dando una lucha tenaz por un trabajo en condiciones de dignidad, la lucha contra las políticas neoliberales que desde el gobierno se siguen aplicando, la construcción de propuestas económicas, laborales, sociales y políticas alternativas al modelo imperante.